Luego de nueve años de la desaparición de Marisol Reartes (18) y su niña de dos años, comenzó este lunes en Villa Dolores el juicio, con jurados populares, al único acusado por las muertes de ambas. Juan José Murúa (36), quien ya purga condena en San Luis por un femicidio anterior en esa provincia, llegó a Tribunales en medio de un operativo de seguridad inédito para la región.
La joven y su hija, Luz Morena Oliva, desaparecieron en la zona de Villa de las Rosas en febrero de 2014, presuntamente después de encontrarse con Murúa. Se cree que el hombre las mató a golpes y las hizo desaparecer en cercanías al dique La Viña. En ese entonces no se sabía que, en 2009, el delincuente había asesinado y ocultado el cuerpo de Brenda Arias (19) en la ciudad puntana de Villa del Carmen.
Recién en 2018 fue condenado a 38 años de prisión por ese crimen. En diciembre de 2020, Murúa se fugó de una cárcel de máxima seguridad de San Luis, para ser recapturado a las pocas horas. El caso ha conmovido a Traslasierra en la última década.
En 2022, la fiscal Lucrecia Zambrana imputó a Murúa por “homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio) y homicidio simple, en concurso real”. El hombre, vecino de siempre de la familia Reartes en la localidad de Los Hornillos, habría mantenido un vínculo intermitente con la joven madre.
“No tenemos ninguna duda de que el asesino es Murúa. Por su perversión, es seguro que él las mató a las dos, pero tenemos la esperanza de que diga dónde están sus cuerpos, porque necesitamos al menos tener a dónde ir a llorar a mi sobrina”, dijo Gabriela Oliva, tía de la niña. Su pequeño cuerpo nunca apareció. El deceso de Marisol, en cambio, fue confirmado a fines de 2018, luego de que su cráneo apareciera entre el paraje Los Pozos y el lago La Viña.
El juicio tiene esa particularidad: nunca se encontraron evidencias físicas del deceso de la niña, y sólo una parte del cadáver de la joven. El proceso llega luego de nueve años de investigación y de intensos reclamos de Justicia por parte de familiares, vecinos y organismos de Derechos Humanos de la región.
Una agresión “repetida”
Marisol había crecido en el pueblo de Los Hornillos, en una familia vulnerable vecina de los Murúa. A los 16 años, fue madre de una niña producto de su vínculo con Damián Oliva, otro joven del vecindario, con quien no continuó su relación.
El lunes 2 febrero de 2014 después de las 8, luego de dormir en la casa de su madre, en el paraje Los Pozos, jurisdicción de Villa de las Rosas, la adolescente partió con su niña en brazos hacia la ruta 14. Se creía que tomaría el colectivo para llegar a Los Hornillos. Nunca más fueron vistas. La chica no llevó ropa, ni dinero, ni mamadera, ni nada que hiciese pensar que con la niña emprendía voluntariamente un viaje. El auto de Murúa fue visto esa mañana en el sector.
“No aguanto más, me quiero ir”, se leyó ese día en la cuenta de Facebook de Marisol. La publicación tranquilizó inicialmente a sus familiares. Hoy se asegura que su celular habría sido manipulado por su victimario, quien hizo lo mismo cuando ultimó a Brenda Arias en San Luis. En los dos casos, Murúa se mostró solidario con los familiares de las desaparecidas, y simuló colaborar con ellas.
La búsqueda de la joven y su hija alcanzó a toda la región y otras provincias. La revelación de la muerte de Marisol, en 2018, eliminó varias hipótesis, como que podrían haber sido víctimas de una red de trata.
En la primera audiencia testimoniaron Ignacia Gutierrez, la madre de Marisol, y Alicia Mattio, abuela paterna de Luz Morena. Eduardo Cuneo es querellante por parte de las familias de las víctimas. Luis Castro defiende a Murúa y Sergio Cuello es fiscal de cámara. El tribunal está integrado por Santiago Camogli, Carlos Escudero y Facundo Gil.
