Ellas saben que no va a ser fácil. Saben que buscarán probar que sus bebés se descompensaron por culpa de ellas: dirán que no se cuidaron, que no se hicieron los controles, que llegaron tarde a la consulta, que tenían ya fisura en la bolsa, que debían estar medicadas y no lo hacían, que tenían enfermedades preexistentes. Mucho de eso ya lo escucharon en el parto: “Dale, pujá, no grités, que si algo le pasa al bebé va a ser culpa tuya”, escuchó más de una. Ninguna médica o enfermera las llamó por su nombre. Nadie les dijo siquiera qué medicación les estaban dando a sus bebés cuando estuvieron en terapia.
Las sabían pobres, solas, sin red. Un número más. Vanessa, Damaris, Julieta, Yoselín y Brisa todavía lloran a sus hijos. Ese es el plafón para entender por qué pasó lo que pasó en la que era la Maternidad más relevante de la provincia de Córdoba. En el hospital Neonatal Ramón Carrillo, una persona inyectó adrede potasio –y, en algunos casos, insulina- a 13 bebés entre marzo y junio de 2022. Cinco murieron. Francisco, Benjamín, Ibrahim, Angeline y Melody no están.
La presunta autora material es una enfermera del departamento de obstetricia, Brenda Agüero, que está detenida desde el 19 de agosto de 2022.
Desde el lunes 6 de junio, se sienta en el banquillo de los acusados junto a otros 10 imputados, todos con responsabilidades funcionales en el Ministerio de Salud y en el propio hospital, empezando por el propio ministro de entonces, Diego Cardozo.
Tienen miedo de sentarse frente a los imputados. Muchas han imaginado una y mil veces qué le dirían a esa enfermera que con algunas fue amable, con otras no tanto. Todas quieren saber qué la llevó a cometer semejante atrocidad. Han leído y repasado expedientes y declaraciones y no tienen dudas de qué fue lo que pasó en esa maldita sala de recuperación. Aunque nadie la haya visto, aunque no haya cámaras.
Seis de las 13 mamás han sido mamás otra vez en estos casi tres años. Todas están atravesadas por el mismo temor: no dejar solos a sus hijos. Ninguna volvió a atenderse en el Neonatal. Las cinco cuyos bebés no sobrevivieron se parten de dolor. Las mamás de las que sí lo hicieron comparten la misma herida: saben que podrían haber sido sus hijos los que hoy se quedaron sin vida.
Para ninguna la vida ha sido fácil desde entonces. Han tenido que rearmarse, como pudieron.
Lo que se juzgará acá es desde cuándo las autoridades sabían que los pinchazos eran intencionales y, adrede, eligieron no actuar. Porque fue una decisión no hacer nada, hasta que se volvió inmanejable, ese lunes fatal con cuatro descompensaciones, que determinaron el apartamiento de la enfermera. Están los que dicen que entre dos y tres muertes se podrían haber evitado. La acusación consideró que fallaron todos los controles internos, aun cuando las anomalías estaban a la vista. Incluso luego de ese 6 de junio, decidieron emprender una investigación administrativa interna y, cuando todo estuviera cerrado, llevarle el caso a la Fiscalía General. No estaba en los planes que se supiera públicamente ni tampoco comunicarles a las mamás que lo que había pasado con sus hijos no había sido culpa de ellas, remarcó la instrucción.
