Los padres de los alumnos del colegio Rafaela Sánchez de Caldelari, de barrio Ayacucho, decidieron tomarlo el colegio para que se vaya a fondo con la investigación por el gravísimo hecho que denunció el padre de un niño autista: una serie de agresiones y de acosos que terminó en un abuso sexual que sucedió el lunes 5 de agosto.
Este lunes, Jorge, el papá del niño víctima, decidió encadenarse en el colegio junto con un cartel que reclama justicia. Su punto límite fue el viernes cuando su hijo volvió al colegio y se cruzó con los otros dos niños que lo increparona amenazándolo y riéndose de él. “En el colegio nunca me escucharon y desoyeron la orden judicial que indicaba que mi hijo no podía estar en contacto con los dos chicos”, dijo Jorge.
Este martes recibió el apoyo de muchos padres de niños del colegio, quienes decidieron que no dejarían ingresar a nadie, ni siquiera a directivos y a docentes. Reclaman, con carteles, las renuncias de todo el personal directivo. “Yo sigo encadenado, el colegio está tomado, y no nos han dado ninguna respuesta”, dijo Jorge a La Voz.
Luego de que la mamá del niño comentó a otros padres lo que había sucedido, recibieron muestras de solidaridad. “Desde que me encadené acá, muchos se acercaron, incluso decidieron que no van a mandar a sus hijos al colegio para pedir que se esclarezca todo y se haga justicia”, destacó Jorge.
El Ministerio de Educación intervino en el caso la semana pasada y
El abuso a un niño autista
Su hijo, que es autista, le contó el lunes 5 de agosto que ese mismo día dos niños de su escuela lo agredieron en el baño de la institución durante uno de los recreos: “Nos contó que lo ataron, le pegaron, lo torturaron, le hicieron tomar pastillas y lo agredieron sexualmente”, contó el papá del niño cuyo apellido no es divulgado para preservar la identidad del niño.
Ese día, fueron a reclamar a la escuela e hicieron la denuncia en la Unidad Judicial de Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en el Polo de la Mujer. El miércoles, el Juzgado de Niñez elevó un oficio a la escuela para garantizar que los niños que ejercieron la agresión no mantengan contacto con la víctima. Es una medida de protección a las víctimas, como siempre sucede en estos casos o en los de violencia de género: se busca que la víctima no tenga contacto con el o los agresores.
A pesar de ello, el viernes, cuando el hijo de Jorge fue al colegio, se cruzó con los dos chicos. “Se le rieron y burlaron. Y tomé la decisión de encadenarme”, dijo este lunes el padre a La Voz.
“Hace rato que venimos diciendo que a nuestro hijo le hacen bullying y no hacían nada. Hasta la maestra se le burló una vez por su forma de hablar. Queremos que se haga justicia, queremos que nos escuchen y remuevan a las autoridades que haya que remover”, explicó.
Tanto el niño agredido como los agresores tienen entre 10 y 11 años.
Intervención del Ministerio de Educación
Desde el Ministerio de Educación, tomaron conocimiento de la situación la semana pasada e indicaron que comenzaron a intervenir el martes 6 de septiembre: “A través de la Dirección General de Educación Primaria y la inspección de zona, se tomó conocimiento de esta situación el día 6. Allí comenzó la intervención de la inspección, se activó el acta de vulneración de derechos y se dio participación a las autoridades judiciales”, indicaron desde el ministerio.
“La situación es muy delicada, tanto para la familia damnificada como para la comunidad escolar y para la institución en sí. Por ello, hablamos con la mamá del niño agredido y ofrecimos la intervención de los equipos interdisciplinarios. También intervenimos en lo institucional, para derivar en una investigación administrativa”, explicó Stella Maris Androver, directora General de Educación Primaria del ministerio.
También indicó que se trabaja con la comunidad escolar, es decir, con maestros y padres que manifestaban su afectación en la confianza del lugar.
Androver dijo que hablaron con las madres de los niños que agredieron para trabajar con ellos. “Debemos garantizar la escolaridad y la atención que requieran esos niños, por ello pusimos a disposición nuestros equipos de Educación Especial, Educación Sexual Integral (ESI) y Convivencia Escolar”, aclaró.
Por el momento, los niños agresores no irán presencialmente a la escuela, pero seguirán teniendo clases en forma virtual.
Al ser consultada sobre por qué la escuela dejó que el viernes los niños asistieran a pesar del oficio judicial, Androver indicó: “En eso la escuela no estuvo bien y se lo marcamos a la directora. Entendieron que, al asistir a cursos distintos, no se iban a cruzar, pero obviaron que no debían estar allí”.
En ese sentido, la funcionaria remarcó la necesidad de trabajar con la orientación de las familias de los niños que ejercieron la agresión. Al ser consultada sobre las posibilidades de resolución en estos casos, indicó: “Nunca se abandona a los chicos, puede haber una reorientación en la matrícula (cambiarlos de escuela, o bien de modalidad o de turno) y el trabajo con el acompañamiento”.
Retroceso en su tratamiento
En tanto, el niño continúa con la atención de los profesionales que lo vienen tratando desde hace años. “Hace siete años empezamos a tratarlo con profesionales y llegó a tener muchos avances; esto lo hizo retroceder muchísimo”, explicó Jorge.
“Desde ese lunes, en mi familia no tenemos vida por la angustia que nos genera todo esto. No vamos a descansar hasta que paguen porque siempre nos desoyeron y no protegieron a mi hijo”, concluyó el hombre, conmocionado.
