“Hay voluntad política de abordar el tema”. La frase de Nadia Fernández, vicepresidenta de la Legislatura y presidenta de la Comisión de Seguridad en marzo pasado a La Voz, tuvo eco en los legisladores quienes este miércoles sancionaron una nueva ley de seguridad náutica para Córdoba.
Las muertes por ahogamiento en ríos y lagos, récord en la temporada pasada, dieron cuenta de la necesidad de abordar el tema en profundidad.
Con los aportes de Fernández, Ileana Quagliano, Ariela Szpanin, la exlegisladora Natalia Quiñónez, más la iniciativa de Ignacio Sala, la ley establece la creación de un Registro Provincial de Infractores y Accidentes Náuticos, de una Comisión Provincial de Seguridad Náutica y de la Patrulla Náutica Provincial.
Además, dispone controles de alcoholemia y de drogas en embarcaciones, el uso obligatorio de chalecos salvavidas y de carnets de navegación.
Sin embargo, con la inminencia de la temporada estival, quedó sin tratamiento hasta ahora otro proyecto de ley sobre prevención, rescate y salvamiento acuático.
Para Fernández el problema requería el abordaje en “dos bloques”. La nueva ley de Seguridad Náutica es solo el primero de ellos.
Control en el agua
Las dificultades que tienen los agentes de la Dirección de Seguridad Náutica en los operativos de prevención en el contexto de un crecimiento de las actividades náuticas en los principales lagos de la provincia evidenció la necesidad de construir una cuerpo normativo acorde a los tiempos con el foco en disminuir los riesgos de accidentes por conductas negligentes o evasivas.
La ley 5.040 del año 1968 había quedado obsoleta y en la práctica Seguridad Náutica trabajaba mediante resoluciones.
La nueva ley establece la prohibición de consumo de alcohol para el conductor de la embarcación a motor. y el uso obligatorio de chaleco salvavidas para menores de 13 años en todas las actividades náuticas y para todos los pasajeros, incluso cuando sea una embarcación comercial.
Además, incorpora la habilitación de sitios para el ingreso y egreso diferenciado de las embarcaciones, funciones específicas de la Policía, habilitaciones temporarias y por única vez, la validez o no de las licencias de otras jurisdicciones, la prohibición de la navegación en espejos de agua privados, entre otros puntos.
“No podemos dejar de lado las responsabilidades individuales, la ley debe servir para clarificar qué se puede hacer, qué no y qué requisitos se necesitan para tener una embarcación”, sostuvo Fernández en el recinto.
Una vez promulgada la ley el Ministerio de Seguridad, en su carácter de autoridad de aplicación, debe proceder a reglamentarla en el plazo de 45 días pudiendo conformar una comisión especial.
De la reglamentación, que es clave en los detalles, surgirán definiciones sobre la estructura interna de la Patrulla Náutica Provincial, la organización, capacitación, régimen laboral y obligaciones y responsabilidades de todo club, entidad y guardería náutica, entre otras disposiciones.
“Tendremos que ver cómo sigue ese proceso”, sostuvo Adrián Berelejis, director de Seguridad Náutica de la Provincia.
La nueva ley de Seguridad Náutica atiende el problema dentro de los cursos y espejos de agua pero no alcanza a lo que sucede en las costas. De allí la importancia de una normativa complementaria.
En Córdoba, los lagos de Embalse, Los Molinos y San Roque son los que registran la mayor actividad náutica. Hay algunos como Piedras Moras, El Cajón y Cerro Pelado en los que está prohibida la navegación a motor.
Guardavidas como agentes de seguridad
La legisladora Szpanin valoró la sanción de la nueva ley pero sostuvo que “la seguridad no depende solo de esta norma” y pidió que “pronto se trate nuestro proyecto que presentamos sobre prevención, seguridad, rescate y salvamento acuático. Es un pedido explícito de los guardavidas, dueños de natatorios y otros actores”, consideró.
El proyecto de Szpanin, presentado en enero de este año, promueve la creación del Observatorio Provincial de Guardavidas (OPG), presidido por el Ministerio de Seguridad, con representantes del Ministerio de Salud, Agencia Córdoba Deportes, Ministerio de Educación, Agencia Córdoba Turismo, Secretaría de Trabajo, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y Secretaría de Gestión del Riesgo Climático y Catástrofe.
Además se impulsa la creación del Registro de Guardavidas de la Provincia, un control sobre la formación y requisitos para el ejercicio de la profesión y establecer responsabilidades de organismos públicos y titulares de instalaciones privadas.
Por último propone que los prestadores de servicios turísticos deberán contar con la aprobación de sus respectivos programas de seguridad un mes antes del inicio de las actividades.
Durante la última temporada las actuaciones de las fuerzas de seguridad en los balnearios fue dispar. Si bien existe el Operativo Verano no se determinan las responsabilidades que les corresponden a la Provincia y a los municipios.
Articular con municipios
La legisladora oficialista Nadia Fernández apuntó sobre lo que resta: “Queda pendiente un sólido programa de prevención, de salvamento y de rescate acuático de todos los prestadores de servicios turísticos y recreativos públicos o privados, que cuenten con habilitación, infraestructura para el resguardo de las personas que acuden a los ríos. Se parte de la idea de que se necesita una ley, pero mientras tanto es necesario articular entre Provincia y municipios las medidas necesarias. El Ejecutivo tiene la responsabilidad para coordinar con los intendentes una fuerte campaña de concientización en este sentido”.
