Estados Unidos reabrirá este lunes sus fronteras terrestres y aéreas a los turistas vacunados contra el coronavirus y dejará atrás 20 meses de duras restricciones, mientras el gobierno de Joe Biden defiende su política de vacunación obligatoria en las empresas con más de 100 empleados, suspendida este sábado por la Justicia.
La reapertura de fronteras contempla a más de 30 países, aunque las autoridades estadounidenses pretenden seguir de cerca el estado de vacunación de los turistas y continuarán exigiendo pruebas negativas de Covid-19.
Las vacunas aceptadas serán aquellas aprobadas por la Organización Mundial de Salud (OMS), es decir, las desarrolladas por AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech, la india Covaxin y las chinas Sinopharm y Sinovac.
Las millones de personas que recibieron el suero ruso Sputnik V y el chino CanSino no podrán ingresar al país norteamericano, ya que estas vacunas no están reconocidas por la OMS, por la FDA estadounidense ni por la EMA eruopea.
Además, Estados Unidos exigirá a partir de este lunes el certificado de vacunación completo, realizado al menos 14 días antes del viaje, y una prueba negativa hecha como máximo 72 horas antes del vuelo, ya sea PCR o test de antígeno. Las aerolíneas deberán establecer un sistema de seguimiento de contactos.
Las personas que hayan sido vacunadas con una combinación entre componentes podrán ingresar, siempre y cuando estén autorizados en el listado anterior. Los que recibieron alguna dosis de Sputnik V quedan afuera de la lista, por más que hayan completado su esquema con vacunas de Moderna, AstraZeneca o Pfizer.
Existen algunas “excepciones muy limitadas” para estos requisitos, como “participantes en ensayos clínicos de las vacunas contra el Covid-19, y los que necesitan viajar por razones de emergencia o humanitarias”. Sin embargo, a estos últimos se les exigirá una carta emitida por el Gobierno de Estados Unidos.
Fronteras
Con familias separadas y relaciones comerciales interrumpidas, la “prohibición de viajar” impuesta a principios de 2020 por el entonces presidente Donald Trump y ratificada luego por Biden se convirtió en símbolo de los trastornos de la pandemia de Covid-19.
Con el fin de evitar la propagación del virus, Trump fue uno de los primeros gobernantes en suspender los viajes desde China, en febrero de 2020, y un mes más tarde lo hizo para los países europeos y también cerró sus fronteras terrestres con México y Canadá.
Esas restricciones redujeron drásticamente los intensos intercambios humanos y económicos con dichos países.
Si bien desde el verano boreal pasado era posible viajar de Estados Unidos a Europa, los extranjeros que se establecieron en el país norteamericano y poseían ciertas visas no tenían garantía de poder regresar a casa.
Esta reapertura alienta a un sector aéreo en crisis, que para hacer frente a un previsible aumento de la demanda incrementó el número de vuelos, así como el tamaño de los aviones.
También a lo largo de la inmensa frontera mexicana, numerosas ciudades limítrofes han sufrido un fuerte impacto económico y esperan con ansias el regreso a la normalidad.
En el caso de los ingresos por la ruta terrestre, las restricciones se levantarán en dos etapas.
Desde este lunes, las personas que viajan por motivos considerados no imprescindibles, como familiares o turísticos, podrán ingresar al país siempre que estén vacunadas, mientras que las que lo hagan por razones imperiosas, como los choferes de camión, estarán exentas de ese requisito.
Sin embargo, a partir de enero la obligación de vacunación se aplicará a todos los visitantes que crucen las fronteras terrestres, independientemente del motivo de su viaje.
En tanto, a nivel interno, el gobierno estadounidense sufrió este sábado un revés en su gestión de la crisis sanitaria, luego que un tribunal federal de apelaciones suspendiera la obligación de vacunar contra la Covid-19 a los empleados de compañías de más de 100 personas, mientras examina posibles “problemas constitucionales graves”.
La medida, anunciada por Biden en septiembre y adoptada esta semana, obligaba a decenas de millones de empleados a inmunizarse antes del 4 de enero o someterse a pruebas semanales desde entonces y preveía multas de casi 14.000 dólares por cada caso de violación para las firmas que no lo cumplieran.
Pese a la decisión judicial, el Gobierno defendió la legalidad de la iniciativa y afirmó que dará una batalla legal para que esta se aplique.
“Estamos seguros de que esta medida” cumple “con la ley y las regulaciones”, dijo Cedric Richmond, cercano asesor del presidente, a la cadena CBS, según la agencia de noticias AFP.
“Ser presidente no es tomar decisiones fáciles, es tomar decisiones justas y tener el coraje de implementarlas”, agregó, a la vez que destacó que se ofreció “la opción de un test semanal” para quienes rechazaran la vacuna.
“La carnicería que está en marcha”, dijo el funcionario. “Con más de 750.000 muertos por la pandemia en Estados Unidos, es inaceptable. Las vacunas son la mejor forma de luchar contra la enfermedad”, concluyó.
