Juan Alberto Emmanuel Nardi Huenz, un exempleado contratado durante un año y medio en la Farmacia Central del Ministerio de Salud provincial, denunció que en ese sector se destruían fármacos e insumos no vencidos para generar faltantes y que se llamara a nuevas compras, que favorecían siempre a los mismos proveedores.
A la vez, denunció que se entregaba a hospitales medicamentos, reactivos y otros productos vencidos, y relató cómo se adulteró el plasma de recuperados con Covid, al inicio de la pandemia, un hecho que ya había sido puesto en agenda por el Consejo de Médicos de la Provincia.
La presentación se hizo el viernes pasado. El denunciante pidió asesoramiento del abogado Carlos Nayi, quien lo llevó de inmediato a Tribunales. Primero declaró ante el fiscal Rubén Caro, pero luego la causa recayó en la fiscalía de Distrito 2 turno 1, a cargo de Lourdes Quagliatti, quien ordenó medidas para asegurar las pruebas y dictó el secreto de sumario.
Quagliatti le secuestró el teléfono a Nardi Huenz y allanó los lugares donde supuestamente estarían las evidencias de lo que contó el denunciante. También pidió al Ministerio de Salud provincial que informe si las personas nombradas son o fueron funcionarios. Eso puede ser clave para determinar si la causa queda con ella o es girada al fuero Penal Económico.
“El día viernes 23 de septiembre en horario del mediodía se recibió (por sorteo a través de Mesa General de Entradas de Tribunales 2) en la Fiscalía de Instrucción Distrito Judicial 2 Turno Primero, a cargo de la fiscal Lourdes Quagliatti, una denuncia en contra de funcionarios pertenecientes al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba”, consignaron en forma escueta desde la fiscalía.
Se dijo, además, que “hasta la fecha se tomaron diversas medidas urgentes a los fines de resguardar prueba que se considera podrían ser de interés para la investigación”.
Nardi Huenz dijo que no denunció antes estos delitos porque en su contrato de trabajo se le había impuesto una cláusula de confidencialidad “sin límite temporal”, a la que se sintió atado a pesar de haber sido desafectado ya hace más de un año.
El denunciante
La Voz habló con Nardi, un técnico en hemoterapia, de 35 años, en un espacio seguro. Hoy trabaja en una clínica privada y tiene custodia policial desde el mismo momento que denunció, pero varias veces dirá en la conversación que tiene miedo. Contó que en su casa guardó parte de las evidencias de lo que denuncia: lotes de medicamentos que en lugar de destruir mantuvo ocultos y cajas con insumos vencidos que se obligaba a repartir en distintos centros de salud provinciales. “Eso es lo que aún hoy está siendo suministrado a los pacientes”, asegura.
Para Nayi, esta denuncia no tiene conexión con la causa que investiga las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal ni introduce una nueva explicación para esos casos. Aunque eso, a la luz de esta nueva información, es algo que tendrá que revisar la investigación que dirige el fiscal Raúl Garzón, quien ya tenía informes que descartaban la posibilidad de muertes por medicamentos o vitamina K contaminados y avalaban la hipótesis de hechos criminales intencionales, en serie.
Desde el Ministerio de Salud provincial evitaron opinar, por existir una causa judicial abierta. “En relación a la denuncia difundida sobre supuestas irregularidades relacionadas con el Banco de Sangre, se encuentra a disposición de la Justicia para brindar toda la información y documentación que sea necesaria para la respectiva investigación del caso. Se aclara que -hasta el momento- no se ha recibido notificación o requerimiento alguno acerca de lo publicado hoy. No obstante, se inició una investigación administrativa al respecto”, dice un comunicado emitido por el Ministerio.
Empleado modelo
Emmanuel dice que entró a trabajar “en negro” en marzo de 2020 y en abril le hicieron un contrato enmarcado en la “contingencia sanitaria” por la pandemia. Su sueldo era de 44 mil pesos y tenía obligación de cubrir 40 horas semanales. Su primera asignación, por ser técnico en hemoterapia, fue trabajar con el plasma de recuperados Covid.
