El juez federal N° 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, declaró la nulidad de la acusación presentada por el fiscal federal N° 1, Enrique Senestrari, contra la exdecana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Nacional de Córdoba, Mariela Parisi.
Senestrari la había imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta y, acto seguido, pidió su apartamiento, por compartir abogados personales con Parisi, el estudio Fresneda-Orosz.
Según el fiscal, la exdecana había utilizado más de 70 millones de pesos de fondos públicos para fines personales, incluyendo viajes al exterior y supuestos pedidos de comida.
Sin embargo, Vaca Narvaja entendió que la investigación judicial presenta deficiencias técnicas significativas y devolvió el expediente.
La medida deja sin efecto la imputación, que había sido solicitada a partir de una denuncia presentada en febrero de este año por el exconsiliario estudiantil y apoderado de la agrupación “12 de Diciembre” del claustro de docentes de la Facultad de Comunicación de la UNC, Lucas Gonzalo Valdez.
El planteo citaba un informe periodístico del portal “Striptease del poder”, dirigido por Lázaro Llorens, en el que se cuestionaban viáticos, viajes académicos y gastos sin respaldo reglamentario. Según la fiscalía, más de 70 millones de pesos sería la suma que se habrían utilizado de manera irregular.
El magistrado observó deficiencias en la acusación fiscal: “En el hecho descripto en el requerimiento de instrucción se observa un incumplimiento a los requisitos legales, específicamente al inciso 2 del artículo 188 del Código Procesal Penal. La norma exige una relación circunstanciada del hecho con indicación del lugar, tiempo y modo de ejecución”.
En esa línea, el fallo remarcó que no se trata de simples imprecisiones iniciales: “Falta la identificación del tiempo, al menos estimativo, de los hechos cometidos, de los comprobantes, tickets, pasajes o insumos tecnológicos que harían a la imputada incurrir en una conducta delictiva. Es decir, no se detalla información con la que cuenta el Ministerio Público Fiscal y se afecta el adecuado ejercicio del derecho de defensa”.
Finalmente, el juez concluyó: “Nos encontramos entonces ante una causal de nulidad absoluta del acto en cuestión, por cuanto representa una inobservancia de las normas referentes a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que la ley establece”.
“A la solicitud de Lucas Gonzalo Valdés de ser tenido por querellante particular en el proceso, no ha lugar, por cuanto de las constancias de autos no surge que sea el particular ofendido por el delito, ni invoca personería ni acredita los extremos de la misma”, decidió, a su vez, el juez, negando la petición que había hecho el principal denunciante.
Si bien se trata de un revés para la fiscalía, la resolución no cierra el caso. Los denunciantes y el fiscal Senestrari tienen la posibilidad de apelar.
