La ciudad de Córdoba atraviesa una grave crisis ambiental por la proliferación de basurales a cielo abierto y por el colapso en la gestión de residuos. Así lo advirtió la concejala Elisa Caffaratti, presidenta del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Concejo Deliberante, al presentar un relevamiento que detectó más de 30 basurales críticos en 21 barrios de la ciudad.
La denuncia se conoció en medio de un proceso de transición en la Secretaría de Ambiente municipal: Jorge Folloni dejó el cargo y fue reemplazado por Gabriel Martín, funcionario de estrecha confianza del intendente Daniel Passerini.
Caffaratti aseguró que la ciudad se encuentra “con una bomba ambiental”. Explicó que, a partir de denuncias vecinales y de recorridas semanales por distintos sectores de la ciudad, su equipo inició una investigación más profunda sobre los puntos críticos de acumulación de basura.
El informe final arrojó resultados alarmantes: basurales que superan el kilómetro de extensión, residuos domiciliarios mezclados con escombros, restos industriales y desechos patológicos.
“El panorama que encontramos es el de una ciudad tapada por verdaderos basurales a cielo abierto, muchos de ellos en crecimiento constante. Visitamos más de 30 puntos críticos en 21 barrios”, explicó la concejala.
Según el relevamiento, en todos los casos predomina la presencia de escombros, lo que motivó una inspección a las escombreras municipales, donde se detectaron falta total de fiscalización y de personal técnico y control de trazabilidad.
En ese marco, Caffaratti apuntó contra el Ejecutivo municipal. “La ciudad está plagada de lugares absolutamente degradados que no se explican por el accionar de carreros ni de vecinos. La responsabilidad principal es de los grandes generadores de residuos y de un municipio que mira para otro lado, además de una ciudad que no ha avanzado en la educación ambiental”, afirmó.
Entre los elementos detectados en estos focos, se encontraron neumáticos, tarros de pintura, animales muertos, restos de carpinterías metálicas, verdura podrida y hasta un ataúd.
Además, se constató el accionar ilegal de camiones que descargaban residuos sin ningún tipo de control. “Encontramos cámaras que no funcionan, residuos industriales y una total ausencia de presencia estatal en estos puntos”, detalló.
La concejala cuestionó también el uso de recursos públicos destinados a la gestión ambiental. “Más del 20% del presupuesto municipal se destina a áreas vinculadas con la gestión ambiental: Ambiente, Coys, BioCórdoba. Sin embargo, el resultado es un caos ambiental. Mucho marketing, muchos premios, pero cero efectividad. Córdoba está frente a una tragedia silenciosa que pone en riesgo la salud y la dignidad de sus vecinos”, denunció.
Entre los lugares más comprometidos, mencionó las escombreras municipales, la escombrera ilegal camino a la semillería, las lagunas contaminadas en Chacra de la Merced y el basural en el Camino al Carmelo.
“Son zonas donde la contaminación ya es estructural y no hay intervención concreta por parte del municipio”, advirtió.
Caffaratti sostuvo que “la gestión ambiental municipal está más preocupada por la imagen que por la acción. Mientras se entregan premios y se difunden campañas, en los barrios la basura se acumula, se prende fuego y contamina aire, tierra y agua”.
La concejala remarcó la necesidad de asumir con seriedad el problema y de avanzar en políticas públicas eficaces. “No puede ser que en 2025 tengamos basurales que crecen hasta ocupar una manzana entera. Esto requiere decisiones firmes, recursos bien gestionados y, sobre todo, voluntad política”, concluyó.
Denuncia municipal
En respuesta a este panorama, la Municipalidad informó esta semana una medida inédita: por primera vez, denunció penalmente al propietario de un terreno donde existe un macrobasural histórico, ubicado en Roque Arias y García Martínez.
La presentación judicial se realizó a través de la Unidad de Riesgo Sanitario (URS), un organismo que articula áreas municipales y provinciales para el control de predios abandonados.
Esta acción judicial marca un cambio en la estrategia municipal frente a la contaminación ambiental.
“Al judicializar penalmente, se envía un mensaje claro: contaminar el ambiente es un delito”, destacaron desde el Ejecutivo.
Según la Municipalidad, el antecedente sienta las bases para futuras intervenciones y refuerza el compromiso institucional con el cuidado del entorno urbano.
Actualmente, existen 98 macrobasurales en la ciudad de Córdoba, todos ubicados en terrenos privados.
En 33 de ellos, ya se instalaron cámaras de videovigilancia que se monitorean desde el Centro de Monitoreo Urbano. Cuando estas cámaras detectan el volcamiento de residuos, la Policía puede proceder a la detención de los responsables por delitos ambientales.
El procedimiento de intervención comienza con una intimación al titular del predio. Si no hay respuesta, se labran actas de infracción y el municipio avanza con la limpieza del terreno, trasladando los costos al propietario.
En casos de mayor gravedad, se recurre a la denuncia penal. Esta estrategia busca frenar la proliferación de focos infecciosos y revertir el daño ambiental.
La URS, que comenzó a funcionar en junio de 2024, integra áreas como la Justicia Administrativa de Faltas, las secretarías de Ambiente y de Salud, la Policía de la Provincia y la Guardia Urbana, entre otras. Su creación formó parte de una política de saneamiento ambiental, pero hasta el momento no logró revertir el deterioro visible en muchos barrios.
Los vecinos que detecten terrenos en condiciones de abandono o con acumulación de residuos pueden colaborar denunciando la situación. La Municipalidad habilitó el número 351-610-0517 y la app Ciudadana para recibir reportes de lunes a viernes de 9 a 18.
