A poco más de tres meses de que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) entre en vigencia, la implementación en Córdoba y de a poco se van “aceitando” los mecanismos para garantizar los abortos hasta la semana 14, tal cual lo establece establece la norma 27.610. Aunque desde algunos sectores aseguran que todavía falta camino por recorrer.
La realidad y el avance en la temática han sido dispares en el territorio provincial. En eso coinciden las fuentes consultadas de la Provincia, de la Municipalidad de Córdoba, de la Red de Profesionales y de grupos de socorristas. Algunos centros primarios de salud que venían trabajando para garantizar las interrupciones legales del embarazo (las que establece el Código Penal, para las causales de violación o de afectación a la salud de la gestante) ya tenían los equipos armados y sólo hubo que adecuarse a la nueva ley. Otros centros de salud recibieron capacitaciones y comenzaron a armar sus equipos, y otros sólo trabajan en la derivación, ya que su personal médico se declaró objetor de conciencia.
A nivel general, lo que detectaron desde las capacitaciones que brindan la Provincia y el municipio es que había por parte del personal médico un desconocimiento del marco legal y miedo en algunos por las posibles complicaciones de la práctica, algo que, indican, se disipa una vez que se accede a la información correcta. Otros se muestran interesados por las capacitaciones para poder garantizar la práctica.
En lo positivo, valoran que la legalidad da mayor seguridad en la salud y también mayor tranquilidad a las mujeres y sus familias, lo que disminuye el miedo que antes generaba la situación de clandestinidad. También hay preocupación de todos los sectores por la falta de anticonceptivos.
El Ministerio de Salud de la Nación puso a disposición una línea telefónica gratuita para consultas y quejas sobre la IVE. La línea 0800-222-3444 de salud sexual y reproductiva ya existía y en los últimos años se incrementó exponencialmente la recepción de llamados. Durante enero y febrero de este año se generaron 3.943 secuencias. Les llaman “secuencias” a los llamados donde se identifica un incumplimiento en las prestaciones de algún servicio de salud sexual y reproductiva o una vulneración de derechos sexuales y reproductivos o cuando la/el consultora/or de la línea no cuenta con la información necesaria para dar respuesta a la consulta.
Además incluye todas las consultas por interrupción voluntaria y legal del embarazo. De esas 3.943 secuencias, 3.871 corresponden a consultas por IVE o ILE y 94, a métodos anticonceptivos. Las restantes consultas, 68, corresponden a otros motivos, como denuncias por violencia obstétrica, LGBTIQ+, entre otras.
En los 12 meses de 2020 hubo 19.900 llamados, de los cuales 11.595 generaron secuencias. De ellas, la gran mayoría, 10.817, era por consultas sobre ILE o IVE. Un año antes, en 2019, ese mismo ítem contemplaba una cifra mucho menor: 3.722.
A través del 0800 se informa sobre métodos anticonceptivos y anticoncepción de emergencia; obligaciones del sistema público de salud, obras sociales y prepagas; violencia sexual; asistencia posaborto, entre otros.
Los llamados de todo el país se derivan a cada provincia, que debe resolver de inmediato la situación.
Consultas por salud sexual y reproductiva
En la provincia
Esteban Ruffín, director general de Hospitales de Córdoba Capital y vocero de la implementación de la ley 27.610 en el Ministerio de Salud de la Provincia, explicó que en estos primeros meses de aplicación de la ley han tenido una “mejora en la comunicación y en la capacidad de respuesta en todos los organismos, privados o públicos” y que hasta ahora no han registrado complicaciones severas o muertes.
“Este camino tenía que ver con una evolución natural de implementación de la ley. De a poco se está dando una respuesta de mejor calidad y más rápida”, indicó. El funcionario recordó que continúan con las capacitaciones a los servicios de salud, aunque ahora se hacen “cuando hay un pedido o cuando se detecta alguna debilidad”.
“Vamos trabajando sobre grupos. Reformamos los 17 centros de Atención Primaria (CAP) de la Provincia en la ciudad de Córdoba y algunos hospitales concretos. También dimos una capacitación a residentes de medicina a pedido de la Universidad Nacional de Córdoba. Tenemos el teléfono abierto las 24 horas para dar apoyo profesional a quien lo requiera”, indicó respecto de la red de tratamiento que funciona a través de un grupo de WhatsApp de los centros de salud provinciales.
