Hay conflictos sociales que no se resuelven y repiten momentos de tensión durante meses, incluso años. Algunos están relacionados con la educación; otros, con la salud, el ambiente o temas vecinales. Y no necesariamente son problemas inmensos, de muy difícil resolución: hay micro conflictos que también se vuelven crónicos.
Al no encontrar una solución, muchos de ellos “toman la calle” para visibilizarse y encontrar una respuesta de parte del Estado, institución o empresa, la contraparte del conflicto.
Para Andrea Bonvillani, investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas (Iipsi), del Conicet, el concepto de conflicto social está vinculado a situaciones de problemáticas que movilizan acciones colectivas, personas o grupos que se organizan para demandar sus derechos.
Las demandas sociales son variadas y se relacionan con problemáticas distintas. Al respecto, la socióloga Alejandra Ciufolini, doctora en Ciencias Sociales, explicó que “hay demandas puntuales que pueden ser resueltas con rapidez. Por ejemplo, el pedido de presencia policial en un barrio o el de escuelas con problemas edilicios”.
Pero ahí interviene la burocracia, que tiene demasiados pasos, y esa lentitud del proceso “agota la espera”; por eso, las personas demandan “una y otra vez”.
Hay otro tipo de conflictos –por ejemplo, los ambientales o de vivienda– que necesitan de una voluntad política y exigen mayores recursos y tiempo. “Desde cambios de normativas, hasta decisiones de mayor envergadura aún”, resaltó Ciufolini.
La especialista consideró que hay momentos de mayor y menor aceptación de demandas por parte de las administraciones. Y una buena medida para conocer cómo se gestiona es la agilidad que tienen para resolver problemas puntuales.
“Hay lentitud, y las demandas llegan muy rápido. Las comunidades se hartan también rápido y salen a protestar a la calle o impiden el ingreso a las instituciones escolares”, ejemplificó la socióloga.
El conflicto vuelve
Ciufolini afirmó que si las respuestas a las demandas son insatisfactorias, el conflicto va a volver: “Puede no volver al mismo lugar y con la misma forma, pero vuelve, porque no alcanza la respuesta”.
Y entendió que hay un descrédito enorme en las capacidades de las administraciones, de distintos niveles de gobierno, para resolver los conflictos y dar una solución con premura. “Cuando hay deficiencias, burocracia o demoras, se produce una situación de hartazgo”, expresó Ciufolini. “Y cuando no aparecen las soluciones, es común que las personas se pregunten: ‘¿De qué se trata el trabajo de los servidores públicos?’”.
La especialista ejemplificó que “hay conflictos que implican resolver de qué manera convivimos, como la muy discutida Ley de Bosques, que tampoco dejó satisfecha a ninguna de las partes”, argumentó.
“Esa insatisfacción es por el tipo de proceso, que no termina de aceptar acuerdos que vayan hacia adelante. Y las sociedades van cambiando. Por ejemplo, el movimiento Ni una Menos fue enorme. Al sucederse, una y otra vez los crímenes de mujeres, una y otra vez la demanda queda sin resolverse”, afirmó.
También planteó que hay tiempos en los que la demanda se repliega y luego emerge porque el problema sigue irresuelto, y otros que tienen un cierre definitivo. No hay tregua, sino momentos de activación y de reposo.
“La pacificación significa encontrar canales de solución y de acuerdos, no que no haya conflictos. Estos tienen que ver con la actividad democrática”, destacó. Y llamó a encontrar en el debate una fortaleza colectiva para pensar: una manera de interpelarnos con un sentido democrático y que invita a la reflexión sobre la realidad y las problemáticas de las personas.
Disputas vecinales
Mónica Cornaglia, a cargo del Centro Público de Mediación Comunitaria de la oficina del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, explicó que, debido a la compleja realidad, las temáticas de conflictos fueron variando y hoy los que más preocupan son los que tienen como protagonistas a personas con vulnerabilidades.
El tema de mayor consulta es el de los contratos de alquiler. Muchas veces las personas van al Centro con dudas sobre los aumentos, la aplicación del índice; otras veces hay problemas de comunicación entre inquilinos e inmobiliarias por los gastos, entrega de inmuebles o de artefactos, multas por tenencia de animales, entre otros.
“Escuchamos y pasamos a un proceso de mediación para saber qué está pasando. Tenemos un alto porcentaje de acuerdos”, contó.
A la vez, afirmó que hay muchos conflictos entre vecinos sobre ruidos molestos, tenencia de animales o fiestas, entre otros. “Más allá de los casos, cuidamos la relación vecinal. Si los conflictos persisten, es porque no hay una verdadera transformación, no pueden apropiarse del método de autocomposición: que la persona forma parte del conflicto y se responsabiliza sobre lo que está pasando con la vecina o el vecino”, destacó.
El conflicto persiste porque “culturalmente” se aborda con la confrontación y en algún momento queda estancado, pero luego vuelve y escala con violencia. “Si se siente parte del conflicto, aporta una solución y contribuye a la transformación”, agregó. Cuando las personas llegan a un acuerdo, el Centro lo comunica a la Justicia.
De acuerdo con el informe estadístico del Centro de Mediación, del 1° de febrero al 30 de junio de 2023 las consultas recibidas fueron 417 y la cantidad de mediaciones comunitarias resultaron 303. Los conflictos más abordados son sobre medianeras, mascotas, invasión arbórea, ruidos elevados, alquileres y problemáticas ambientales.
En relación con la solicitud del servicio, las mujeres presentaron un total de 200 y los hombres,100.
Cómo impactan en las personas
La investigadora Bonvillani destacó que es necesario no demonizar las acciones colectivas, no connotarlas como hechos de violencia. “Cuando alguien toma una escuela, hace un paro o corta una calle por reclamo, genera antipatía social, pero hay que entender que es una acción extrema de demanda de derechos”, apuntó.
Además, recordó que no son hechos de violencia sino de legítimo derecho que tienen las personas para reclamar. “El derecho al reclamo está consagrado en la Constitución Nacional”, sumó.
Subrayó que el nivel de impacto que produce en las personas que participan de estas acciones difiere si se trata de una acción esporádica o una sostenida durante mucho tiempo, incluso décadas.
“En el caso de la conflictividad de la toma de escuelas, es una situación que se reitera año tras año porque lo que se le solicita al Estado no se cumple. Y se hace insostenible la vida en la comunidad educativa”, dijo.
También resaltó el cansancio como uno de los efectos subjetivos que se dan en conflictos de larga data, porque se sostienen con el cuerpo. “El verbo ‘remar’ alude a una acción que convoca el compromiso del cuerpo”, aportó.
Una lucha colectiva
El conflicto genera un sentimiento de soledad. “Sentirse solo frente a una sociedad que los culpabiliza y cuestiona, que no comprende el sentido de esa lucha social”, admitió Bonvillani. Y paradójicamente –dijo– se da una situación: “Todas estas luchas de grupos determinados reclaman por bienes sociales, defendiendo un bien público; por ejemplo, la educación pública”.
La especialista también expuso que hay sentimientos positivos, el estar acompañados por una red de contención que se genera para transformar la realidad con otros. “Esas prácticas de acción colectiva son importantes. Y hay una cuestión moral de valores altruistas”, indicó.
Las acciones colectivas que reclaman por los derechos demuestran que los ciudadanos organizados pueden y deben reclamar al Estado para que sean tenidos en cuenta, se cumplan –destacó la especialista– y en algunos casos se amplíen. Y añadió: “Muestran las fuerzas y las vitalidades de las sociedades civiles”.
