La Municipalidad de Córdoba cambió su política para enfrentar los basurales que afectan a decenas de barrios de la ciudad. Ahora, el eje está puesto en la responsabilización directa de los dueños de predios, con la posibilidad de sanciones económicas y denuncias penales si no cumplen con sus obligaciones ambientales.
El punto de partida de esta nueva etapa fue el histórico macrobasural de Roque Arias y García Martínez, en la zona oeste de la capital.
A principios de mayo, la Municipalidad denunció penalmente al titular del predio, lo que marcó un precedente inédito en la ciudad.
El basural, que durante años concentró reclamos vecinales, había sido recientemente intervenido con más de 100 viajes de camiones para retirar ocho toneladas de residuos.
“La nueva política busca atacar la causa del problema, no solo la consecuencia. Vamos a actuar con firmeza para que los dueños de terrenos asuman su responsabilidad”, afirmó Gabriel Martín, secretario de Ambiente municipal.
El cambio de paradigma se inspira en la experiencia de la Unidad de Riesgo Sanitario (URS), que desde junio de 2024 articula áreas municipales y provinciales para el control de predios privados.
Actualmente hay 98 macrobasurales mapeados en Córdoba, y todos se encuentran en lotes privados. En 33 de ellos ya se instalaron cámaras policiales, que se monitorean en espejo desde el Centro de Monitoreo Urbano.
Cuando los operadores registran el arrojo de basura en estos sitios, la Policía de la Provincia procede a detener a los responsables, aplicando los delitos de contaminación ambiental u otros incumplimientos legales.
La URS integra equipos de la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Salud, el Tribunal de Faltas, la Guardia Urbana y la Policía. Su intervención comienza con la intimación al dueño, continúa con el labrado de actas y, si no hay respuesta, el municipio limpia el predio, traslada los costos al titular y eventualmente presenta una denuncia penal.
“El mensaje es claro: contaminar el ambiente es un delito. Este antecedente sienta una base firme para futuras intervenciones y establece una vara más alta en materia de responsabilidad ambiental”, remarcaron desde el Ejecutivo.
“El Estado tiene la responsabilidad de intervenir, pero también de exigir a los privados que cumplan con su deber. En esta ciudad, el que tiene un terreno debe mantenerlo cercado y limpio”, sostuvo Martín. El funcionario explicó que la articulación con el Ministerio Público Fiscal permitirá “actuar con mayor rapidez y contundencia” ante los casos más graves.
La Municipalidad señaló que todos los predios identificados como macrobasurales están en terrenos privados, por lo que las acciones se concentrarán en intimar a los dueños, aplicar sanciones, realizar limpiezas por cuenta del municipio y judicializar penalmente los casos de reincidencia o desinterés manifiesto.
En paralelo, la Municipalidad continuará actuando en terrenos públicos, pero bajo un esquema de vigilancia reforzado. A los domos ya instalados se sumarán nuevas cámaras para cubrir los puntos críticos de la ciudad.
Dos predios específicos fueron seleccionados como casos ejemplificadores: Bajada de Piedra en la zona este, y La Ameba en el sudoeste, este último de 54 hectáreas, donde se proyecta la creación de un gran parque.
Multas más caras
Además de las intervenciones directas, el Ejecutivo municipal, en conjunto con el Tribunal Administrativo de Faltas (TAF), envió semanas atrás al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que eleva significativamente las multas ambientales contempladas en el Código de Convivencia.
El expediente, aún en discusión, propone modificar varios artículos y sumar uno nuevo específico para sancionar la publicidad en columnas del alumbrado público.
La iniciativa contempla aumentos sustanciales en las sanciones económicas. Por ejemplo, el artículo 208, sobre higiene de terrenos, eleva las multas de entre 5 y 25 Unidades Económicas Municipales (UEM) a un nuevo rango de 25 a 100 UEM.
El valor actual de una UEM es de $10.112, por lo que las multas oscilarán entre $252.800 y $1.011.200. Montos similares se aplicarán por la incineración de residuos (artículo 211) y por la disposición de neumáticos (artículo 213).
El nuevo artículo 269 bis castigará la colocación de pancartas removibles en el espacio público con multas de 15 UEM por cada una ($151.680), o de 30 UEM si se trata de una empresa ($303.360).
Las sanciones por publicidad sin permiso ya oscilaban entre $151.680 y $3.033.600, según se trate de infractores individuales o empresas.
En paralelo, el Concejo Deliberante también analiza otra modificación del Código de Convivencia, impulsada por el concejal radical Juan Balastegui.
Este segundo proyecto propone endurecer las penas para quienes incumplen las reglas sobre gestión de residuos sólidos urbanos. Las multas para infractores generales pasarían de 200 a 2.000 UEM ($2.022.400 a $20.224.000), y para grandes generadores que no cumplan con requisitos como el registro, la trazabilidad o los planes de gestión, de 100 a 4.000 UEM ($1.011.200 a $40.448.000).
El texto también prevé sanciones accesorias, como la inhabilitación de conductores, la clausura de establecimientos y el retiro de beneficios municipales a quienes infrinjan las normas. En caso de aprobarse, los fondos recaudados se destinarán al Fondo de Recuperación Ambiental y Saneamiento de Basurales.
Finalmente, el municipio recordó que los vecinos pueden colaborar denunciando predios abandonados o con riesgo sanitario a través de la App Ciudadana o comunicándose al 351-610-0517, de lunes a viernes, de 9 a 18.
