En un texto consensuado entre las tres “patas” del sistema universitario: la conducción política, los docentes y los estudientes, representados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), la comunidad universitaria hizo una fuerte defensa de la educación pública.
“La Universidad Pública argentina atraviesa un período crítico como consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno nacional; agradecemos las manifestaciones de la sociedad en apoyo del sistema universitario público y convocamos a la ciudadanía a trabajar para sostener las universidades abiertas haciendo docencia, investigación y extensión. Las universidades públicas son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales”, comienza planteando el documento común.
Luego, detallan las consecuencias de la reducción en los envíos nacionales para el sostenimiento de las universidades. “Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento; la partida que mes a mes el Poder Ejecutivo envía a las universidades para que puedan funcionar (mantener edificios, realizar obras, sostener programas de becas, residencias y comedores, incentivar el desarrollo científico, financiar hospitales, laboratorios y proyectos de investigación, y pagar servicios básicos, alquileres, seguros y la protección de sus sedes). Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70% de estas partidas, dispuesto para el mes de marzo y aún no abonado, más el reciente anuncio, en el marco de esta convocatoria, de un 70% adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo período de tiempo”, consignaron.
“Además, las obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que habilitaba la posibilidad de desarrollar la infraestructura incorporando obras que por su envergadura es imposible afrontar con propio presupuesto, se encuentran paralizadas y no hay certezas ni información respecto de su continuidad”, plantearon.
Hay una fuerte referencia a los atrasos salariales. Si lo anterior fue motosierra, también hubo licuadora, con partidas salariales que subieron muy por debajo de la inflación general. “Cabe destacar que más del 90% de lo que el Estado destina a la Educación Superior se destina al pago de salarios de quienes trabajan como docentes y no docentes en las universidades. En estos últimos meses, el salario de las trabajadoras y trabajadores ha perdido 50% respecto de la inflación. Este deterioro salarial se hermana con el del resto de los sectores del mundo del trabajo. Ello lleva a retomar consignas de hace más de 20 años: ¡Ningún trabajador o trabajadora de las universidades nacionales por debajo de la línea de pobreza! Reivindicamos los convenios colectivos sectoriales -docentes y no docentes- y el espacio paritario nacional con participación plena del Gobierno Nacional, quien hasta ahora malversa su participación, imponiendo aumentos paupérrimos de manera unilateral”, dijeron en el comunicado.
“De esta manera, -abunda el texto- se cancela de hecho la negociación colectiva, pilar del diálogo social, y uno de los principios y derechos fundamentales del trabajo reconocidos por la OIT. Exigimos paritarias libres, sin techos, para garantizar salarios acordes a la situación inflacionaria y que permita recuperar con urgencia lo que se ha perdido. Sin salarios dignos de docentes y no docentes, la universidad pública es inviable”.
Hay un párrafo para los jubilados y para la reposición del Fondo de Incentivo Docente (Fonid). “También es indispensable que se mejore de manera urgente la situación de las jubiladas y jubilados que atraviesan otro período de pérdida salarial, y que se restituya inmediatamente el Fonid para toda la docencia inicial, primaria, media, terciaria y preuniversitaria”.
El comunicado hace énfasis en el rechazo no solo del ajuste, sino de las expresiones despectivas hacia las universidades. “Rechazamos la política de ajuste y disciplinamiento. La comunidad universitaria se organiza, resiste y se solidariza con todos los sectores que hoy atraviesan una situación similar o peor por afrontar despidos masivos. La educación es un derecho humano fundamental porque se impone sobre el ingrato azar de la desigualdad. Defender esta concepción de la educación es de vital importancia y, más aún, en una universidad argentina en la que sus estudiantes se enfrentan al aumento generalizado de precios que impacta sobre salarios, servicios, alquiler y transporte, poniéndose en jaque el acceso, la permanencia y el egreso”, se planteó.
“En ese contexto, -señala el texto conjunto- las políticas de becas son fundamentales para democratizar; sin embargo, su recorte es alarmante: tanto así, que al retraso respecto de la inflación que sufren las Becas Progresar y Manuel Belgrano se le suman recortes en términos de montos, requisitos y periodo de inscripción”.
En el párrafo más duro del comunicado, las instituciones universitarias enfatizaron: “Estas decisiones del Gobierno nacional hacen que el desguace sobre las herramientas conquistadas sea prácticamente total. Hoy las universidades carecen del presupuesto suficiente para sostener becas propias. Se necesitan presupuesto y políticas de bienestar estudiantil para poder estudiar. Ante esto, asumimos la tarea de defender inclaudicablemente el acceso a la educación a las grandes mayorías. No queremos que nos arrebaten nuestros sueños: nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la Universidad Argentina; somos la Universidad pública, gratuita e irrestricta en el ingreso, de excelencia, con libertad y equidad. Somos la Universidad para el gran pueblo argentino. Por eso, lucharemos, en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica, por la educación que queremos, por el país que anhelamos”.
La crisis es universitaria, pero también involucra a todo el entorno de producción de conocimientos. Eso plantea también el comunicado. “Los sectores científico-tecnológicos y de investigación nacionales atraviesan uno de los momentos más críticos de su historia. A través de las universidades y centros de investigación distribuidos federalmente, la Argentina se ha caracterizado por ser una referencia de ciencia y tecnología en el mundo entero, dotando de desarrollos de punta y profesionales de excelencia al sector público y privado. Nuestras científicas y científicos son desprestigiados respecto de la calidad de sus trabajos, cuestionados respecto del valor que la ciencia y la tecnología tienen para el desarrollo nacional y privados del reconocimiento que poseen su arduas labores, muchas veces de dedicación exclusiva. La ciencia y la tecnología forman parte de la Universidad Pública ya que la investigación es uno de sus pilares. Muchas investigadoras e investigadores no llegan a fin de mes y carecen de información cierta sobre la posibilidad de continuar con sus proyectos por los recortes en Conicet, así como en Institutos dependientes de las Universidades. La ciencia y tecnología son aspectos sustanciales para la producción de soberanía, desarrollo y progreso”, remarca el documento.
Y dice más: “Un país que no invierte en ciencia, renuncia a su soberanía. El desfinanciamiento de la universidad y el sistema científico va en desmedro de los declamados objetivos de lograr el crecimiento económico. Es un retroceso para la economía del país que puede tener en las exportaciones basadas en la economía del conocimiento un sustento significativo. Gracias a su sistema universitario y científico, Argentina es el primer país de América Latina en I+D+I. En este país se fabricó uno de los diez reactores de energía más importantes del mundo. Entre 2018 y 2022, la producción de software generó 19.500 millones de dólares. Más de 100 nuevas empresas en biotecnología han puesto al país también en el primer puesto de América Latina. Gracias a la investigación aeroespacial en la Universidad Pública, Argentina es uno de los diez países que tienen capacidad para diseñar y producir satélites”.
El final del comunicado plantea las consignas. “Defendemos el acceso a la educación superior pública como un derecho. Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente y en el aporte diferencial y sustantivo que la producción científica hace en la sociedad del conocimiento. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y Universidad pública, con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad argentina a defenderla”, se invita.
