Este lunes comienza en los Tribunales de Río Cuarto el juicio por el caso de Solange Musse (35), la joven de Alta Gracia que murió de cáncer sin poder despedirse de su padre, Pablo Musse, en plena pandemia de Covid-19.
La joven llevaba una década luchando contra un cáncer de mama. Se había mudado a Córdoba con su madre en busca de una nueva medicina, cuando se decretó el confinamiento.
El 16 de agosto del 2020, Pablo Musse viajó desde Plottier, Neuquén, rumbo a Córdoba. Viajaba acompañado por su cuñada, Paola Oviedo (oriunda de Alta Gracia) una persona con discapacidad, con paraplejia. En Huinca Renancó los demoraron, testearon y les impidieron continuar viaje para el reencuentro. Sin atender a su particular situación, los obligaron a volver a Neuquén, escoltados por la policía, sin autorizarlos a parar ni siquiera para comer o ir al baño.
Solange Musse (35) reclamó públicamente en una carta. “Acuérdense, hasta el último suspiro tengo mis derechos”, expresó la joven, quien atravesada por el dolor y la impotencia también denunció el trato “humillante e inhumano” dado a su padre y su tía. Pero no fue escuchada. Murió horas después.
A cinco años, la Justicia sienta en el banquillo a dos personas: Eduardo Javier Andrada, médico y entonces director del hospital de Huinca Renancó, y Analía Elizabeth Morales, trabajadora social que cumplía funciones en el ámbito sanitario del COE en Río Cuarto. Se interpreta que ellos habrían tomado la decisión de que Musse no ingrese a Córdoba. Están imputados por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Carlos Nayi, abogado de Musse, relató: “El padre y la tía llegaron a las 6.30 de la mañana a Huinca Renancó, por ruta 35. Y luego de dos horas y media, después de unos testeos rápidos (le da positivo para anticuerpos) le prohíben el ingreso a la Provincia, desconociendo el protocolo número 48 y el derecho en situaciones impostergables y de urgencia, de dar el último adiós al ser querido, que no podía ser negado”.
Según el letrado, la acusación contra Morales y Andrada se basa en que el decreto de necesidad y urgencia, de aislamiento social preventivo y obligatorio, 297/20, “contenía excepciones que no las supieron leer y si las leyeron no quisieron poner en práctica, una manera particular de delinquir con un enorme daño, para Solange que no pudo despedir al padre y para el padre que no pudo darle un último abrazo”.
El abogado subrayó que el protocolo 48, contemplaba la posibilidad de excepciones humanitarias en casos críticos, lo que nunca se gestionó para Pablo Musse.
¿Otras responsabilidades?
La fiscalía de Instrucción de Huinca Renancó inicialmente imputó a cuatro personas, además de las mencionadas, al policía de la Caminera Darío Mansilla y a Sergio Alí, médico pediatra de la localidad.
El juez de Claudio Mazuki sobreseyó a Alí y a Mansilla pero dejó sentado que el ministerio público deberá continuar la investigación “de otros posibles hechos delictivos con otros probables autores”.
El magistrado pidió determinar si hubo responsabilidad del ex presidente Alberto Fernández o de otros funcionarios. Sugirió profundizar qué fue lo acontecido a la hora de llegada de Pablo Musse al control policial.
Para el juez, también deberán investigarse posibles hechos delictivos surgidos de la declaración del ex coordinador del COE Diego Almada Bonfigli. Se trataría de presuntas falsedades adosadas a un documento con su firma, relacionadas con la función de Morales.
Días atrás, el papá de Solange consideró “una vergüenza que haya sólo dos imputados” y el tiempo que demoró la Justicia en hacer el juicio.
Su abogado, Carlos Nayi, afirmó: “Se trata del primer juicio en el que se analizan responsabilidades funcionales por todo lo vivido de manera excepcional en época de pandemia, donde se sembró anomia institucional, indiferencia hacia el derecho, hubo claros abusos de los decretos de necesidad y urgencia con gravísimas consecuencias”.
Y aclaró que “no se agota la responsabilidad en estos dos, que son los primeros que llegan a juicio con la imputación de violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”. En ese sentido, informó que “ya fueron extraídas copias del expediente a los fines de analizar probables responsabilidades que pueden llegar a alcanzar al ex titular del Poder Ejecutivo, Alberto Fernández”.
En su momento, quienes defendieron la decisión del puesto de control argumentaron que los dos test rápidos que le hicieron a Musse dieron “dudosos” y que los protocolos requerían un estudio de PCR negativo
En su momento, quienes defendieron la decisión del puesto de control argumentaron que los dos test rápidos realizados a Musse arrojaron resultados “dudosos” y que el protocolo exigía un PCR negativo.
Sin embargo, el padre de Solange había tramitado los permisos de circulación y había enviado un mail al COE explicando que no podía hacerse la prueba: en Neuquén costaba 8.500 pesos y no se la realizaban gratis por no presentar síntomas.
En la requisitoria, se consigna que el médico Eduardo Andrada le dijo a Analía Morales: “tenemos que rebotar a este a Plottier, Neuquén”. La defensa sostiene que Andrada nunca fue informado de que “el hombre con testeos positivos” viajaba acompañado por su cuñada, una persona con discapacidad con domicilio en Alta Gracia, ni tampoco de la enfermedad terminal de Solange. En cuanto a Morales, se niega que haya tenido responsabilidad funcional, ya que trabajaba en Río Cuarto y no conocía Huinca Renancó.
Lo cierto es que Musse y su cuñada fueron obligados a regresar a Neuquén. Patrulleros de Córdoba, La Pampa, Río Negro y Neuquén se turnaron para escoltarlos más de 700 kilómetros, sin permitirles detenerse en baños ni para comprar comida.
Ese 17 de agosto, exhausto, Pablo Musse logró que le hicieran un PCR en Plottier. Recién cuatro días después, le dieron el resultado: fue negativo. El 21 de agosto, a las 10, le confirmaron al padre de Solange que no tenía Covid. Su hija había fallecido una hora antes en Córdoba, sin poder darse un último abrazo.
