El dengue es democrático, pero en extremo desigual. A cualquiera le puede tocar ser picado por el Aedes aegyti y contraer la infección. Más con las nubes de mosquitos en todas partes y la escasez de la única barrera química para evitar la picadura: el repelente. Pero es muy diferente cómo transitan el dengue algunas personas y grupos de personas que ya traen consigo una carga de vulnerabilidades que los expone a un mayor peligro de complicaciones.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrolló el enfoque integral de one health (”una sola salud”) para entender la salud de las personas en relación con las condiciones de vida, con el ecosistema y con los animales. El dengue, al tener como vector un insecto, es el ejemplo típico de este tipo de perspectiva que debe incluir estrategias ambientales, educativas, comunicacionales y de manejo y control de la población de mosquitos, además de garantizar la cobertura sanitaria.
Pero hay algo más, que no se debe perder de vista en una mirada de “una sola salud”: la carga de vulnerabilidades sociosanitarias sobre la que se monta la novedad del brote epidémico.
Los adultos mayores de 65 años vienen de ser el principal grupo afectado por internaciones y por casos críticos del Covid y son la franja etaria donde se concentra más del 60% de las muertes en esta temporada de dengue. Además, en los últimos meses sufren una fuerte licuación del poder adquisitivo de las jubilaciones, combinada con aumentos en las coberturas de prepagas y obras sociales y con un fuerte incremento en los costos de los medicamentos y de los alimentos, los dos renglones en los que se concentra el grueso de sus gastos. El empobrecimiento de sus condiciones de vida es un factor de riesgo adicional para el dengue.
Una experta que trabaja en un hospital que hoy estalla de casos de dengue confió que muchas veces se decide la internación de un adulto mayor si es una persona que vive sola y carece de cuidado en el entorno próximo, porque no hay quién pueda controlar que no se deshidrate.
Los pacientes con enfermedades crónicas, también afectados por la discontinuidad de sus tratamientos en los tiempos de la priorización de la atención del Covid, están asimismo más expuestos a complicaciones por el dengue. Las demoras en la provisión de tratamientos a pacientes oncológicos desde hace cuatro meses precarizan aún más esta exposición. Y no es excluyente de ese tipo de diagnósticos preexistentes.
La acumulación de agua en recipientes domiciliarios no tiene recorte social: puede haber larvas de Aedes en cualquier barrio. Pero en los barrios más populares hay más reservorios, como producto de la acumulación de objetos al aire libre por hacinamiento, de la falta de cuidado de algunos espacios públicos y de la cercanía de basurales. El pobre está más expuesto a mosquitos por estas condiciones socioambientales, pero también viene padeciendo la licuación de sus ingresos, formales o informales, con consecuencias en la calidad de la alimentación, en el acceso a la salud y en la medicación.
La infección que se monta sobre un cuerpo con una enfermedad prevalente o con una mala o insuficiente alimentación hace más daño que en cuerpos sanos. En el 95% de los casos, el dengue transcurre como una enfermedad molesta, pero no grave. Mientras la epidemia tenía números chicos, estos porcentajes eran poco significativos para el sistema sanitario. Con más de 31 mil casos oficiales, 1.700 personas requirieron internación y 39 de ellas murieron. Los porcentajes chicos ya no son números de víctimas tan bajos.
La tercera vulnerabilidad es la de los recursos estatales para enfrentar esta epidemia. En pleno pico de casos y por la necesidad de liberar espacio en las guardias hospitalarias, la Municipalidad de Córdoba sólo abrió un tercio de sus centros de atención primaria de la salud (Caps) el fin de semana extralargo pasado, y este fin de semana sólo siete atenderán las 24 horas.
¿Hay explicación para esto? Sólo una: no hay plata para pagar horas extras ni para contratar refuerzos para el personal de salud.
Esta escasez configura otra vulnerabilidad inequitativa para quienes viven en las periferias urbanas: la del acceso al transporte. Primero tiene que pasar el colectivo, pero también hay que tener con qué pagarlo.
No hay recursos ni siquiera para comprar o producir repelente. Y los responsables financieros de los gobiernos celebran que no haya una indicación clara y urgente de campañas de vacunación masiva.
