En medio de la investigación que se lleva a cabo por los decesos relacionados a la administración de fentanilo contaminado de uso clínico del laboratorio HLB Pharma Group SA, se conoció este viernes la primera muerte en la provincia de Córdoba.
Según pudo saber La Voz, el caso fue reportado por la clínica Vélez Sarsfield, una institución privada de la zona sur de la ciudad de Córdoba.
El deceso se conoció luego de que el juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak incorporó 20 nuevas víctimas a partir del análisis de historias clínicas que habían sido solicitadas de oficio dos meses atrás, en el inicio de la investigación.
Entre esos 20 casos, se encuentra el de una persona que murió en la ciudad de Córdoba, cuya identidad no fue precisada hasta el momento.
Los nuevos decesos elevan a 74 la cifra total de fallecidos por la administración del fentanilo contaminado.
Las fuentes consultadas indicaron a La Voz que, al pertenecer al circuito de salud privada, el caso no había sido informado en su momento al Ministerio de Salud provincial sino que fue directamente remitido al juzgado interviniente.
Tras conocerse una noticia difundida este viernes por el portal Infobae, las autoridades locales de Salud solicitaron información al centro asistencial privado y confirmaron el caso sobre el que hasta el momento no hay mayores precisiones.
Fentanilo contaminado: cómo sigue la investigación
A dos meses de la suspensión de su uso por la Anmat, se estima que casi un millón de ampollas producidas por HLB Group y Laboratorios Ramallo fueron distribuidas por todo el país, y el proceso de recuperación avanza a paso lento, con solo el 40% puesto en cuarentena hasta el momento, informó Clarín.
La magnitud del problema y su distribución nacional
Las autoridades se encuentran en una labor que califican de “artesanal” para localizar y asegurar el fentanilo de marca HLB Pharma Group, así como el producido por su firma asociada, Laboratorios Ramallo.
Se trata de 932.880 ampollas correspondientes a la “campaña 2024”, que incluye seis lotes identificados (31.201, 31.202, 31.244, 31.245, 31.246 y 31.247), entre ellos los tres con probada presencia de bacterias.
En Córdoba también hay
Estas dosis contaminadas se distribuyeron en 306 puntos geográficos de 15 de las 24 jurisdicciones del país. La provincia de Buenos Aires concentra el 47% de estos puntos, con 7 droguerías y 137 hospitales públicos. Le siguen Santa Fe con 59 efectores (4 droguerías y 44 hospitales), Río Negro con 32 centros (1 droguería y 31 hospitales), y Córdoba con 20 puntos (2 droguerías y 18 hospitales).
Según indicaron fuentes del Ministerio de Salud de Córdoba ninguno de esos lotes se encuentra en farmacias provinciales.
La Ciudad de Buenos Aires y Neuquén también tienen 9 lugares cada una con stock de este fármaco (1 farmacia y 8 hospitales en cada caso). Otras provincias afectadas incluyen La Pampa, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Salta, Jujuy, La Rioja y Tucumán.
Un historial de cuestionamientos: SURAR Pharma y las licencias
Este escándalo se ve agravado por el origen de la licencia para producir fentanilo. HLB Group y Laboratorios Ramallo adquirieron esta licencia de SURAR Pharma, un laboratorio con un historial problemático y clausurado por la ANMAT en 2015 por deficiencias en sus buenas prácticas de manufactura. Aunque la compra de licencias es una práctica legal y frecuente, el hecho de que el vendedor fuera un laboratorio cuestionado oscurece la imagen de las empresas bajo investigación.
SURAR Pharma, que inició actividades a fines de 2006 y recién quebró en febrero de 2024, acumuló un historial de irregularidades, incluyendo la infracción de la ley de Medicamentos, la producción de medicamentos “impuros” o “ilegítimos”, y problemas de esterilidad en sus productos. En 2015, fue clausurada preventivamente por producir en áreas no habilitadas y por problemas de calidad. A pesar de la clausura, en 2017 la Anmat encontró productos prohibidos de SURAR en un depósito en Córdoba, precisa Clarín.
La necesidad de HLB y Ramallo de adquirir licencias rápidamente, especialmente desde 2017, cuando su negocio societario estaba en marcha tras la reconversión de Apolo en Ramallo, las llevó a buscar “caza-certificados” o “caza-licencias”.
Esta “avidez por adquirir licencias rápidamente” permitía acortar los trámites ante la Anmat de hasta dos años a tan solo seis meses. Fuentes del sector sugieren que HLB/Ramallo habrían obtenido unas 20 licencias de SURAR Pharma entre 2017 y antes de la pandemia, incluso en plazos menores a seis meses. Este hecho es particularmente relevante, ya que la Anmat, al interrumpir la actividad de HLB y Ramallo, informó que comercializaban medicamentos con su marca, pero que las especialidades medicinales figuraban a nombre de SURAR Pharma.
