Hay 22.500 policías en la nómina de personal, pero apenas poco más de 15 mil activos. Trabajan, en su mayoría, en guardias de 24 horas corridas por 48 de descanso. Un policía con 10 años de antigüedad cobra, en promedio, 450 mil pesos. Y durante los dos días de franco, hace adicionales privados, para completar ingresos. En este contexto, se comprende que si puede la hace lo más “tranqui” posible cuando le toca trabajar en seguridad pública.
En 2016 el exgobernador Juan Schiaretti advirtió que no había incentivos para que los agentes y oficiales salgan de las oficinas y trabajen en la calle e implementó un adicional salarial por tareas operativas de 1.225 pesos. No era mucha plata entonces, ahora directamente es insignificante. El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, consiguió que el gobernador Martín Llaryora avale un aumento de este extra: pasará, en esta primera etapa, a 22.500 pesos, pero se actualizará automáticamente, de acuerdo a una fórmula de unidades de medida que se utilizan para las compras y contrataciones de la Policía.
Es un incentivo a elegir salir de las oficinas. Empezar a corregir una excesiva burocratización del trabajo policial.
A su vez, Quinteros actualizó un 30 por ciento el valor de los adicionales, para que en estos tiempos de alta inflación, al menos, no hagan más que los que venían haciendo.
Un expediente está esperando ser visado en el Tribunal de Cuentas -con mayoría opositora- para comprar 300 camionetas Frontier, para reforzar los patrullajes.
Se espera que se normalicen las condiciones macro del país para concretar inversiones en tecnología: no sólo completar los equipamientos de cámaras y domos, sino ahora también drones equipados con tecnología militar que permitirían una “persecución” aérea por la ciudad sin manejar patrulleros a alta velocidad.
En un viaje a Estados Unidos, Llaryora “flasheó” con una innovación tecnológica: la incorporación de inteligencia artificial a los centros de monitoreo de imágenes para tener sistemas predictivos que superen la capacidad de atención de un operario humano. Apenas pueda, lo traerá.
Pero mientras se sueña con drones policiales y máquinas inteligentes, los patrullajes literalmente enfrentan la edad de piedra en los barrios. El ministro Quinteros repitió varias veces esta semana que pasó que no hay barrios en la ciudad de Córdoba donde no pueda entrar la Policía. Él mismo, incluso, fue en su propio auto a Ciudad Evita horas después de que balearon dos veces la comisaría en este barrio ciudad, uno de los territorios más complejos de Capital, con fuerte presencia de organizaciones narco. Que puedan entrar no quiere decir que sean bienvenidos: de hecho, se repite cada vez más a menudo la recepción con lluvias de piedras a los móviles policiales. En un hecho en un barrio periférico, los disturbios durante un procedimiento fueron de tal gravedad que los agentes tuvieron que disparar varias veces sus armas “no tan letales” Byrna, con cápsulas de goma, para detener una mini pueblada en defensa de quienes iban a detener, con orden judicial.
Las pistolas que lanzan cinco perdigones de goma son las armas menos letales más utilizadas durante estas semanas. Más que el gas pimienta, que muestra una efectividad razonable en espacios cerrados pero no es tan útil en situaciones en espacios abiertos, donde convienen las “bulucas”, como les dicen los policías de calle.
El objetivo que tiene el nuevo jefe de Policía, el callado Leonardo Gutiérrez, es llevar de siete mil agentes y oficiales capacitados en el uso de estas armas a la totalidad de sus hombres y mujeres operativos en los próximos meses.
La previsión parece clara: se esperan tiempos convulsionados por la situación social y las tensiones políticas. Policías ocupados por la inseguridad y por las protestas, ambas con la pobreza como catalizadora. Que sepan usar armas que no maten es la meta de mínima para este complejo contexto.
