Con la reglamentación de la ley que lo creó, ya corre el mes de plazo para que comience a operar el Tribunal Administrativo Ambiental de la Provincia que tendrá como misión lograr que se ejecuten las sanciones que se derivan de las inspecciones de Policía Ambiental, con un especial énfasis en que los multados cumplan no sólo con el pago, sino que hagan la recomposición.
En este mes se terminará de definir la orgánica del tribunal, que tiene una estructura similar a un juzgado, con un presidente, un secretario e instructores de sumarios. El presidente ya está designado: es Jorge Folloni, exsecretario de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba durante la gestión Llaryora, removido por el intendente Daniel Passerini algunos meses atrás.
“Hemos definido concentrar en la Policía Ambiental la prevención y la inspección y derivar en este tribunal la ejecución de las sanciones, en particular que se hagan efectivas las recomposiciones ambientales”, remarcó la ministra de Ambiente y Economía Circular de Córdoba, Victoria Flores.
El tribunal tendrá competencia en todas las actuaciones administrativas de faltas ambientales como vertidos, desmonte o loteos sin autorización, entre muchos otros temas. Los delitos “ambientales” como el tráfico de fauna, el inicio de incendios intencionales o la contaminación con cualquier elemento se notifican a las justicias provincial o federal, según el caso. Eso no cambia.
La creación del tribunal ambiental copia el modelo que ya se puso en marcha en la ciudad de Córdoba, con tareas de fiscalización y control a cargo de Instituto de Protección Ambiental (IPA) y los juzgados de faltas ambientales.
La estimación es que hay cerca de ocho mil sumarios con sanciones que no fueron ejecutadas ni se siguieron para que se concreten las remediaciones de los daños ambientales que, según Flores, es el propósito mayor que tiene el tribunal.
La reglamentación del funcionamiento del tribunal establece los plazos para las notificaciones, de qué manera se tienen que hacer los descargos, cómo se ofrecen pruebas y las características de las audiencias de alegatos y de decisión del juzgado. Contando todos los pasos se establece que un sumario tiene que ser resuelto en no más de 180 días, estableciéndose excepciones sólo para las causas muy complejas o voluminosas. Para esas investigaciones, se habilita una extensión excepcional de 60 días.
El decreto que bajó a tierra la ley estableció un mecanismo concreto para llegar a acuerdos de reparación integral del daño ambiental. Se pide que el acusado/sumariado presente una propuesta de acciones de recomposición, de acuerdo a la magnitud del daño y la gravedad de la infracción. Esa propuesta es revisada por expertos de Policía Ambiental, que si la acepta habilita a que el tribunal otorgue el beneficio de una reducción del 50% en el valor de la multa. El otro incentivo es el archivo de la causa, sin generar antecedentes de reincidencia. Esto es clave porque cada sanción por falta ambientales tiene fuertes agravantes según la cantidad y la calidad de los antecedentes que tenga el infractor.
El tribunal tiene también como función delegada administrar, actualizar y resguardar el Registro de infractores ambientales, una base de datos que podrá ser consultada por distintos entes de Gobierno y de la Justicia, además del propio juzgado.
En el mes que queda por delante para que Tribunal esté operativo se tiene que completar el traslado de los abogados de Policía Ambiental a la nueva estructura, además de nombrar los cargos de secretaría y de Coordinación, que acompañan en la gestión al designado Folloni.
El exsecretario de Ambiente municipal fue quien puso en marcha el modelo que inspira este cambio en el control y la sanción de infractores, con especial énfasis en grandes generadores de residuos, vertidos clandestinos y macrobasurales.
Para Flores, el tribunal tendrá que hacer sentir la presión por cumplir con lo que ordenan las sanciones ambientales, más allá del pago de las multas.
