Con fuertes objeciones de las defensas, este martes se presentó en el juicio por las muertes de bebés en el hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba el análisis criminológico elaborado por un equipo de Policía Judicial liderado por la abogada Ana Cufré y la licenciada en Trabajo Social Aída Raquel Ibarra. Ambas integran el Gabinete de Análisis del Comportamiento Criminal.
El informe, que no es técnicamente una pericia –porque no contó con control de partes, entre otros aspectos metodológicos y procesales–, fue la carta que jugó la fiscalía para volver a armar la serie de 13 casos de presuntos asesinatos e intentos de homicidio en el hospital dependiente de la Provincia. A todos ellos, la pericia multi e interdisciplinaria los desagregó en cinco casos con certeza, otros tres con alta probabilidad de ser hechos intencionales y cinco sobre los cuales la información no es suficiente o hay posibilidad de que se expliquen de otro modo.
En la instrucción, el informe decía: “Puede sostenerse que el/la autor/a se trata de una persona cuya presencia en el lugar de los hechos estaba justificada, seguramente por su vinculación laboral, ya que se trata de un lugar de acceso restringido y no generó sospecha y se pudo desplazar en él e interactuar con pacientes de manera habitual sin inconvenientes. Esto implica también que esta persona conocía el lugar, el espacio y la dinámica interna. Se trata de una persona que debería tener conocimientos y habilidades relacionadas con la medicina, habilidad en el manejo de recién nacidos, conocimientos vinculados a los efectos de distintas sustancias, utilización de instrumental médico, así como el acceso a medicamentos, insumos e instrumental médico depositados en el mismo hospital, aunque no excluyentemente”.
Ibarra dijo haberse formado en las policías alemana y francesa, es docente de Criminología e intervino en el caso del violador serial Marcelo Sajen. Cufré relató que ganó su cargo por concurso, cursa una maestría y también es docente. No estudiaron nunca antes presuntos homicidios en serie en Córdoba, algo que fue utilizado como objeción por algún defensor pero tiene una explicación: no hubo ninguno antes.
Esa fue una de muchas controversias planteadas por las defensas, que atacaron desde distintas lugares la validez del estudio hasta llegar a cuestionar la presentación de las conclusiones caso por caso por carecer de expertiz médica. Los vocales de la Cámara, Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, zanjaron la cuestión al habilitar la presentación, pero pusieron varios límites para su interpretación: “Lo autorizamos aunque no revista la calidad de pericia, no tenga la conclusión médica completa y porque se trata de una prueba importante para la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal (MPF)”, comunicaron.
Cómo se hizo y defendió el informe
Las profesionales explicaron que por las características del hecho, se conformó un equipo interdisciplinario con Iván Yuszczyk, neonatólogo del Instituto de Medicina Forense y participante en la pericia inter y multidisciplinaria, y Carlos Gabriel Savio, médico de la división Medicina Legal de Policía Judicial. También formaron parte Carolina Camba, arquitecta, especialista en planimetría del Gabinete de Reconstrucción Criminal, y Juan Ulises Fernández Brizuela, fotógrafo de ese mismo gabinete.
Comenzaron mostrando en un mapa los distintos accesos al Centro Obstétrico donde ocurrieron los hechos, para mostrar cómo era la circulación en ese sector.
Afirmaron que se categorizó caso por caso y el análisis hizo una línea de tiempo del recorrido de cada mamá y de cada bebé en el hospital.
“Hay patrones y características muy particulares que definen la serialidad. La temporalidad es uno. Hay un espacio entre una víctima y la siguiente. Es el período de enfriamiento del victimario. El modus operandi es otro aspecto común. La víctima era muy vulnerable y el victimario tenía que tenerla muy cerca para poder inocular con un elemento exógeno como potasio o insulina”, fue desgranando Ibarra.
“Hubo serialidad criminal por pluralidad de víctimas, por el lugar y el momento elegido”, amplió la profesional.
“Una sola persona, si tiene los conocimientos y habilidades, puede ser el o la agresora”, consideró Ibarra. “Una persona cuya presencia en el lugar de los hechos esté justificada por su actividad laboral puede desplazarse sin llamar la atención”, describió, además.
“Por las restricciones debidas al Covid, el acceso a los lugares donde ocurrieron los hechos era muy restringido”, amplió Cufré. Esas restricciones se habrían flexibilizado junto con el resto de los protocolos pandémicos, a lo largo de la serie de casos.
“El Centro Obstétrico es un área muy restringida, con instancias de seguridad, al que se accede con medidas de protección. No cualquiera puede ingresar ni pasar inadvertido”, amplió Ibarra. Gustavo Nievas –defensor de la principal sospechosa, la enfermera Brenda Agüero– atacó especialmente esta afirmación. Preguntó si en el momento en que se examinó el lugar, en mayo de 2023, las condiciones de restricción eran las mismas. Ibarra dijo que no lo habían verificado, pero se habían estudiado los planos de los lugares. “No hubo cambios estructurales de un momento a otro. No eran materia de este informe las restricciones por Covid”, puntualizó Cufré.
Nievas viene sosteniendo desde hace varias semanas que no existía tal control de acceso y que se tomaron medidas y se hicieron reformas en el Centro Obstétrico luego de estos hechos.
“El agresor tiene que tener conocimiento en el manejo de sustancias que son letales de manera rápida y efectiva”, respondió Ibarra a consultas del fiscal de Cámara Sergio Ruiz Moreno sobre las habilidades que debería tener el autor o la autora de los presuntos crímenes. “Habilidades y conocimientos de manejo y de uso de esa herramienta, la utilizada para realizar estos ataques”, puntualizó Ibarra.
“Si el asesino no hubiera sido detenido, hubiera seguido matando. Hay un período de enfriamiento, pero también una compulsividad. Va evaluando el contexto, la oportunidad. Pero no hubiera parado”, respondió Ibarra a una consulta del querellante Carlos Nayi.
La mayor controversia se dio a partir de un planteo de la defensa de la exdirectora del Neonatal, Liliana Asís, quien cuestionó que las expositoras sacaran conclusiones médicas sin ser especialistas. El abogado Felipe Trucco discutió, de ese modo, que se avance en el caso por caso. También preguntó cuánto tiempo llevó hacer el informe. Las expertas indicaron que fueron nueve meses de trabajo, con doble lectura del expediente y la necesidad de ampliar y resolver dudas que planteaba cada caso. Esto buscó apuntalar otro aspecto de la defensa de Asís, que en buena medida está acusada por no llevar a tiempo a la Justicia lo que ocurría.
En la defensa del informe, el fiscal Ruiz Moreno y los abogados querellantes Nayi y Nicolás Ruades explicaron que para el informe se estudiaron historias clínicas y todo el material que existía para el análisis en el expediente en el momento en que se presentó, en septiembre de 2023. En ese momento no estaba incorporada la pericia inter y multidisciplinaria ni la pericia informática, advirtió el defensor de la enfermera Brenda Agüero, Gustavo Nievas: “Vimos la película hasta que el muchachito se subió al barco y no vimos nada más”, graficó.
Se aclaró que en ese momento la causa tenía 21 cuerpos. Al llegar al juicio, la causa ya tiene 36 cuerpos. Esa precisión ahondó la polémica.
Cufré explicó el estudio de cada caso para llegar a responder las preguntas que hizo la fiscalía. En el listado se describen marcadas coincidencias en descompensaciones súbitas tras nacimientos normales, eventos múltiples, lesiones o pinchazos, afectación en el corazón, niveles altos de potasio o de insulina. También coincide la presencia de Brenda Agüero en contacto con los bebés.
