Comenzó a regir este martes en toda la provincia la Ley 10.728, denominada “Córdoba Inclusiva”. Esta pretende formar de manera obligatoria a todos los empleados públicos provinciales, de todos los niveles y jerarquías, en el trato adecuado a personas con discapacidad. También, establece la modificación edilicia de espacios públicos para ofrecer una mayor accesibilidad.
La norma provincial fue redactada por la hoy diputada nacional Natalia de la Sota y aprobada en diciembre de 2020. Fue un trabajo conjunto de varias áreas de gobierno y representantes de asociaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad, como Por Igual Más, Familia CEA y Fundación Empate.
“Tenemos que formarnos quienes somos funcionarios públicos para atender a todos los ciudadanos. Había que hacer grandes transformaciones en el Estado para poder estar a la altura de lo que nuestra sociedad nos pide. Cuando hablamos de discapacidad, la peor barrera es la ignorancia”, dijo De la Sota en un acto llevado a cabo en el Centro Cívico.
La diputada informó que está preparando un proyecto nacional denominado “Argentina inclusiva”, que establecería los mismos objetivos de la Ley 10.728 para todo el país. Por ahora, la propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Discapacidad de la Cámara baj a y aguarda confirmación de fecha de votación.
Las adecuaciones edilicias en Córdoba aún no tienen una fecha de inicio. Algunos proyectos arquitectónicos están comenzando a adecuar sus espacios para lograr una mayor accesibilidad.
En Córdoba aproximadamente el 10 por ciento de la población tiene alguna discapacidad. Medio centenar de municipios y comunas adhirieron a la norma e iniciaron el proceso de adecuación de sus espacios públicos.
Los puntos principales
La normativa está dividida en tres partes. Primero, la capacitación obligatoria y permanente de todos los funcionarios de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Los empleados tendrán que brindar un trato adecuado y no discriminatorio a personas con discapacidad. Además, deben facilitarles su desempeño en la sociedad permitiendo su inclusión, promover la sensibilidad social, ofrecer orientación legal y administrativa para ejercer sus derechos. También, garantizar el acceso a la legislación vigente en materia de discapacidad y posibilitar la participación plena en la sociedad y el reconocimiento de la diversidad.
Otra de las partes de la ley, contempla la adecuación física y cognitiva de los espacios de dominio y uso públicos. El objetivo es lograr el desenvolvimiento con independencia para quienes así lo necesiten.
La última instancia, es la implementación de la normativa a nivel provincial que estará a cargo de la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión, dependiente del Ministerio de Salud.
Las autoridades deben garantizar su aplicación mediante capacitaciones. Estas deben incluir a personas con discapacidad y organizar mesas de trabajo para la adecuación de contenidos necesarios. Se deberá asesorar a cada área del Estado Provincial que necesite asistencia en materia de accesibilidad cognitiva.
