Instaurado por decreto por Juan Domingo Perón en 1945, cuando aún era secretario de Trabajo y Previsión Social de la Nación, el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) establece –según el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo– el ingreso mínimo que debe percibir todo trabajador de cualquier condición, con la idea de asegurar su alimentación, una vivienda digna, la educación de sus hijos, vestimenta, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión social.
El SMVM no es una expresión estadística que refleje el nivel real de ingresos de la población o de un sector de ella. Se trata de un parámetro de naturaleza más bien política que se discute y actualiza periódicamente en el marco del Consejo del Salario, que integran sindicatos y cámaras patronales, bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo de la Nación.
En los hechos, actúa –tal como su nombre lo indica– como un piso que todo el mundo toma como referencia a partir del cual fijar salarios más altos. Algunos convenios colectivos lo tienen también como base para calcular sus escalas salariales, y en general sirve para proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas, en especial de aquellos que están en la informalidad.
Durante buena parte de su historia, Argentina supo tener uno de los SMVM más altos de la región, medido en dólares. El punto más alto lo consiguió en agosto de 2015, cuando llegó a 5.588 pesos, que equivalían a 588 dólares. Pero a partir de allí comenzó a derrumbarse y tocó un piso de 210 dólares en septiembre de 2020. Hoy, definido en 57.900 pesos, si se lo calcula contra el tipo de cambio oficial, está en 346,7 dólares; pero si la estimación se hace en relación con el “dólar ahorro”, se mantiene apenas por arriba de los 200 dólares.
Quizá la comparación más importante que se pueda hacer en torno del SMVM es respecto de su poder de compra. Según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, en octubre pasado el salario mínimo quedó a punto de perforar la línea de indigencia, vale decir que ya casi no alcanza para cubrir una canasta mínima de alimentos para un hogar.
De acuerdo con los datos relevados por el organismo, adquirir los alimentos esenciales para una familia tipo de cuatro integrantes costó ese mes 54.541 pesos, apenas 9 pesos menos que el SMVM entonces en vigencia, de 54.550 pesos. En noviembre, el salario mínimo subió 6,2%, hasta los mencionados 57.900 pesos, pero seguramente también lo hicieron en un nivel similar (o mayor) los alimentos, con lo cual dicha relación se mantiene. O incluso es probable que haya empeorado.
Hace muchos años que el SMVM no alcanza a superar la línea de la pobreza, pero lo cierto es que nunca en su historia estuvo tan cerca de quedar por debajo del umbral de la indigencia. El mayor deterioro de este indicador se viene dando en los últimos cinco años. De hecho, en octubre de 2017, el SMVM (8.860 pesos) era casi un 50% más alto que el costo de la canasta básica de alimentos (5.919 pesos). Hoy tienen prácticamente el mismo valor.
Que Argentina tenga su principal referencia de ingresos laborales en línea con la indigencia es un cruel reflejo del acelerado proceso de pauperización económica que viene sufriendo su población, incluida aquella que tiene trabajo. Hoy, tener un empleo no garantiza llegar a fin de mes. Menos todavía, vivir de manera digna.
