El 14 de marzo pasado no fue un día más en la vida del fiscal provincial de Delitos Complejos Enrique Gavier. Como es de público conocimiento, a las 3 de la mañana fue detectado en un control de la Policía Caminera de Córdoba con un alto dosaje de alcohol en sangre y recibió un acta de infracción, además de perder la licencia de conducir, por tratarse de una “falta grave”.
Al momento en que se trasladaba por la ruta E-55, entre La Calera y Córdoba, Gavier tenía un dosaje de 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre, según aseguró el parte de la fuerza de seguridad provincial.
Tras la infracción, el fiscal ingresó al country Las Delicias, donde reside, y horas más tarde se presentó en su oficina. “Ese mismo 14 de marzo, Gavier redacta un decreto en un expediente judicial, en el cual me agredió”, contó la abogada Sonia Badrán a La Voz.
En la Justicia provincial, los expedientes son electrónicos y tanto la parte acusatoria como la defensa realizan diferentes presentaciones en un mismo documento. En ese marco, Badrán sostuvo que Gavier “la agravió en su profesionalismo y por el hecho de ser mujer”.
La denunciante es abogada de uno de los ocho imputados de una causa que lleva adelante el fiscal. En un fragmento, Gavier habría escrito: “(...) esta decisión podría ser de un litigante de cierta inexperiencia (por Badrán) o vinculada afectivamente con su pupilo procesal”.
Unos párrafos antes, el magistrado se habría referido a la denunciante como una persona con una actitud “altanera, irrespetuosa, desafiante, innecesaria, falaz y divorciada de la ética judicial”.
Para la denunciante, se trata de un hecho más de “un machismo silencioso” presente en los expedientes judiciales. “Quiere dar a entender que tengo una relación con mi defendido. Tengo más de 30 años de profesión. Esta denuncia no la hago por mí, porque yo tengo muy claro quién soy. No se puede permitir que lo haga con otras personas”, dijo.
Badrán aseguró que los agravios denunciados constan en el expediente electrónico del cual son testigos alrededor de 80 personas, entre abogados, denunciantes y querellantes. El expediente lleva la firma del fiscal y está refrendado por sus secretarios.
La denunciante apuntó que Gavier en dos oportunidades (26 y 28 de marzo) volvió a referirse a lo manifestado el 14 del mismo mes, sin ánimo de retractarse.
La denuncia por violencia de género ingresó por mesa de entrada al Tribunal de Ética Judicial. La oficina deberá determinar si lo manifestado por Gavier constituye una conducta inapropiada, pasible de ser sancionada.
El procedimiento que se realiza ante una denuncia por una falta ética incluiría una citación al magistrado. En caso de ser procedente, el tribunal podría recomendar la intervención del Tribunal Superior de Justicia. En este caso, desde la Oficina de Sumarios se decidió abrir una investigación de oficio sobre la situación del fiscal provincial.
Un pronunciamiento en contra del magistrado habilitaría a la denunciante, si así lo quisiera, a iniciar un proceso en el fuero civil.
En la misma oficina, Badrán presentó otra denuncia referida al proceder del magistrado en relación con la infracción por conducir alcoholizado. “¿En qué condiciones se presentó a trabajar las horas siguientes? ¿Cómo se trasladó a su oficina?”, fueron algunas de las preguntas que planteó la denunciante.
Este medio se comunicó con el fiscal Gavier y por el momento este prefirió no realizar declaraciones.
Pedido de jury de enjuiciamiento
La Comisión de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Legislatura de Córdoba confirmó a este medio que recibió un pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal Enrique Gavier.
La comisión tiene por objeto lo concerniente al tratamiento de las denuncias contra magistrados y funcionarios del Poder Judicial, realizadas por cualquier persona, al solo efecto de su destitución. Está integrada por representantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de los bloques de la mayoría y de la minoría de la Unicameral.
La presentación refiere al episodio de la infracción en el control de alcoholemia y a la presunta desobediencia a la autoridad.
En los próximos días, los integrantes de la comisión deberán reunirse para evaluar las causales del pedido y revisar antecedentes, entre otras medidas, antes de su posible tratamiento en el pleno.
