El megaproyecto inmobiliario cordobés Live! by Megaron nunca pudo hacer honor a su nombre.
“Vivir” –en castellano– se convirtió en un deseo imposible para decenas de compradores que jamás pudieron disfrutar de lo que pretendía ser un antes y un después en el mercado de Córdoba con departamentos de primer nivel que incluían amenities de hotel de alta gama.
A mediados de 2012, la Municipalidad de Córdoba paralizó la obra por una contravención del Código de Edificación. La construcción presentaba una altura superior al plano límite fijado para la zona. Hubo varios intentos por solucionar el conflicto pero todos fracasaron.
Desde ese entonces, esta mole de cemento enfrenta graves riesgos de seguridad. Según los arquitectos que realizaron recientemente una constatación en el lugar, “puede haber desprendimientos de altura que afecten a los civiles que residen o que circulan en proximidad a la estructura”.
Esta situación se manifiesta desde hace más de una década a dos cuadras del edificio María Reina V, donde hace casi dos meses se desprendieron toneladas de ladrillos sobre una vivienda.
Un proyecto ambicioso
En agosto de 2009, un grupo de obreros inició las tareas en un terreno de bulevar San Juan y San José de Calasanz, propiedad de la organización católica Sociedad de San Vicente de Paul de Argentina (SSVP), que había firmado un contrato con dos empresas del arquitecto Roberto Suez (Edilicia S.A. y Arsa S.A.) para la edificación. A cambio del terreno, recibiría en principio 10 unidades que luego en un ajuste del proyecto se redujeron a 8.
A tal fin, celebró con una de las empresas de Suez un contrato de permuta por el cual “cambiaba” el terreno por los departamentos. Y de forma paralela y simultánea celebró con la otra empresa un contrato de fideicomiso de garantía para avalar la operación que se perfeccionaba con la permuta.
En ese contrato también se estipuló que el fiduciario (administrador del negocio y del fideicomiso) sería una de las empresas de Suez y que el fideicomisario (quien recibe el remanente de los bienes al concluir) sería también el arquitecto a través de sus empresas. De esa manera, Suez recibiría las unidades que no se comercializaran.
También estaba prevista la incorporación de inversores adherentes que se incorporaron al proyecto con el aporte patrimonial necesario para llevar a cabo el emprendimiento y por lo cual recibirían la unidad que adquirían a futuro.
Freno de la obra
Cuando el Ejecutivo municipal decidió paralizar la obra –hace 13 años– el edificio había completado su estructura de hormigón en sus 18 pisos y estaba realizando trabajos de albañilería en interiores.
Ante esa decisión, Suez argumentó que se trataba de una medida discriminatoria y de abuso de poder de parte de los funcionarios municipales y les interpuso una denuncia penal, que no prosperó.
En la misma había manifestado que había otros casos de edificios que excedían las alturas permitidas por ordenanza y que lograron los permisos de la gestión de Ramón Mestre (h) para continuar.
La explicación de Suez provino de que se hicieron losas de mayor espesor y dejaron más espacio entre los pisos y los techos pero que no se construyeron más departamentos que los autorizados.
“En ese contexto SSVP buscó destrabar el conflicto con la constructora pero tras numerosas promesas incumplidas iniciamos una demanda por incumplimiento de contrato”, contó a La Voz Alejandro Fiorenza, abogado de la organización religiosa.
Desde entonces, la causa judicial tuvo distintas audiencias de conciliación a lo largo de los años. En algunas de ellas asistió el propio Suez, pero nunca se alcanzó un acuerdo, incluso cuando apareció otra empresa constructora local interesada en terminar la obra con aportes extraordinarios.
René Ysidoro es solo uno de los propietarios damnificados que viene reclamando una solución al conflicto. Desde 2019 forma parte de una comisión que trabaja para destrabar la situación. “Nos reunimos con gestores pero no hubo avances. Cuando acudimos a la Municipalidad apareció el pedido de quiebra y eso introdujo un problema más”, recordó.
Ysidoro se refirió a la solicitud presentada dos años atrás por un acreedor ante un tribunal para declarar a una de las empresas de Suez deudora en estado de quiebra, por no poder cumplir con sus obligaciones financieras.
Finalmente el Juzgado Civil y Comercial 26 instrumentó en los últimos meses una serie de medidas entre las que se destacan un acto de constatación en el edificio y la fijación de una nueva audiencia para la primera semana después de esta feria judicial.
Allí se reunirán los representantes legales de la Municipalidad de Córdoba, la sindicatura interviniente, el abogado de SSVP y los delegados del grupo de acreedores.
Lo que sucedió con el derrumbe del edificio “María Reina V” aceleró los plazos para dar una solución definitiva. Nadie quiere que vuelva a ocurrir una tragedia y las condiciones podrían estar dadas para que pueda suceder.
