El caso de Laboulaye que tiene a Joaquín Sperani (14) como víctima de lo que hasta entonces se cree que fue un asesinato y que tiene como presunto victimario a un joven de su misma edad, conmocionó a toda la sociedad, que no deja de preguntarse cómo es posible que suceda algo así y también cómo se llega a la verdad cuando el sospechoso es inimputable.
Para ello, dos abogadas de Penal Juvenil, una jueza y la encargada del área de Atención a la Víctima de la Provincia explican el proceso que se lleva en general en este tipo de casos, que es diferente al que rige para adultos donde hay un juez de instrucción que investiga y luego un tribunal que juzga.
Todas refirieron en general a los procesos y prefirieron no hablar puntualmente del caso de Joaquín por desconocer los pormenores del caso. También indicaron que es un caso muy poco frecuente. Pero sí coinciden en que este tipo de hechos no son aislados, sino que tienen que ver con algún derecho vulnerado. Por un lado hay una niño víctima de un delito y por el otro hay un niño que “en algún momento de su infancia vio alguno de sus derechos vulnerados” por lo cual llega a cometer ese tipo de hechos. Con esa mirada puesta en humanizar el relato y no olvidar que se está hablando de niños es que explican el proceso judicial.
El orden normativo de mayor a menor importancia que se aplica en estos casos son: la Convención sobre los Derechos del Niño incorporada en la Constitución Argentina; luego la ley nacional 26.061 que establece el sistema de protección de derechos de los niños y crea la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf); la ley 22.278 de Minoridad (del año 1980) y que es anacrónica en cuanto a lo que plantea la Convención. Por último, en Córdoba está la ley provincial 9.944 que establece el sistema de protección y el procedimiento penal.
La ley Penal Juvenil de Argentina establece que una persona de entre 16 y 18 años es “eventualmente punible”, es decir que puede ser imputado e investigado en un proceso penal, solo que se hacen dos juicios: uno que determina si hubo responsabilidad en ese caso y se determina una medida por un período de prueba y con condiciones que tiene que cumplir. Y luego se hace otro juicio para establecer cuál ha sido el resultado y si sirvió para que el adolescente resocializara o por el contrario, es necesario imponerle una pena de prisión pero con una escala penal inferior a la de un adulto, reducida a tentativa de ese delito. Todo esto se realiza entendiendo que el hecho que cometió lo hizo en condiciones distintas del desarrollo de una persona adulta.
Por su parte, los niños que tienen entre 10 y 16 (hasta 15 incluidos) son “no punibles”, es decir no pueden ser condenados ni privados de su libertad, considerando, aún más, que lo que haya realizado se enmarca en otro proceso de maduración de su psiquis y de su persona. Esto afecta en la toma de decisiones, en el control de los impulsos, en lo que puede racionalizar sobre las consecuencias de sus actos. Por todo esto se les da un tratamiento diferente.
“Un niño menor de 16 años no puede ser objeto de castigo, pero eso no significa que no se haga una investigación penal. La obligación es investigar y si bien el niño no puede ser objeto de penas sí pueden tomarse intervenciones coactivas, sí hay consecuencias sobre su vida y debe haber un abordaje (ya sea un tratamiento o lo que la situación requiera en cada caso para que no vuelva a ocurrir”, explicó Lyllan Luque, abogada y profesora de la materia Penal I y Criminología de Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
Proceso
La jueza del fuero Penal Juvenil de 3° Nominación de la ciudad de Córdoba, Ileana Benedito, explicó cómo se da el proceso: “En los casos donde hay niños de entre 10 y 16 años no interviene el Ministerio Público Fiscal en Córdoba. Cada provincia tiene su procedimiento. Lo que es común es que no se hace un juicio oral ni se impone una pena. El que investiga es el tribunal, los jueces de Penal Juvenil en la ciudad de Córdoba o los jueces multifuero en el interior”.
Benedito indicó que el desarrollo de la investigación dependerá de la complejidad del hecho. El juez realiza la investigación, analiza pruebas, pericias, declaraciones, etcétera. Si con todo ello determina que hubo intervención de ese niño o adolescente se va a mediación o a una práctica de justicia restaurativa. “Esto es obligatorio para el juez y con esta instancia se busca una forma de reflexionar y pensar lo que ha pasado pero que sea diferenciada a la de los adultos”, apunta.
Las medidas respecto del adolescente el juez las remite al sistema de protección de derechos de niños (Senaf) que tienen equipos técnicos que hacen un abordaje de la situación: ahondarán en las condiciones de vida del adolescente, qué ha pasado y qué medidas de apoyo se pueden tomar, ya sea un tratamiento psicológico o por drogas, entre otros.
