Ante el drama por el que atraviesa su hijo, la madre de Chano Charpentier disparó contra la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y cuestionó que la internación dependiera del consentimiento del paciente, lo que pone a las familias en una compleja situación cuando alguien con ese problema no quiere acudir a una institución.
“Lo primero para aclarar es que las internaciones involuntarias existen. La ley sí las contempla en su artículo 20, aunque no sin control o sin acceso a derechos básicos”, dice Jaschele Burijovich, integrante del Observatorio de Salud Mental de Córdoba y vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC.
Lo mismo sucede en la ley provincial 9.848. María Pía Guidetti, directora de Salud Mental de Córdoba, recordó que los artículos 48 al 50 también lo prevén “ante un riesgo cierto e inminente, que lo dictamina el equipo de salud”.
Guidetti recordó que ambas normas dan el marco regulatorio para la política sanitaria de salud mental, que se pensó hace una década “acompañando un cambio de paradigma en el mundo”. Y si bien dijo que las leyes dan el marco, su ejecución depende de cada provincia. “Para una buena implementación, hay que trabajar con el Poder Judicial, con Seguridad, etcétera. Y lo hacemos hace mucho tiempo”, agrega.
Ley de Salud Mental: proyecto de cambio
La madre de Chano fue convocada al Congreso de la Nación para que diera su testimonio en la “Segunda jornada de reflexión y debate: a 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones”, organizada por la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli y por el senador radical Mario Fiad.
Campagnoli es una de las impulsoras de la modificación de la ley 26.657. Uno de los cambios propuestos es, precisamente, el de la internación involuntaria.
Ella cuestiona el artículo 20: “Según esta ley, sólo es posible la internación involuntaria con la firma de dos facultativos de un equipo interdisciplinario. La mamá de Chano tiene los recursos y tiene un equipo para tratar a su hijo. Pero la mayoría de las madres no dispone de alguien en la urgencia”, le dice a La Voz la diputada nacional.
Y agrega: “Una persona que transita una adicción no está en sus cabales para decidir eso. Es necesario que la ley lo prevea con mayor facilidad. Siempre habrá elementos para resguardar los derechos de esa persona y que no se comentan abusos”.
“Miles de padres y de mujeres llaman porque sus hijos son víctimas de adicciones y no pueden pagar ni pedir el diagnóstico de riesgo. No digo que el mío sea el mejor proyecto, sino que hay que tratar el tema. La propuesta jamás fue revisada por la comisión de salud”, afirma Campagnoli.
“Quieren flexibilizar el artículo 20, pero después vamos a estar denunciando que los pacientes se escapan de esas internaciones y vamos a terminar de nuevo en una cárcel. Van a volver a ser instituciones represivas”, señala Burijovich.
El proyecto de la Coalición Cívica propone además cambiar la definición de paciente de salud mental (“la ley habla del padecimiento mental como una construcción social; es como cuando no se medía a los pobres para no estigmatizarlos”, dice la diputada), capacitar a los familiares y a las fuerzas de seguridad sobre el abordaje de estos pacientes, y darles mayor poder de decisión a médicos y a psiquiatras en los equipos interdisciplinarios.
Críticas en Córdoba a la Ley de Salud Mental
Burijovich sostiene que el verdadero problema no es la ley, sino el incumplimiento de toda la norma por parte del Estado, en todos los niveles.
Algo similar opina el médico, docente e investigador Iván Ase, quien lleva un registro minucioso de la evolución del presupuesto de salud mental en Córdoba. Afirma que en 2021 la ejecución presupuestaria para el área fue del 3,88 por ciento del total del presupuesto de Salud, la más baja de la historia, según sus registros. La OMS y la ley nacional recomiendan que alcance el 10 por ciento.
Burijovich recalca que “lo que hay que hacer es que se cumpla la ley. En el país y en Córdoba. Que haya equipos interdisciplinarios acompañando antes de que suceda la crisis del paciente”.
Lo mismo piensa Iván Ase: “El problema es que nunca hubo voluntad política de los gobiernos, de ningún nivel, en hacer la inversión de recursos”. Se refiere a que “la cuestión de la internación iba acompañada de la construcción de dispositivos y de redes de atención comunitarias, de contención de pacientes en sus comunidades… la ley era un conjunto complementario de acciones”.
La falta o la demora en la construcción de esas herramientas (casas de medio camino, centros de día, delegación de atención primaria en municipios) es la crítica que el Observatorio de Salud Mental repite desde hace años.
En relación con el 3,88 por ciento de ejecución presupuestaria en 2021, Guidetti dice que no puede contestar con cifras técnicas, pero sí “decir las inversiones que se hacen. No tenemos tope en el presupuesto”, y cita “la remodelación del Neuropsiquiátrico y del Domingo Funes, las nuevas 10 camas de salud mental en el Misericordia, u otras seis en el Tránsito Cáceres”.
La funcionaria agrega que en 10 días se inaugurará “la primera casa asistida en Córdoba capital”.
–Precisamente, el atraso en esos dispositivos intermedios es la gran crítica.
–Ese déficit se da en el país entero. Eso habla de la falta que hace el cambio de paradigma. No tenemos límites de presupuesto para alquilar casas para pacientes, pero no es fácil, porque hay que trabajar una enormidad con la resistencia de dueños y de inmobiliarias cuando decimos para qué las vamos a usar. En el interior es mucho más fácil, hay menos resistencia de la gente. Los dispositivos intermedios son el gran desafío. Nos falta mucho, pero (el ministro) Diego Cardozo tomó la posta de la salud mental en Córdoba. Esta semana habrá reunión con hospitales para concientizar que la desintoxicación de los pacientes la tienen que hacer ellos.
La desinversión en el área se extiende a todo el país. A nivel nacional, un reciente informe de Chequeado mostró que, desde 2012, el presupuesto destinado a salud mental en la Nación nunca superó el tres por ciento.
Y si bien el proyecto de Presupuesto 2022 no se aprobó, el porcentaje era del 1,48 por ciento.
Incógnitas sobre el Ipad
Otras de las críticas comunes del Observatorio de Salud Mental y del gremio de trabajadores de la sanidad es la decisión intempestiva del Gobierno provincial de cerrar el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (Ipad).
Los cuestionamientos tienen que ver con que “a los pacientes los internaron en el Neuropsiquiátrico, sin supervisión. Es una improvisación, llena de vulneración de derechos. Y a todo el personal le dieron el pase”, dice Burijovich. Para Ase, “si bien se podía dar un debate sobre el Ipad, se cerró de un día para el otro, sin discusión, de forma improvisada. Suena más a un ajuste que a una cuestión de reforma del sistema”.
Para Guidetti, “el Ipad es un hospital monovalente que debe ser readecuado. Fue novedoso hace 70 años, cuando se internaba a alcohólicos, pero ahora incluso es hasta riesgoso. Ahora lo que se da es el consumo de drogas, desde paco hasta éxtasis, de altísimo riesgo, con lo cual un paciente intoxicado debe pasar primero por un hospital”, responde.
Y finaliza: “Ese lugar no tenía condiciones edilicias. Por ahora, el Neuropsiquiátrico tendrá salas para pacientes por consumo. Veremos más adelante qué pasa con el Ipad”.