Esteban Ruffin: La ley IVE alcanza al sector público como al privado por igual
Ruffín agregó que las capacitaciones generales se hicieron a los más de 40 hospitales y que allí surgieron dudas respecto del marco legal de la ley. “Hicimos hincapié en la contención de la paciente, ya que llega con una situación incómoda, no deseada, que requiere de una mirada interdisciplinaria. También, en que el sistema sanitario no actúa como células autónomas, sino que requiere una red para generar una atención integral. El objetivo no es sólo garantizar la IVE, sino también articular con el área del programa de salud sexual y procreación responsable, disminuir la tasa de embarazo adolescente, fortalecer los anticonceptivos”, añadió el funcionario.
Desde la red provincial mantienen reuniones mensuales con grupos de socorristas y con representantes de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que vienen trabajando hace años en la temática para articular acciones.
Desde el municipio
En la Municipalidad de Córdoba hay 100 centros de atención primaria de la salud y en todos se garantiza el cumplimiento de la ley. En el 60 por ciento se realiza la práctica y en el 40 restante hay médicos objetores, por lo que ya generaron los mecanismos de derivación hacia los otros centros u hospitales provinciales, según indicó un asesor de la Secretaría de Salud.
Marina Ávila, directora general de Atención Primaria de la Municipalidad, indicó que la implementación de la ley llegó con un trabajo ya iniciado desde la creación de la Comisión de Salud Sexual Integral, a fines de 2019. La médica explicó que, hasta la semana 12 y seis días de gestación, las interrupciones se atienden en los centros primarios, y a partir de la semana 13, se derivan a centros de segundo y tercer nivel para mayor seguridad de la gestante.
La comisión realiza capacitaciones con los equipos zonales. “Brindamos información a los profesionales, llevamos un registro de la medicación que nos llega desde Nación y articulamos con la Provincia. Dejamos todo asentado en la historia clínica y promovemos que se haga un acompañamiento desde la confidencialidad y el respeto”, indicó Ávila.
“Lo que detectábamos en el personal era el miedo a las complicaciones por el aborto y un desconocimiento del marco legal, por eso son importantes las capacitaciones”, agregó. “Deben aprender una técnica más, sobre cómo es el tratamiento con medicación, de sus bajos riesgos, y así disminuye el miedo. En estos meses se ha hecho un avance importante”, destacó Ana Morillo, de la comisión de salud sexual y también miembro de la Red de Profesionales y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Aquellas personas que deciden seguir con sus embarazos se hacen los controles en ese centro de salud, y quienes deciden interrumpirlos se van con un método anticonceptivo. Ávila también remarcó las articulaciones con la Provincia y la Nación. “La persona que llama al 0800 deja sus datos y desde allí se comunican con la Provincia; luego se vuelven a comunicar con ella para indicarle adónde puede ir”, explicó Ávila.
Organizaciones sociales
Lidia Zurbriggen, del colectivo Socorristas Córdoba Hilando, indicó que siguen recibiendo llamados a diario. “Desde el 1° de enero y hasta el 5 de mayo recibimos 918 llamadas, la mayoría de Córdoba capital”. De estos llamados, 857 fueron de personas que pedían información sobre cómo abortar; 42 por información para alguien cercano; dos que ya estaban en proceso de aborto, y 17 por distintas razones (violencia, anticoncepción, entre otras)”, describió.
“Las situaciones que nos plantean varían mucho. Primero les preguntamos si saben que está la ley. La mayoría la conoce, pero no sabe el circuito sanitario, cómo hacer el recorrido, entonces las orientamos en eso. Por eso creo que hace falta una campaña fuerte de difusión sobre este aspecto”, explicó.
Luego, agregó: “Otras nos llaman porque han sufrido situaciones de maltrato, abuso de poder en el sistema de salud y no quieren volver allí, por eso acuden a nosotras. Algunos de esos casos que nos reportaron fueron en la Maternidad provincial”.
Para Zurbriggen, en Córdoba capital se garantiza la ley mejor que en las localidades del interior. Hilando registró –al igual que lo hicieron desde la Red de Profesionales– a la zona norte de la provincia como una de las más complicadas para garantizar la práctica.