También evaluará el desarrollo del hogar y si se detecta alguna vulneración a sus derechos. Puede incluso tomar una medida de excepción, es decir, separarlo de su casa, o hacerlo por un tiempo para resguardar su integridad en caso de que haya riesgo de que otras personas lo puedan ubicar y hacerle daño. Esto luego pasa a un control de legalidad con otro juez (en capital con un juez de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar y en el interior con un juez multifuero).
La casuísitica es muy distinta y depende en cada caso, analizan las especialistas. Los casos varían también cuando en un mismo hecho está sospechado un no punible y un adolescente de 16 años. Ahí interviene el fiscal penal juvenil. En caso de que en la causa esté sospechado un niño no punible y un adulto (mayor de 18), el proceso es investigado por un fiscal de instrucción que irá comunicando los avances al tribunal Penal Juvenil que tiene que adoptar medidas sobre ese niño.
La jueza Benedito aclara que los plazos de investigación de las causas con adolescentes punibles son menores que la de adultos.
Crisis y violencia
Si bien este tipo de casos como el de Laboulaye es muy poco frecuente, las tres especialistas advierten que hay un incremento de la violencia en jóvenes producto del mismo proceso general de la sociedad. “Para mí no son hechos aislados, no ocurren de un momento para el otro. Seguro hay otras cosas que han venido sucediendo y no han sido advertidas por adultos”, dijo Marysel Segovia, abogada especializada en Niñez, profesora de la UNC e integrante del Servicio habitacional y de Acción Social (Sehas) y del Colectivo Nacional por los derechos de infancia y adolescencia.
Para ello asegura que es imprescindible el acompañamiento del Estado para poder modificar este tipo de conductas. “La violencia no es propia de los adolescentes, Hay mucho individualismo y violencia en los vínculos entre adultos también. Con la gente que trabajamos en los territorios sentimos que hay más distancia entre el mundo joven y los adultos, los estamos abandonando mucho. Hay niveles alarmantes de consumo de drogas en los barrios, tienen más accesos a juegos violentos. Todo influye. Son pocos los lugares de escucha de adolescentes y además están desbordados. Falta una política pública que intervenga en serio con esto”, remarcó Segovia.
En ese sentido, Benedito reflexionó: “Lo que llega a Penal Juvenil es un reflejo de la crisis general de la sociedad. Las estadísticas dicen que 6 de cada 10 niños son pobres. Y esto significa que hay muchos niños con sus derechos vulnerados, que no van a la escuela, que muchas veces están sin cuidados parentales, en la calle, expuestos a situaciones de consumo. Y estar en la calle no es lo mismo que estar en la escuela. El deterioro que genera el consumo en adolescentes es muy muy grave y muy rápido. En los últimos 10 años ha aumentado mucho”.
A este factor se le suma que ha habido mayor abandono de la escolaridad con la pandemia.
Acompañamiento a las familias
Alicia Saluso es subsecretaria de Asistencia a las Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en diálogo con La Voz explicó cómo es el sistema de acompañamiento a la víctima y cómo fue la intervención en el caso de Laboulaye. “Salvo en situaciones de violencia familiar o de género que la asistencia la hace el Polo, en el resto asistimos a las víctimas de manera espontánea o derivadas por tribunales. Cuando tienen tanta repercusión pública lo hacemos in situ con las víctimas”, dijo Saluso.
El viernes pasado habían tomado contacto con un familiar de Joaquín cuando lo estaban buscando y luego el domingo cuando se conoció el fatal desenlace. “Asistimos de manera interdisciplinaria con psicólogo, trabajador social y abogado. En este caso también estaban trabajando la Senaf y las Unidades de Desarrollo Regional (Uder) de Laboulaye y el equipo técnico del hospital y del municipio.
“Para evitar una sobre intervención, nos reunimos todos y coordinamos acciones para ordenar cómo sería la intervención. En este caso tenemos dos víctimas. Aún no se puede determinar qué ha pasado. La Senaf está trabajando con la familia del niño sospechado”, indicó Saluso.
Legalmente Senaf tiene que hacer una asistencia socioambiental donde se realizan informes de manera familiar y grupal y una valoración de la situación que está ocurriendo, para garantizar los derechos de ese niño de 14 años y resguardar su evolución psico- emocional.
La profesional indicó que se trabaja para dar acompañamiento terapéutico a la familia de Joaquín y a sus hermanitos. También en el club de fútbol donde iba Joaquín y en la escuela. El cimbronazo ha sido terrible porque coincidió también con la muerte reciente de otros jóvenes, por otras causas.
En cuanto al análisis de la situación, advierte que hay mucha criminalización en la mirada hacia los niños y en la señalización de unos contra otros sin resguardo de las identidades. “Hay chicos que se están culpando entre ellos y amenazando. Hay que resguardar su psiquis”, remarcó.
