El impacto de la malnutrición en el desarrollo cognitivo y en el desempeño escolar es un índice que no se mide de manera sistemática en la Argentina y que parece sorprender a quienes no habitan las escuelas u otros espacios donde transitan las infancias.
En contrapartida, docentes advierten a diario retrasos cognitivos vinculados con diversas circunstancias, entre las que se encuentra la escasa o mala alimentación durante el embarazo de la madre o en la corta vida del niño o la niña.
La última Encuesta Rápida sobre la Situación de la Niñez y Adolescencia 2022, difundida días atrás por Unicef, revela que un millón de niños, niñas y adolescentes argentinos se saltean al menos una comida al día por falta de recursos económicos.
Esto ocurre en un contexto de extrema complejidad, en el que uno de cada tres hogares no puede cubrir sus gastos corrientes y en el que la mitad no está en condiciones de solventar las erogaciones escolares.
El reporte del organismo de Naciones Unidas para la Infancia marca que el 36 por ciento de las familias argentinas dejó en los últimos meses de comprar alimentos por no tener dinero (el porcentaje se eleva al 50 por ciento en hogares que reciben Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar o tienen jefaturas femeninas). Una porción similar se endeuda para comer.
Los crudos datos de la realidad pospandemia e inflacionaria se agigantan con el arrastre de inequidades históricas y con la pobreza estructural, que parece cada vez más difícil de quebrar.
En este contexto, el 55 por ciento de los hogares argentinos con niños, niñas y adolescentes está alcanzado por alguna ayuda social, pero el riesgo de la inseguridad alimentaria sigue siendo alto debido a que el alcance de los beneficios es difuso.
Hoy, en la Argentina, el sistema de protección de ingresos en los sectores vulnerables es un pilar fundamental, aunque es claramente insuficiente sin la generación de otras condiciones que les permitan autosustentarse y salir adelante.
En otras palabras, las políticas de asistencia alimentaria vitales desde hace varias décadas requieren ser encuadradas en políticas integrales que garanticen la atención de las infancias.
En tiempos de crisis económica, o sanitarias como en la pandemia, la precarización pone en primer plano la resolución de la coyuntura, del presente, y condiciona el futuro, sin capacidad de previsión ni planificación.
La inflación que hoy consume los presupuestos hogareños para la compra de alimentos también licúa la de los comedores y la de los programas asistenciales del Estado, que son un paliativo pero no resuelven el fondo de la cuestión: la calidad de vida de los habitantes y su desarrollo individual y comunitario.
Más de la mitad del alumnado de las escuelas estatales cordobesas recibe el Paicor, un programa que nació hace casi 40 años como un plan alimentario temporal y que hoy es política de Estado: ya nadie puede imaginar a la provincia sin esta ayuda nutricional.
Cada almuerzo del Paicor, según fuentes oficiales, cumple con entre el 30 y el 50 por ciento de la cuota calórica diaria que necesita un niño para su desarrollo, y un desayuno o merienda, entre el 15 y el 20 por ciento de ese requerimiento. Si la única comida del día de un niño o niña es la que ofrece el Paicor, como admiten muchas familias de las periferias de las ciudades cordobesas, la alimentación es insuficiente. Y las consecuencias y secuelas se observan a largo plazo.
El informe de Unicef confirma que el consumo de carne cayó en el último semestre un 67% y más de 40% el de verduras y lácteos, al mismo tiempo que se disparó el consumo de fideos e hidratos de carbono.
El problema es complejo y estructural, porque mientras muchos deben optar entre la trágica opción de comer mal o no comer, en el país se desperdician toneladas de alimentos al año. En muchas ocasiones, los productores tiran o regalan su producción de frutas o lácteos por falta de rentabilidad. Días atrás se conoció que se desecharán unas 300 mil toneladas de limones por los bajos precios en las provincias del norte.
Lo mismo ocurre con los tomates que se producen en Corrientes, las bananas de Formosa o las peras de Río Negro, que nunca llegan a la mesa porque es más barato dejar que se pudran.
La falta de planificación de la producción es una de las patas del problema: no existe un esquema de oferta en relación con la demanda. Otra es que el sistema de producción, de distribución y de comercialización se rige principalmente por la lógica del mercado, sin considerar los alimentos como un producto esencial.
