Este jueves falleció en la ciudad de Buenos Aires la segunda víctima de un ataque ocurrido en una pensión del barrio porteño de Barracas, en el que un vecino del lugar roció con combustible a cuatro mujeres que vivían en una de las habitaciones (dos de ellas eran pareja) y les prendió fuego.
De las cuatro mujeres que fueron atacadas en la madrugada del lunes, dos, Pamela Cobos (58) y Mercedes Figueroa (52) ya fallecieron por las fuertes heridas causadas por el ataque. Sofía Castro Riglos (49) y Andrea Amarante (42) se recuperan de las lesiones.
El ataque del vecino del edificio, Justo Fernando Barrientos (67), generó mucha preocupación en las organizaciones LGBTIQ+, ya que entre las hipótesis del caso se analiza si se trató de un crimen de odio, es decir por discriminación por la orientación sexual de las víctimas.
La Liga LGBTIQ+ de las Provincias y otras agrupaciones expresaron su preocupación por el aumento de los discursos de odio hacia el colectivo de la diversidad y responsabilizan al Gobierno nacional por ser permeable a esos mensajes, y además por cerrar institutos como el Inadi o el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Advierten que, además de quitar herramientas concretas para la prevención y erradicación de la violencia sobre las minorías, se avala una mirada discriminatoria.
Si bien puede ser apresurado hacer una relación directa entre un crimen –que aún es investigado– y la posición de un gobierno como incitador directo de estos delitos, sí valen la reflexión y las alarmas sobre la conducción o el destino de las políticas y discursos públicos (o la falta de ellos) sobre la temática.
De acuerdo al informe de la Federación Argentina LGBT, en 2023 hubo en Argentina 133 crímenes de odio, de los cuales 118 fueron agresiones contra mujeres trans.
Hace pocos días, el escritor Nicolás Márquez, escritor de la biografía de Javier Milei, amigo del Presidente y referente de la extrema derecha conservadora en Argentina, se refirió a la homosexualidad como una “conducta insana y autodestructiva”.
Las afirmaciones generaron que otra vez organizaciones de derechos humanos y referentes LGBTIQ+ salieran a explicar cuestiones que ya se creían consensuadas en toda la sociedad. El mensaje del director de la Fundación Sí, Manuel Lozano, sobre su experiencia personal fue contundente: “¿Somos una población con mayor tasa de suicidio? Puede ser. Es probable. Pero no porque seamos insanos, sino porque discursos como el tuyo nos enseñaron que no somos valiosos y que éramos la escoria de esta sociedad”, dijo en Radio Urbana en respuesta a Márquez.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) se ve reforzada por la diseminación de “discursos de odio” dirigidos a esta comunidad en distintos contextos, incluyendo debates públicos, manifestaciones en contra de eventos organizados por personas LGBTI, como las marchas del orgullo, así como a través de medios de comunicación y en internet. Advierte que si bien es necesario estudiar los fenómenos con mayor profundidad, “la evidencia demuestra que cuando ocurren crímenes contra las personas LGBTI, con frecuencia estos son precedidos de un contexto de elevada deshumanización y discriminación”.
“En una sociedad democrática, los estados deben proteger la libertad de expresión al tiempo que deben garantizar la igualdad y la seguridad de las demás personas. En esta compleja tarea, los estados están llamados, de un lado, a identificar y responder adecuadamente estos incidentes, con miras a garantizar de manera efectiva la integridad y seguridad de las personas LGBTI”, indican desde la CIDH.
Ahora, ¿cómo detener los discursos de odio? ¿Pueden chocar con la libertad de expresión? Es un tema que aún se discute, sobre todo cuando las formas de la incitación al odio no son explícitas sino sutiles maneras de desprestigiar a una minoría. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en forma clara que el amplio manto de libertad de expresión que garantiza no es absoluto.
La Convención Americana –al igual que numerosos pactos internacionales y regionales– indica que las expresiones de odio quedan al margen de la protección del artículo 13 y exige que los estados partes proscriban esta forma de expresión: “Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.