Dice haber sido testigo de las indicaciones de sus jefes para “estirar” el plasma, que era muy escaso y en esos primeros momentos de la pandemia se creía que era “el tratamiento” que podía salvar vidas. “El propio jefe del departamento de Sangre, Gustavo Vicintín, nos dio la orden. Pero no todos se adulteraban: los que eran para algunos políticos y personas conocidas, no. Durante la madrugada, se llevaron sachets de plasma a La Rioja, para la familia Menem”, recuerda Nardi Huenz.
La adulteración del plasma es un escándalo conocido. El Consejo de Médicos planteó en una denuncia que el plasma que recibían en los hospitales no tenía la concentración de anticuerpos necesaria para que esta terapia fuera efectiva. Eso derivó en la salida formal de Vicintín.
Emmanuel dijo sentir una particular vergüenza por esto: en las publicidades del flamante Centro de Plasmaféresis que inauguró en los primeros meses de la pandemia el Gobierno de Córdoba, él era el modelo que posaba junto a las autoridades y practicaba las extracciones a los donantes de plasma luego de haber superado el Covid. Detrás de la visera y el barbijo, la chaquetilla y los guantes, los elementos de protección personal extremados en pandemia, está el mismo hombre que hoy presenta esta denuncia.
“El doctor Vicintín apostó por mí; me prestaba mucha atención. Me decía que yo era una persona de su confianza. Lo que ahora comprendo es que me estaba usando”, relata.
Insumos vencidos
“Se estaban entregando agujas, descartables y sets vencidos. Gasas no estériles. Cosas que estaban guardadas en lugares donde había ratas o palomas”, narra Nardi Huenz.
Entre los insumos vencidos que más riesgo entrañaban, figuraban los reactivos para grupo y factor de sangre. “Vencidos podrían dar un falso positivo; eso generaba un riesgo muy alto en caso de necesitar trasfundir”, explicó el técnico en hemoterapia.
Destruir medicamentos
Según Nardi Huenz, había todo tipo de irregularidades en la Farmacia Central, pero la que más le irrita fue la repetida indicación de destruir insumos y medicamentos todavía útiles, para eliminar el stock y volver a comprar. “Guardé filtros y sets de aféresis que estaban aptos para ser usados y teníamos que destruir. También algunos filtros; a todo lo puse a disposición de la Justicia”, cuenta.
Tiene fotos en su celular, que fue entregado en el momento de formalizar la denuncia. Algunas las comparte, en el momento de la charla, desde otro dispositivo. Se ven cajas de insumos apilados con rastros de excrementos de ratas, sets de productos en buen estado que, según cuenta, habían sido ordenado destruir e imágenes del depósito de la farmacia, atestado de productos poco antes de que se limpien las estanterías para hacerle lugar a nuevas compras.
La orden, según Nardi, era de su jefa directa en Farmacia, Mariana Palenzuela, quien recibía visitas de representantes de las principales empresas proveedoras de estos insumos: Felsan, MediSistem y Medical Pro, todo de acuerdo a lo que denunció el exempleado.
“Venía Gabriel (no conozco el apellido), de Felsan, con regalos y un sobre para Palenzuela. Traía los insumos y el soborno”, relató.
De Medical Pro, recuerda Nardi, el que llevaba los materiales y los presuntos pagos era “Francisco”.
“Se compraban grandes cantidades, y como no se llegaban a usar, nos pedían que destruyéramos todo”, resume.
En junio de 2022, Nardi cuenta que rechaza este pedido y discute con Palenzuela. “No compre más; hay para cubrir todo 2022″, cuenta que le dijo. Hasta allí llegó su contrato. Al otro día recibió una notificación de Ciudadano Digital (Cidi) de que se había terminado su trabajo. Pidió recursos de reconsideración y hablar con superiores, que ni siquiera fueron respondidos.
Como él, había unos 30 contratados. Ninguno más perdió el empleo. Pero eso era, según Nardi, porque “tenían padrinos políticos”.
Durante 2020 y 2021, crecieron en forma exponencial los montos contratados a las empresas que nombró el denunciante, según datos del Sistema Unificado de Administración Financiera de la Provincia. El relato de Nardi pone en cuestión que sólo pueda explicarse por pandemia o inflación.
En detalle:
- Medical Pro facturó en 2019 40.554.199 pesos; en 2020, 131.624.017 pesos; en 2021, 247.456.369, y en 2022, 204.127.479 pesos.
- Medi Sistem cobró en 2019 46.927.145 pesos; en 2020, 85.791.649; en 2021,137.025.934, y en 2022, 70.012.200 pesos.
