El escándalo que desató la muerte de Aralí Vivas, la niña de ocho años asesinada en Brinkmann el pasado derivó en cuestionamientos a la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf) por su intervención en el caso tiempo antes y que derivó en la revinculación de la niña con su familia biológica.
A ello se le suma otro grave hecho que se dio a conocer este viernes por la tarde cuando se confirmó que el director de una residencia de Senaf y otro profesional de allí fueron apartados tras una denuncia judicial por un presunto abuso sexual contra un adolescente.
Frente a ambos casos, desde Senaf indicaron que se investiga administrativamente el accionar de los profesionales de la secretaría en el caso Aralí y que en el caso del presunto abuso, que se apartaron a los sospechosos y que la denuncia surgió de una profesional del mismo organismo.
Por el caso Aralí
En cuanto al caso Aralí, legisladores del bloque del Frente Cívico presentaron un pedido de informe a la Senaf en el que piden detalles de la actuación de los profesionales que intervinieron en el caso de la niña de Brinkmann y quienes informaron que se podría revincular con su madre biológica y su padrastro.
Además, el legislador por la UCR, Mauricio Sebastián Jaimes, de la comisión de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, solicitó la renuncia de Julia Reartes, quien conduce la Senaf y también de la subsecretaria Romina Cristini.
Desde el bloque de Encuentro Vecinal aseguraron que interpelarán a la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, bajo cuya órbita está el funcionamiento de Senaf.
Por su parte, Reartes indicó a La Voz que por el caso de Aralí se inició una investigación administrativa para analizar quiénes y cómo se intervino en el caso. También indicó que se pusieron a disposición de la fiscalía de San Francisco, a cargo de Oscar Gieco, que investiga la causa.
“Por mandato legal no puedo no referirme a aspectos concretos de la causa, ya que pueden entorpecer la investigación”, dijo Reartes pero confirmó que los hermanitos de Aralí están resguardados con su familia extensa y equipos técnicos de Senaf junto con equipos de niñez de la localidad e Brinkmann analizan cuál sería la mejor situación para su resguardo.
Rartes recordó que la protección de los derechos de los niños está anclada en una corresponsabilidad que no solo compete a Senaf sino también a todas las instituciones por las que un niño transita como escuela, clubes, el sistema de Salud. En cuanto a las medidas de excepción (cuando un niño se aparta de sus cuidadores por estar en riesgo), la funcionaria indicó que esas decisiones de Senaf luego pasan por un control de legalidad de la Justicia, quien “tiene la última palabra”.
Respecto a los pedidos de informes indicó: “Como organismo siempre dimos respuesta en tiempo y forma a los pedidos de informes que hizo la Legislatura entendiendo que forma parte del sistema republicano de gobierno. También lo haremos en este caso”.
“Frente a estas situaciones hay que redoblar esfuerzos para llegar con todos los recursos y dispositivos que la comunidad tenga a mano las denuncie de manera inmediata”, indicó la funcionaria quien recordó el plan de metas presentado por la institución para el período 2024-2027 en el que incluye modificaciones importantes para el mejoramiento del organismo.
Uno de los pedidos de informe de años anteriores lo hicieron un grupo de entonces legisladoras. entre ellas Cecilia Irazusta, María Rosa Marcone, Elisa Cafaratti entre otras, preocupadas por el tratamiento digno de la niñez en las residencias, la infraestructura de las mismas, entre otras situaciones. Ese pedido fue respondido y notaron mejoras en algunas de las instituciones.
Frente al caso Aralí también expresaron su preocupación por el tratamiento de los casos de niños tan vulnerables y en general por la falta de inversión en recursos económicos y en recursos humanos.
Por el caso de abuso en una residencia
Este viernes otro caso que implica a la Senaf causó preocupación. El encargado de la residencia de la Senaf de Alta Córdoba fue apartado junto con un profesional de allí luego de una denuncia por abuso sexual en la que habrían estado involucrados.
Todo surgió a partir del relato de un adolescente quien se refirió a un posible caso de abuso sexual a un compañero y del mismo equipo técnico hicieron la denuncia, según informó Perfil.
La causa es investigada por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno de Córdoba a cargo de Ingrid Vago, quien confirmó a La Voz la denuncia y aseguró que aún no hay imputaciones por el caso que está en estudio.
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, órbita bajo la que funciona Senaf, también confirmaron que los dos hombres fueron apartados preventivamente por 90 días y hasta que se resuelva la causa judicial.
El director de la residencia había sido nombrado en 2019 luego de que fuera apartado preventivamente del Complejo Esperanza.
En la tarde del viernes, luego de que trascendió el caso mediáticamente, el Ministerio emitió un comunicado en la red social X en el que recordaron que fue una profesional de la misma Senaf quien radica la denuncia respondiendo al protocolo indicado para los casos de sospecha. En el comunicado, adjuntaron los pasos intervención que implicó: la denuncia judicial ante una sospecha de un delito; comunicación a los agentes involucrados que no se presenten a trabajar los días posteriores; acompañamiento y resguardo a los adolescentes. Además colaboración con la fiscalía y la suspensión por 90 días de los dos agentes, dictada por el Ministerio.
