Víctor Saldaño, el cordobés que está preso hace 24 años en el “corredor de la muerte” de una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos, donde los condenados a la pena capital esperan su ejecución, pidió este jueves que el Estado lo indemnice con 10 millones de dólares.
En Washington tuvo lugar una audiencia especial ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso 12.254 de Víctor Saldaño contra EE.UU.
Se trató de una audiencia presencial de carácter excepcional solicitada por el Estado argentino en la que participó el abogado de Salgado, Juan Carlos Vega, presidente del Servicio Argentino de Derechos Humanos, Javier Salgado, como amicus curiae y director de Contenciosos Internacionales y el embajador argentino en la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi.
“El caso Saldaño se ha transformado en un caso emblemático en el mundo de lucha contra el racismo en el sistema judicial de los EEUU. Son 23 años de lucha contra la pena de muerte y el racismo que llevamos las víctimas en absoluta soledad, sin ningún apoyo de los organismos de derechos humanos argentinos”, dijo Vega.
“Solo hemos contado con el apoyo expreso del papa Francisco a través de tres notas verbales de la Secretaría de Estado del Vaticano. La Cancillería argentina nos dio durante estos 23 años un respaldo humanitario importante. Por primera vez hoy, en 23 años, la Cancillería nos da un expreso respaldo jurídico y político”, agregó.
“Además del racismo judicial probado ante la CIDH, el otro punto debatido en esta audiencia fue el de juzgar la conducta de los EE.UU. de desobedecer y no cumplir con los mandatos de la Comisión de liberarlo a Saldaño del ‘corredor de la muerte’ y de reparar a las víctimas por 24 años de tortura en base a decisiones judiciales puramente racistas”, consideró.
“La Comisión no puede quedarse sin hacer nada. Su prestigio en el mundo está comprometido por esta conducta de los EE.UU. de no cumplir y de desconocer el valor jurídico vinculante de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos”, dijo.
Pedido
El abogado solicitó que la Comisión, de conformidad con el artículo 59, del capítulo V b, del reglamento, redacte un informe especial para presentar a la Asamblea General de la OEA denunciando la conducta del “estado de racismo judicial” y la conducta de no cumplir con las recomendaciones de la Comisión, y de declarar que no se sienten obligados por la Declaración Americana ni por la Convención de Viena.
“El artículo 59, capítulo V b, es de aplicación al caso. Es decir que en el informe especial que pedimos, la Comisión deberá hacer constar el racismo judicial probado en el caso Saldaño y el incumplimiento de parte de los EE.UU. de sus decisiones. Ello, con fundamento en que no se consideran obligados por la Declaración Americana ni por la Convención de Viena”.
La segunda medida que solicitó tiene como fundamento el artículo 48 del Reglamento: “El informe de fondo 76/16 dispuso que era procedente la reparación integral a las víctimas. Pero no fijó los montos. Queremos que la Comisión fije esos montos de la ordenada reparación integral por 24 años de tortura en el ‘corredor de la muerte’ en la suma de 10 millones de dólares. En el sistema interamericano no hay violación a los derechos humanos sin la obligación reparatoria del Estado responsable”.