- Felsan, por su parte, recibió en 2019 4.481.222 pesos; en 2020, 12.278.428; en 2021, 17.702.648, y en 2022, 11.773.854 pesos.
Funcionarios involucrados
En su relato, Nardi Huenz cita, con distintas responsabilidades, a una serie de funcionarios. En forma directa, les atribuye tanto las órdenes de entregar insumos vencidos como destruir materiales vigentes a Palenzuela y Vicintín. Pero también involucra, por tener conocimiento de lo que ocurría allí, a la jefa del Banco de Sangre, María Elena Castellón, y a la directora del Centro de Plasmaféresis, Lorena Espil. Involucra, a su vez, a la jefa de Farmacia General, Susana Hernández Caffot, y relata que otras autoridades no podían ignorar qué sucedía. Todas estas referencias están en la denuncia de Nardi Huenz y la investigación tendrá que tratar de probarlo o descartarlo.
Vicintín y Castellón ya hace varios meses que están fuera de la gestión. Ayer, la ministra de Salud Gabriela Barbás decidió la separación de Hernández Caffot, aunque confiaron que esto ya se venía analizando a partir otros casos bajo investigación. De los demás involucrados no se dieron precisiones.
Lo que habría quedado asentado en un documento es un expediente que firmó Palenzuela en el que se detalla que existía stock suficiente de insumos y que no era necesario seguir el plan de compras. Nardi dice que eso se hizo cuando estalló el caso del plasma adulterado, que lo hicieron “para cubrirse”, pero luego la operación continuó.
Confidencialidad
Uno de los aspectos que llamaron la atención de la denuncia de Nardi Huenz es la revelación de que le hicieron firmar una cláusula de confidencialidad en su contrato. Según el excontratado, el temor a que se ejecutaran sanciones por violar esta cláusula es lo que le impedía hablar y denunciar, hasta ahora, los delitos de los que era obligado a ser parte.
La cláusula figura en el capítulo 9 del contrato que firma, por el Ministerio de Salud, Carlos Federico Amieva, en su calidad de director General de Gestión de Capital Humano.
“Confidencialidad e indemnidad. El prestador se obliga, en forma expresa e irrevocable, sin límite de vencimiento temporal alguno, a conservar la confidencialidad e indemnidad de toda información que obtenga de parte de la administración en el cumplimiento de su obligación contractual, por cuya razón se conviene en forma expresa que queda absolutamente prohibido su difusión o revelación, bajo la forma o modo que sea, como así también se prohíbe la utilización para un uso distinto al objeto de este contrato. La violación a la obligación convenida en esta cláusula genera responsabilidad a título de dolo o culpa y el prestador deberá asumir el pago de las indemnizaciones o resarcimientos que correspondan a favor del comitente”, dice este artículo.
Desde el Ministerio de Salud, confiaron que la cláusula de confidencialidad mencionada “es una cláusula estándar contenida en los contratos, de acuerdo a las leyes 7233 y 7625″.
El deber de guardar secreto en empleos estatales está dispuesto por estas dos leyes, que están redactadas de la misma forma.
En la ley provincial 7265, en el artículo 112, inciso “e” se establece que el agente está obligado a “guardar secreto de todo asunto del servicio que deba permanecer en reserva por razón de su naturaleza o de instrucciones especiales, obligación que subsistirá aún después de haber cesado en sus funciones”. Eso mismo dice la ley nacional 7233, en el artículo 17 inciso “f”.
En general, se utiliza en las oficinas de Rentas y en todas las que hay información privada de los ciudadanos, que es obligación del Estado resguardar. En Salud, se la entiende por la preservación del secreto de historias clínicas, por citar un ejemplo.
Para Nayi, un acuerdo de confidencialidad amplio es aceptable en un contrato entre privados, pero se contradice con un empleo público. De existir, debería ser restringido y sin que el agente entienda que deba callar hechos irregulares o delitos de los que tenga noticia.
Lo que cree el abogado es que esta cláusula, redactada de ese modo ambiguo, buscaba asegurar el secreto de los hechos de corrupción que se estaban cometiendo y que eran imposibles de no ser vistos por quienes tenían que cumplir con algunas funciones en esa “maquinaria” por un contrato mínimo.
