Luego de más de un mes sin novedades, el oficialismo cedió a la presión opositora y destrabó el debate sobre la nueva ley de alquileres, que se reanudará el miércoles próximo en la Cámara de Diputados. Sin embargo, Juntos por el Cambio y los bloques federales trabajaron para unificar un proyecto opuesto al del Frente de Todos y el resultado final es incierto.
El 11 de mayo se firmaron tres dictámenes en la Comisión de Legislación General: uno del Frente de Todos que mantiene el espíritu de la ley actual; y otros dos de Juntos por el Cambio y de Graciela Camaño (Interbloque Federal) que establecen contratos de dos años –en lugar de tres– y un ajuste por convenir entre las partes.
No obstante, como el oficialismo y Camaño propusieron incorporar beneficios impositivos para propietarios con el fin de incentivar la oferta, los dictámenes –que de otra manera hubieran quedado listos para ser tratados en el recinto– sumaron un giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, un paso obligado antes de la votación final.
Desde ese entonces, el oficialismo dilató la convocatoria y la oposición sumó presión con un pedido conjunto formulado a fines de mayo ante el presidente de la Cámara, Sergio Massa. Finalmente, el Frente de Todos citó a un plenario de las dos comisiones para el próximo miércoles a las 13, con el fin de completar el tratamiento.
Fuentes bajo reserva explicaron que lo que llevó al oficialismo a destrabar el tema fue la necesidad de anticiparse a una posible jugada de la oposición para emplazar a las comisiones durante la última sesión, tal como sucedió con la boleta única. “La decisión tuvo un sentido defensivo”, indicaron.
Negociaciones en la oposición
Los bloques de la oposición dedicaron las últimas dos semanas a intentar acercar posiciones para lograr un texto unificado entre los dictámenes de Juntos por el Cambio y la diputada Camaño. Incluso hubo quienes se entusiasmaron con la idea de replicar la “nueva mayoría” que permitió la aprobación de la boleta única.
De las negociaciones participaron referentes de todos los bloques que integran Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal –que incluye al schiarettismo– y Juntos Somos Río Negro.
Hay coincidencias en volver a los contratos de dos años, con posibilidad de prórroga automática por un año más si el locador no se opone; y en que propietarios e inquilinos puedan acordar el método de actualización, utilizando índices oficiales o el que las partes acuerden. La periodicidad también sería consensuada, por un lapso no menor a seis meses.
Esta propuesta es rechazada por la agrupación Inquilinos Agrupados, liderada por Gervasio Muñoz, que incidió fuertemente en la sanción de la ley actual. “Ha quedado claro que Juntos por el Cambio y Camaño, en pos de representar las demandas del mercado inmobiliario, van a generar una situación mucho más grave de acceso a la vivienda en alquiler si se modifica la ley de alquileres en los términos de su dictamen”, advirtió Muñoz a este medio.
“Por otro lado –advirtió–, el Frente de Todos ha perdido el control y lo más probable es que la ley se modifique como siempre han querido Juntos por el Cambio y Massa. De algo no hay dudas: suceda lo que suceda, después de décadas en la Argentina, las organizaciones inquilinas vamos a seguir planteando que la vivienda es un derecho, y no un sueño”.
La iniciativa del Frente de Todos es contraria a la de la oposición, porque sugiere mantener tanto el plazo actual de tres años como la actualización anual en base a un índice que combina inflación y salarios. Esta es la postura expresada por la mayoría de los inquilinos en las reuniones informativas, diametralmente opuesta a la del sector inmobiliario.
“Nosotros consideramos que la ley no era tan mala. Tuvo la mala suerte de haber empezado a regir junto con la pandemia, lo que la hizo convivir con el decreto de congelamiento de los alquileres y la prohibición de los desalojos”, señaló la massista Mónica Litza, integrante de la Comisión de Legislación General, y agregó: “En las reuniones informativas nos dimos cuenta de que los inquilinos prefieren tres años a dos años, y que prefieren el aumento anual a semestral”.
En cuanto a los incentivos fiscales, proponen la exención del Impuesto a los Bienes Personales para inmuebles con un valor igual o inferior a 1.050.000 pesos; beneficios para los monotributistas que pongan viviendas en alquiler; y la incorporación de estos inmuebles al régimen de incentivo de la construcción privada.
En las comisiones, el Frente de Todos lleva una mínima ventaja: junto a su aliado misionero Diego Sartori, alcanzaría 40 firmas para el dictamen, contra 39 que podría reunir la oposición unida. Es una muestra de lo peleada que será la votación en el recinto, lo que sólo suma incertidumbre al mercado locativo. Hasta ahora, ningún diputado se anima a arriesgar cómo terminará.
