El 2021 deja atrás 15 mujeres muertas víctimas de femicidio en la provincia de Córdoba, de las cuales cuatro fueron ejecutadas por miembros de las fuerzas de seguridad, tres de ellos policías y uno de la Fuerza Aérea.
El porcentaje es alto. Estamos hablando de que el 26,6% de los femicidas tenía un arma reglamentaria. El porcentaje a nivel nacional es de entre el 10% y 15%.
En estos casos, sus jerarquías y armas son usadas en forma ilegal para ejercer violencia machista en el marco de una institución que le otorga poder. Es esa misma institución a las que las mujeres deben acudir cuando se sienten en peligro, para que las protejan.
El dato del 26% en Córdoba resulta alarmante si lo comparamos con la media nacional pero además si se tiene en cuenta que dos de esas cuatro víctimas pertenecían también a las fuerzas de seguridad y aún así no encontraron la protección necesaria.
Caso por caso
El 14 de febrero de 2021, el policía federal Jorge Juárez (49) atacó a su pareja, Miriam Beatriz Farías (45) provocándole graves quemaduras que terminaron con su vida cuatro días después. Todo ocurrió en el hogar que ambos compartían, en Saldán. La causa ya fue elevada a juicio.
El 20 de febrero de 2021 y tras una larga búsqueda personal de la justicia y la policía, hallaron el cadáver de Ivana Módica (47) en La Falda, que había sido asesinada días atrás por su expareja, Javier Galván, militar de la Fuerza Aérea. Ivana era administrativa de esta misma fuerza y su femicidio causó enorme conmoción en la sociedad. Sus compañeras de trabajo lograron presionar hasta conseguir que se creara un protocolo de actuación frente a casos de violencia de género en el seno de la organización. La causa fue elevada a juicio.
El 4 de octubre de ese mismo año, el sargento de policía Ezequiel Seia (37) asesinó de un disparo con su arma reglamentaria a su pareja Romina Depetris (34) en la localidad de Silvio Pellico, cerca de Villa María. El hombre se suicidó tras el crimen.
Días después, el 10 de octubre en la localidad de Alta Gracia el policía Carlos Suárez (10) asesinaba con un disparo a su pareja Carolina Figueroa (36), también miembro de la policía. El hombre luego se suicidó en un parque de la zona.
Policías victimarios y policías víctimas
Los casos de violencia de género dentro de las fuerzas de seguridad adquieren especial relevancia ya que los victimarios cuentan con una ventaja por su situación de poder que deja aún más vulnerables a sus víctimas. A su vez, quienes son víctimas dentro de la misma fuerza aseguran que cuentan con un protocolo de actuación interna que las deja aún más desprotegidas.
Entre las medidas que se toman a la hora de que una policía denuncie un hecho de violencia de género, inmediatamente tanto la denunciante como el denunciado son pasados a tareas no operativas (TNO) y esto implica que se les quita el arma reglamentaria por el tiempo que duren las medidas cautelares. Además, durante ese tiempo tanto víctima como victimario ya no pueden hacer adicionales, que, aducen, es un aporte importante en la economía de cualquier policía, lo que deja a las víctimas en una situación aún más de vulnerabilidad y que en algunos casos hace que las mujeres no hagan la denuncia.
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Así lo contó una de ellas en una carta abierta y anónima que difundida por la Asociación civil de Derechos Humanos y Violencia de Género: “Mi historia comienza hace unos años atrás, cuando quien era mi pareja comenzó a golpearme hasta dejarme tirada en un charco de sangre, más de 12 veces llamaron los vecinos, ante los gritos y pedidos de auxilio, llegaron y me llevaron inconsciente al hospital donde permanecí por días internada recuperándome”, indicó.
“Ya un poco recuperada apareció el famoso protocolo de violencia familiar, el mismo te borra tus derechos y también pasás de víctima a victimario, te sacan el arma te ponen en tarea no operativa, y allí comienza un nuevo calvario, tratar de demostrar que sos la víctima que no fue tu culpa que te golpearan casi hasta matarte (....) soy madre y el golpeador jamás te quiere pasar nada para sus hijos, en su mente retorcida y con la idea fija de dañarte, siempre tiene una excusa para no mantener sus hijos culpándote y haciéndote pagar una factura de algo que no compraste”, siguió explicando la mujer en relación a la desventaja económica en la que quedan tras la aplicación del protocolo.
