La Legislatura de Córdoba sancionó este miércoles una nueva ley de Seguridad Náutica que establece la creación de una Patrulla Náutica Provincial, destinada a realizar tareas de vigilancia, prevención, fiscalización y control naval en lagos, ríos y lagunas de dominio público en la provincia.
La medida responde a la necesidad de actualizar una normativa que databa de 1968 y designa al Ministerio de Seguridad, a través de su Dirección de Seguridad Náutica, como la autoridad de aplicación de la misma.
El nuevo cuerpo, conformado por agentes de la Dirección de Seguridad Náutica y efectivos de la Dirección de Unidades de Alto Riesgo (Duar) y el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (Etac), actuará de manera permanente en la fiscalización y control de las vías navegables de Córdoba.
La Patrulla Náutica estará habilitada para inspeccionar embarcaciones, clubes, puertos y otros establecimientos náuticos, con facultades para clausurar instalaciones que no cumplan con las normativas de seguridad, ya sea de forma preventiva o por denuncia.
La flamante ley también incluye medidas de prevención en el ámbito de la navegación, prohibiendo el uso de motores de dos tiempos y permitiendo a la Patrulla Náutica realizar controles de documentación y alcoholemia a las embarcaciones en tránsito.
Además, otorga al Ministerio de Seguridad la posibilidad de celebrar convenios de colaboración con Prefectura Naval Argentina y otros organismos nacionales e internacionales para reforzar las políticas de control y seguridad en las aguas provinciales.
Matriculación y licencia de navegación
Para navegar en aguas cordobesas, la nueva ley obliga a que las embarcaciones estén matriculadas, con requisitos que incluyen certificaciones de titularidad, conformidad técnica y, en ciertos casos, verificación de la Prefectura Naval Argentina.
La inspección técnica será obligatoria al momento de la matriculación y cada vez que la propiedad de la embarcación cambie. Las embarcaciones comerciales deberán realizar inspecciones anuales.
Los conductores de embarcaciones con motores superiores a 10 caballos de fuerza deberán obtener una licencia específica, que tiene una validez de cinco años y exige cumplir con requisitos como ser mayor de edad o tener autorización parental en el caso de menores, aprobar un examen teórico y no contar con sanciones previas.
La licencia podrá ser suspendida o revocada en casos de infracción.
Responsabilidades, sanciones y multas
Los clubes, guarderías náuticas y otras entidades vinculadas a la actividad serán responsables de cumplir con la ley, manteniendo los permisos necesarios y las condiciones de seguridad indicadas por la Dirección de Seguridad Náutica.
Estos establecimientos deberán contar con habilitaciones en regla y atender a normativas sobre el uso del suelo, el espejo de agua y otros requerimientos vigentes para evitar sanciones.
La ley establece un régimen de sanciones acorde con la gravedad de las infracciones. Las faltas leves serán castigadas con multas desde 50 a 200 Unidades Fijas (U.F.), mientras que las graves van de 200 a 800 U.F., y las muy graves pueden alcanzar hasta 3.200 U.F., equivalentes al menor precio de venta al público de un litro de nafta premium. Además, se prevé la posibilidad de reducir las multas hasta un 50% en caso de pago voluntario o por falta de antecedentes.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó la importancia de esta nueva normativa para fortalecer la seguridad en las aguas de Córdoba. “Desde el inicio de la gestión buscamos actualizar una legislación obsoleta, con una impronta de mayor intervención y control para cuidar a los cordobeses y a quienes nos visitan”, afirmó. Además, anunció la próxima apertura de una dependencia de la Prefectura Naval en Embalse, un hecho histórico que permitirá potenciar el trabajo conjunto entre las fuerzas locales y nacionales.
Por su parte, el director de Seguridad Náutica, Adrián Berelejis, celebró la sanción de la ley y afirmó que “es el resultado de un trabajo colaborativo que incluyó aportes de instituciones, clubes y legisladores de distintos espacios políticos, y que hoy nos permite contar con una normativa moderna y adecuada a las necesidades actuales de la provincia”.
