El plan de limpieza y ordenamiento de los depósitos municipales de la ciudad de Córdoba alcanzó a 4.072 vehículos irrecuperables –entre autos y motos– desde que comenzó la gestión de Daniel Passerini al frente del Palacio 6 de Julio.
El último procedimiento se realizó esta semana en el depósito municipal N° 7, sito en avenida Costanera sur, a metros del puente La Tablada. Allí se compactaron 330 unidades.
“Es el único que mantenemos para esta tarea. El ex N° 19 (barrio San Martín) fue recuperado y restituido a sus dueños, y el N° 6 (lindero con el estadio Kempes) se limpió y tendrá otro uso público", explicó el secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández.
La situación generaba que los vehículos quedaran retenidos por días, meses y hasta años, y el proceso quedara inconcluso, lo que acarreaba perjuicio legal, económico y hasta ambiental tanto para el municipio como para el infractor.
La medida se enmarca en un cambio de paradigma de “cementerio de autos” a un sistema que permite una custodia adecuada y mayor agilidad operativa. “La tarea es constante, hemos despejado mayormente la zona central, pero el problema persiste en los barrios”, agregó.
El funcionario destacó el avance frente a un problema con graves implicancias ambientales y la posibilidad de recuperar la chatarra para la industria siderúrgica.
Por fuera del depósito de Costanera sur, que tiene poca rotación, la mayoría de los vehículos secuestrados por infracciones de tránsito permanecen por poco tiempo en la playa de acarreo del Servicio de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM).
Procedimiento de compactación
El procedimiento de compactación se realiza cada dos meses a través de un proceso de licitación. Las últimas contrataciones las obtuvo la empresa Hierros Arce S.A., que tiene capacidad para procesar cuatro vehículos por hora en jornadas laborales de entre ocho y 10 horas.
Según contó Fernández, del total de vehículos que se encuentran en el depósito N° 6, “alrededor del 20% son retirados por sus propietarios”. De esta manera, la inmensa mayoría se compacta. Solo separan aquellos que tengan un pedido de captura o esté vigente una medida judicial que impida su disposición final.
La acción se da en el marco de la ordenanza 13.001, que habilita a proceder al Ejecutivo ante vehículos sin identificación. Previo a eso, se intenta ubicar al último dueño. El paso siguiente es la notificación a todos los Registros del Automotor para que se dé la baja correspondiente.
Desde la Municipalidad, advirtieron que la tarea no representa un costo para el Estado. La empresa adjudicataria ejecuta el trabajo y abona un canon establecido para la obtención del metal.
Según contó Fernández, son $ 20 el kilo. A razón de $ 20 mil la tonelada, y se estima que en lo que va de la gestión la Municipalidad ha obtenido una ganancia de más de $ 72 millones que administra la Dirección General de Rentas.
De esta manera, se construye un círculo de recuperación del espacio público, cuidado del ambiente y reutilización social de bienes producto del delito o el abandono.
Abandono en barrios y en talleres
El funcionario admitió que el desafío a futuro es poder operar con la misma agilidad en las calles de los barrios más críticos y en algunos talleres mecánicos que acumulan vehículos durante un largo período.
En el listado de los barrios que tienen más chatarra vehicular, están Villa El Libertador, Comercial, Yofre y Argüello Norte.
Personal municipal, advertido por la denuncia de un vecino o por un relevamiento propio, acude al lugar y labra el acta. “Luego de 72 horas sin respuesta, podemos remolcarlo”, advirtió Fernández.
“Estamos preparando alguna mesa de trabajo para encontrar una solución. Hay buena voluntad”, dijo.
Secuestrados: ¿para transporte escolar rural?
En los últimos días, el legislador radical Sebastián Peralta presentó un proyecto en la Unicameral en el que propone que los vehículos secuestrados por la Justicia (automóviles o pick-ups) por diferentes delitos sean puestos a disposición de municipios y de comunas para el transporte escolar, no solo de alumnos, sino también de docentes en las zonas rurales.
Según consta en los fundamentos del proyecto de ley, la falta de vehículos, especialmente cuando se encuentran en reparación, y el mal estado de los caminos son una problemática que tienen diferentes comunidades, sobre todo en el norte provincial.
“Eso provoca que en muchas oportunidades no haya posibilidad de traslado para los chicos y que, por ende, no puedan asistir”, dijo.
La ley 10.860, modificada a fines de 2022 tras el episodio que involucró al exlegislador Oscar González, solo posibilita que los vehículos secuestrados puedan ser asignados a municipios o a comunas, ya sean camiones, acoplados, semiacoplados, ómnibus, furgones tipo combi, tractores, carretones, maquinaria agrícola o vial, y no vehículos o pick-ups.
En la actualidad, se puede consultar a través de un buscador la nómica de vehículos a disposición y a qué institución han sido entregados.