“De repente te quedás con un magro sueldo lleno de descuentos por no estar operativa y aquellos adicionales que eran una pequeña ayuda más desaparecen, después de muchos años logré levantar ese maldito TNO (...) es una mordaza al pedido desesperado que hoy tenemos algunas mujeres que sufrimos violencia, soy policía, llevo un arma y tengo la misma formación que los hombres, pero nosotras siempre tenemos que demostrar más”, agregó la mujer.
Frente a esta situación, desde la Asociación Civil de Derechos Humanos y Violencia de Género piden que se actualice el protocolo.
Adriana Rearte es miembro de la organización, que a su vez pertenece a la Mesa Nacional contra la violencia institucional de fuerzas de seguridad y acompaña numerosos caso de mujeres policías que sufren esta situación: “Nosotros empezamos a actuar porque los policías no tienen sindicatos y no tienen cómo reclamar que se respeten sus derechos humanos dentro de la institución. Hemos acompañado casos de mujeres policías violadas por otros policías, mujeres víctimas de violencia de género, mujeres cuyos hijos fueron violados por sus parejas policías y que no encuentran justicia”, explicó.
Desde la Asociación receptan los casos y ponen en contacto a las personas con psicólogas y abogados, acompañan y asesoran en la realización de denuncias y en algunos casos se presentan como Amicus Curiae en las causas judiciales.
Un fallo en contra del protocolo
En junio de 2020 el Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de la ciudad de San Francisco declaró que en un caso concreto la aplicación del Protocolo de Actuación para el Personal Policial en Situación de Violencia Familiar o de Género implicó la revictimización de una mujer policía que había denunciado por violencia familiar a su expareja, que también pertenece a esa fuerza.
En el caso de esta mujer, ella llegó a pedir el levantamiento de medidas cautelares contra su expareja y, luego, admitió que solo buscaba poner fin a la disminución de los ingresos que le generaba esta situación, según indicaron en el portal de Justicia Córdoba.
“Existe un tratamiento igualitario para el denunciante y denunciada y/o agresor y víctima, circunstancia que resulta inadmisible en vigencia del plexo normativo nacional e internacional que pregona la prohibición de todo tipo de violencia contra la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”, explicó en su fallo el juez Andrés Emilio Peretti.
Por ello el juez intimó a la Policía de la Provincia de Córdoba al cese inmediato de la violencia indirecta de carácter institucional, económico y patrimonial que está ejerciendo sobre la agente policial que denunció a su expareja.
Qué dicen desde la Policía
Al ser consultada sobre la temática, la jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belleti, defendió el protocolo de actuación para casos de violencia de género dentro de la fuerza, aduciendo que está pensado para “proteger la vida de la víctima”. Además, indicó que el protocolo, que fue aprobado en 2016 y modificado en 2018, está en etapa de revisión y que hay una comisión trabajando para su actualización.
En relación al fallo del juez de San Francisco indicó: “Desde la institución contestamos que la medida no era posible levantar la tarea no operativa porque el análisis psicodiagnóstico no le daba bien”.
Por su parte, con respecto a la quita del arma que establece el protocolo, la funcionaria explicó: “Se hace la retención preventiva del arma del victimario y también de la víctima porque el agresor podría usar el arma de ella para atacarla. Sumado a que hay una situación de angustia y tristeza que atraviesa la víctima y hay que resguardarla también, para evitar que pueda atentar contra su propia vida”.
En relación a la situación salarial, Zárate Belleti aseguró que el pase a tareas no operativas no implica una diferencia de sueldo con el personal activo como sí sucedía años anteriores: “Años atrás había retenciones, hoy cobran igual. Y aunque la persona no pueda hacer adicionales sí puede realizar lo que llamamos jornada extendida en su dependencia”, aclaró.
“Nosotros tenemos un área de bienestar que hace la asistencia en crisis, es decir, apenas se activa el protocolo, lo primero que se hace es la asistencia de la víctima y el victimario con un equipo de psicólogos. Paralelamente se desarrolla la parte judicial, en donde el juez determinará las medidas cautelares (tobillera o exclusión del hogar, restricción de acercamiento). Trabajamos en coordinación con el Polo de la Mujer con el departamento de Acción contra la violencia de Género a cargo de Andrea Giomi”, explicó Zárate Belleti.
Allí se radicaron durante 2021 un total de 300 denuncias por violencia de género contra miembros de fuerzas de seguridad, según indicaron desde el departamento.
En cuanto al cambio previsto en el protocolo la funcionaria indicó que se incluirá la participación de otras áreas como la que realiza el Polo con la asistencia a varones para hacer un mayor seguimiento de policías que asistan allí. “También ampliaremos cuestiones de prevención y acortar el tiempo en la devolución del arma, es decir dejar la medida únicamente cuando haya medidas cautelares graves”, explicó.