“Así como está el edificio no puede quedar. Necesitamos que la Municipalidad decida si concede o no una excepción, se ajuste un proyecto económicamente viable o se defina la demolición”, explicó Ysidoro.
Por su parte, el abogado de SSVP sostuvo que la organización religiosa está abierta a cualquier solución. “Que se finalice la obra aunque sea con un aporte extraordinario es la primera opción”, dijo.
Riesgo inaceptable
Hace tres meses hubo una constatación física del estado del inmueble autorizada por la Justicia. Fue realizada por tres arquitectos, quienes determinaron que “la construcción en el estado que se encuentra representa un riesgo inaceptable para la vida y la integridad física de las personas”:
- El edificio, en su estado actual, presenta un conjunto de riesgos severos que afectan no solo a los trabajadores y técnicos que eventualmente puedan ingresar, sino especialmente a civiles que residen o circulan en la proximidad a la estructura.
- Tiene un deterioro generalizado por exposición prolongada a la intemperie, vandalismo y falta de mantenimiento.
- Puede haber desprendimientos desde altura. La ausencia parcial o total de chapas de protección en las bandejas perimetrales dejó sectores de gran altura expuestos, con materiales sueltos o mal fijados. Estos elementos pueden caer a la vía pública o a patios internos representando un riesgo letal para transeúntes o habitantes del edificio.
- En la fachada exterior se retiraron varias chapas de bandejas perimetrales, ya sea por acciones vandálicas o por desprendimientos ocasionados por el viento. También carece de barandas contra caídas. Esto constituye un riesgo severo tanto para operarios como para terceros.
- Los volados del edificio actualmente son una acumulación de agua que incide en su estructura lo que puede llevar a un desprendimiento o roturas y posterior caída de los mismos, sumado a los materiales que se encuentren en ellos.
- En los primeros cinco pisos las paredes de mampostería muestran fisuras, desprendimiento y pérdida de integridad. En algunos casos, los anclajes de tabiques no se encuentran firmes ni unidos a la estructura lo que aumenta el riesgo de colapso parcial en caso de vibraciones, movimientos sísmicos menores o sobrecargas accidentales.
De esta manera la constatación concluyó que el estado inacabado del edificio implica una debilidad estructural potencial ya que hay partes donde las tareas no fueron completadas o la calidad es deficiente, pudiendo derivar en fallas por fatiga del material.
“De no realizarse un análisis estructural específico con ensayos no destructivos, no puede garantizarse que no se produzcan fallas localizadas o progresivas que comprometan sectores mayores del edificio”, concluyeron.
Insultos y amenazas
Dos ancianas que viven en el hogar Casa Vicentina Perpetuo Socorro, al lado del edificio en cuestión, sobre calle San José de Calasanz, denunciaron en la Policía que padecen de insultos, hostigamiento y amenazas recurrentes por parte de las personas que lo habitan de modo irregular.
En esa casona viven 16 mujeres que están atemorizadas por los ocupantes del frustrado proyecto Live!. La encargada contó que esta situación lleva varios años y que si bien la fuerza de seguridad ha acudido ante los llamados “pasan dos días y sigue el sufrimiento”.
“Nos gritan y nos tiran piedras o ladrillos. Incluso una vez arrojaron un colchón sucio”, contó una de las residentes.
Desde el hogar reforzaron la seguridad con unas chapas divisorias pero también fueron vandalizadas.
Por esta situación, las mujeres viven encerradas en sus habitaciones y solo salen para realizar una compra. “Tengo todo el día puesto el pasador de la puerta. Temo que salte alguien para acá”, dijo otra.
Abandono y desprotección
Cuando se realizó la constatación en abril pasado, los profesionales ingresaron con el auxilio de la fuerza pública. En el lugar fueron recibidos por un hombre de unos 40 años quien expresó que ocupa esa parte del edificio “hace más de 9 años y que en ese lugar ”viven más de 20 personas en la misma situación”. Apuntó que viven de recolectar cartones y otras changas.
“A veces entran otro tipo de personas (los que roban o venden otras cosas) y ellos no los dejan permanecer ahí, los echan y entre todos se cuidan”, pudo leerse en el acta judicial.
El Poder Judicial informó que se dio aviso a su oficina de Derechos Humanos para que procure las medidas para el resguardo de las personas que allí habiten. Y notificó a la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad.
Finalmente solicitó a la Dirección de Obras Privadas que realice un relevamiento en el edificio e instrumente el resguardo de las personas que circulen en proximidad a la zona.
Otro edificio en infracción
En la cuadra del medio entre “María Reina V” y “Live!” existe otro edificio en infracción por falta de mantenimiento. Es el edificio Insignia en Bv. San Juan al 782.
En al menos dos balcones se produjeron caídas de mampostería en varias oportunidades. En vez de arreglarlo, el consorcio puso hace dos años atrás una bandeja de protección peatonal fija a cada lado de la fachada.
