Desde el 2011 existe el área de Políticas Estudiantiles de la Dirección General de Educación Superior, dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, que promueve e implementa políticas universales centradas en los estudiantes y desarrolladas junto con ellos.
Sin embargo, al tratarse de un espacio que se financia mayormente con fondos nacionales y en medio de el anuncio de medidas de ajustes y recortes presupuestarios, peligra la continuidad laboral de 42 coordinadores en Córdoba.
Políticas Estudiantiles es una línea de acción nacional y provincial que impulsa la participación estudiantil, la ampliación de experiencias formativas, el facilitamiento de acceso a becas y el apuntalamiento de las trayectorias formativas de los futuros docentes.
“Los fondos que financiaban nuestros ingresos hasta diciembre eran nacionales y la actual gestión los cortó” sostuvo Adrián Camerano, uno de los damnificados que cumplía funciones en la Escuela Normal Superior de Alta Gracia (Ensag).
La Voz consultó al Gobierno de Córdoba si tiene intención de sostener la línea de acción y la respuesta fue que si el gobierno nacional manda los fondos, el programa se ejecuta. De lo contrario no se realizará. Además advirtieron que se hizo un reclamo a las autoridades nacionales.
¿Quiénes son los Cipes?
Desde esta área se pretende que los jóvenes que cursan en los institutos superiores de formación docente (ISDF) puedan alcanzar una autonomía y una integración social crítica. Que puedan ser capaces de preguntarse, cuestionarse y reflexionar sobre la realidad que viven, no solo desde lo académico, sino también como individuos insertos en una sociedad.
Para lograr esa meta el programa tiene coordinadores institucionales de políticas estudiantiles (Cipes) repartidos a lo largo y ancho de la provincia para gestionar becas para el pago de material didáctico, mejora en frecuencia de transporte urbano e interurbano, participación en jornadas provinciales, articulaciones con comunidades originarias y colectivos LGTBIQ+ que se traducen en seminarios charlas y capacitaciones, entre otras actividades.
Incluso acompañan y asesoran ante situaciones de violencia de género como ocurrió en la Ensag en el caso del femicidio de la estudiante Aydeé Palavecino en 2019.
Entre los coordinadores hay profesionales de diferentes ramas: comunicadores, abogados, trabajadores sociales, entre otras.
El último pago que cobraron fue de $62.490 por una contraprestación de 15 horas reloj de trabajo semanal. Además desde 2018 trabajan sin contrato firmado, solo con presentación de factura de monotributo.
“Lo que se pierde a no sostener esta línea de política educativa provincial es un menor acceso a los bienes culturales por parte de los futuros docentes, menor o nula promoción de la participación estudiantil, menos democratización de los institutos superiores de formación docente y la anulación de una figura que articula con los coordinadores académicos, equipo directivo y docente la elaboración de dispositivos institucionales que favorezcan las trayectorias académicas en un nivel no obligatorio que tiene altos porcentajes de desgranamiento y abandono”, agregó Camerano.
Los Cipes debían retomar sus actividades el 15 de febrero para participar del seminario “El oficio del estudiante”, en donde se asesora específicamente a los estudiantes ingresantes pero no fueron incluidos a tareas específicas hasta el momento.
