Denunciando un alarmante “estado de emergencia”, representantes del sector discapacidad se concentrarán este miércoles a las 10 frente a la sede de Apross para reclamar por la situación “insostenible” que experimentan debido a la desactualización de aranceles nacionales y provinciales.
La concentración será el reflejo de la movilización a nivel nacional que el Foro Permanente para la promoción y Derechos de las Personas con Discapacidad llevará a cabo hacia la Quinta de Olivos para visibilizar la emergencia en discapacidad. Entregarán un petitorio al Presidente Javier Milei, con los puntos necesarios a resolver con el fin de que se garanticen las prestaciones.
Habrá réplicas también en otras provincias como San Juan, Neuquén y Mendoza, mientras que en Córdoba se efectuará una conferencia de prensa para tocar cuestiones de fondo como las prestaciones y las coberturas de los derechos.
En concreto, el motivo de la movilización responde al último aumento otorgado para el área desde Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, el ente encargado de regular los aranceles que pueden facturar los prestadores.
El incremento que se estableció fue del 32% para enero y febrero, muy por debajo del 45% de inflación prevista para ese mismo bimestre. A esto se suma la habitual demora en los cobros de 90 o 120 días, por lo que esa suma se percibiría recién mayo o junio.
Además, la brecha con la inflación anual de 2023 es superior a los 100 ya que esta fue del 220% y los aumentos arancelarios fueron del 120%.
El desfasaje acumulado coloca al sector en una situación crítica. “Los tratamientos se nos hacen absolutamente insostenibles y todos los prestadores del país estamos al límite de fundirnos”, aseguró a La Voz Federico Galindez, presidente de Federación Converger.
Galidez indicó que esta desfinanciación implica, por un lado, la pérdida de 150.000 puestos de trabajo de quienes se desempeñan en centros educativos, hogares y diferentes espacios del área. Por el otro, significaría el desamparo de 200.000 personas con discapacidad que llevan adelante tratamientos en dichos lugares.
“Esas 350.000 personas con su grupo familiar, cada una de ellas, son las que se ven impactadas por esta medida paupérrima de aumento que ha decidido el directorio”, lanzó el referente.
Al desfasaje que acarrean los aportes nacionales, se suma la particular situación local con Apross que según indicó Galindez, aporta la mitad de los aranceles que cubre la Nación.
“Es inminente una interrupción involuntaria de los tratamientos porque no podemos seguir sosteniendo los costos de Afip, de los alimentos, del personal, de blanco, de lavado, de pañales y demás”, agregó.
Y cerró: “Quienes estamos haciendo el esfuerzo para poder sostenerlos somos los prestadores, que aguantamos 120 días de demora en los pagos y la inflación. Todo a costa de poner el cuerpo y de precarizar el trabajo”.