“En Jesús María hay un equipo que trabaja bien, pero allí derivamos todos los casos de localidades del norte. Falta un trabajo del Ministerio de Salud sobre esa zona. También detectamos quejas en los departamentos Río Primero y Río Segundo”, indicó. Por su parte, destacó el trabajo que hacen los centros de salud de Traslasierra. En el resto de los lugares, hay una “respuesta dispar”, según la localidad.
A nivel general, Zurbriggen remarcó que la despenalización social del aborto desde hace algunos años ha ido haciendo que las mujeres se acerquen más a los sistemas de salud, pero que aún falta avanzar en información para los profesionales sobre cómo hacer las derivaciones (que deben ser inmediatas), sobre la consejería y para las gestantes también.
Por su parte, desde la agrupación La Rudelar (ex Socorro Rosa) reciben alrededor de dos o tres llamados por día. Desde la organización indicaron que en general articulan con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. “Entre las situaciones que nos plantean en los llamados, algunas dan cuenta de que hay faltante de misoprostol o de que las farmacias no les quieren vender. Incluso muchas reportan que sus obras sociales no les dan respuesta”, explicó Jazmín, de La Rudelar.
En tanto, desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, donde participan más de 200 trabajadores de la salud de toda la provincia, vienen implementando equipos desde hace años para garantizar las interrupciones legales del embarazo (ILE) y ahora las IVE.
María Julia Córdoba, médica generalista que trabaja en el centro de salud municipal 72, de barrio La Floresta, de Córdoba, es parte de la red y también de la Comisión de Salud Sexual Integral de la Municipalidad de Córdoba. Expresó que les preocupa la situación del norte, sobre todo el corredor de la ruta 9. “Desde la Provincia armaron un dispositivo, pero no hay una propuesta clara de capacitación a los servicios y de empezar a generar servicios que garanticen el cumplimiento de la ley en los espacios de salud pública provincial”, dijo.
Desde la Red detectaron que las consultas han aumentado en estos meses. “Que las mujeres consulten a los profesionales de la red significa que están saliendo de la clandestinidad y de esa manera se pueden salvar vidas, porque ya sabemos las consecuencias que tienen para la salud y para la vida de las mujeres las prácticas inseguras”, afirmaron.
“Un dato importante que detectamos es que las mujeres están consultando en las primeras semanas de embarazo, y eso nos da la posibilidad de disminuir tanto los riesgos como las posibles complicaciones”, explicó Córdoba.
La médica además valoró como positivo que las personas y familias que se acercan al centro de salud tengan la tranquilidad y la seguridad “que en otras circunstancias no podían tener”.
“La práctica del aborto estaba relacionada con la clandestinidad y con la imagen de la complicación y de la muerte. Entonces poder explicar que eso no va ser así con la medicación genera en la familia y en la mujer un mejor nivel de seguridad y tranquilidad”, agregó.
Desde la Red indicaron que detectaron una actitud positiva de los profesionales para capacitarse. “Creo que las resistencias vienen más de jefes de servicio o de autoridades que de los mismos profesionales. Con las capacitaciones, muchos perdieron el miedo y armaron equipos para garantizar la IVE. Los que estamos en la Red hace muchos años sabemos que hemos sido los trabajadores los que nos hemos organizado y quienes exigieron a las autoridades que se garantizara el derecho”, concluyó Córdoba.
Qué pasa en las clínicas privadas
Juan Grass, director del hospital Italiano y titular de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia (Aclisa), dijo que, luego de lo que pasó en un primer momento, las instituciones se fueron acomodando y armando sus propios protocolos de atención frente a la IVE, y, a modo general, analizó en forma positiva la situación, es decir, sin mayores complicaciones.
“Al hospital Italiano no ha llegado una demanda importante. Sólo hemos tenido nueve pedidos en tres meses. Uno de ellos provenía de Río Cuarto de parte de una persona que no había podido ser atendida allá”, explicó.
En cuanto a las derivaciones de otras clínicas en las que tienen todos sus médicos objetores, Grass indicó que desde el Italiano no tienen un convenio firmado, pero que la derivación se puede hacer en forma directa.
Clínicas como Sanatorio Allende, Reina Fabiola y el hospital Privado derivan sus pacientes con pedido de IVE a otras clínicas, entre ellas la Clínica del Sol. “Después de la discusión y la grieta inicial, se acomodó todo. La realidad es que es una decisión personal que antes no era legal y ahora sí y se tiene que garantizar el acceso”, concluyó Grass.
