Uruguay marcó un hito histórico al legalizar la eutanasia tras una votación con amplia mayoría en el Senado. La Cámara alta convirtió en ley el proyecto “Muerte Digna”, impulsado por el partido de izquierda en el gobierno, el Frente Amplio (FA), que ya había logrado media sanción en la Cámara de Diputados el pasado agosto. El Senado aprobó la norma con 20 votos a favor de un total de 31 parlamentarios presentes.
Con esta histórica decisión, Uruguay se convierte en el tercer país de América Latina en permitir este tipo de prácticas. Sin embargo, la vía utilizada lo destaca: mientras que Colombia y Ecuador despenalizaron la eutanasia a través de fallos judiciales, esta es la primera vez en la región que la muerte asistida se aprueba mediante una ley. A nivel global, Uruguay se suma a una lista reducida que incluye a Canadá, Holanda, Nueva Zelanda y España.
Requisitos y proceso detallado
La iniciativa, bautizada como “Muerte Digna”, despenaliza la muerte asistida bajo el cumplimiento de estrictas condiciones. Para solicitar el procedimiento, el paciente debe ser mayor de edad, ciudadano o residente, y estar psíquicamente apto. Además, la persona debe encontrarse en una etapa terminal de una patología incurable o que le provoque sufrimientos insoportables, con un grave deterioro de la calidad de vida.
El proyecto establece un riguroso proceso de revisión médica:
- Solicitud y revisión primaria: el médico al que se le solicita el procedimiento tiene la potestad de rechazar el pedido. Si el médico acepta, debe someter el caso a la consideración de un segundo médico.
- Confirmación: el segundo médico debe tener acceso al historial clínico y mantener una consulta presencial con el solicitante. Si este confirma la opinión del primero, el procedimiento puede avanzar.
- Junta Médica (en caso de rechazo): si el primer médico rechaza el pedido, el paciente puede hacer una nueva solicitud a otro profesional. En caso de que este también se niegue, se deberá convocar a una junta médica integrada por tres médicos: un psiquiatra, un especialista en la patología del paciente y un tercero a definir en la reglamentación de la ley.
- Voluntad y retractación: el paciente debe pasar por varias instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito y frente a testigos. Crucialmente, el paciente puede arrepentirse en cualquier instancia del procedimiento.
A efectos legales, los procedimientos de eutanasia serán considerados como muertes naturales. La ley también incluye la formación de una comisión de revisión de casos, la cual deberá reportar sus resultados anualmente.
Instituciones y respaldo social
Podrán ofrecer la eutanasia diversas entidades de salud, incluyendo la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), las instituciones privadas de salud sin fines de lucro (mutualistas), los seguros privados, el Hospital de Clínicas, la Sanidad Militar y la Sanidad Policial. No obstante, las clínicas privadas no podrán brindarla. Las instituciones médicas también tienen el derecho de rechazar el procedimiento.
La legalización cuenta con un fuerte apoyo popular. Según una encuesta presentada en mayo por la Consultora Cifra, el 62% de los uruguayos están a favor de legalizar la eutanasia, y apenas un 24% la rechaza.
Voces a favor y resistencia
Para los defensores, el proyecto representa la historia de un país acostumbrado a aprobar leyes liberales, como la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto.
La activista Florencia Salgueiro, de la agrupación Empatía, destacó que la clave de la normativa es el respeto por la voluntad de un adulto de terminar con su suplicio. Salgueiro presenció la dura lucha de su padre, Pablo Salgueiro, quien padeció Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y murió a los 57 años sin haber podido cumplir su deseo de recibir asistencia para poner fin a su vida. Las asociaciones Empatía Uruguay y Tenemos ELA estuvieron presentes en la votación del Senado a favor del texto.
A pesar de la aprobación, el proyecto aún enfrenta resistencias. La resistencia traspasó los ámbitos religiosos, con la Iglesia Católica mostrando su “tristeza” ante la votación afirmativa en Diputados. Más de una decena de organizaciones y decenas de personas rechazaron la redacción del proyecto por considerarla “deficiente y peligrosa”. Marcela Pérez Pascual, una de las firmantes en contra, señaló que “se están dejando muy desprotegidas a las personas más vulnerables”.
En cuanto al Colegio Médico, su presidente, Álvaro Niggemeyer, comentó que la entidad respetó las diversas posiciones de sus socios y no proclamó una postura única. Sin embargo, asesoraron durante todo el proceso “para tener las máximas garantías para los pacientes y para los médicos”. Entre las personas afectadas por la ELA se encuentra Beatriz Gelós, quien fue fotografiada en su habitación de un hogar de ancianos en Montevideo el 10 de octubre de 2025. Agrupaciones como Prudencia Uruguay se mantienen en contra del texto.
