La empresa Uber criticó con dureza a la Municipalidad de Córdoba luego de que la bancada oficialista en el Concejo Deliberante presentó un proyecto que establece multas que superan los $ 2 millones para autos que operen bajo esa aplicación o similares.
“Van a cumplirse tres años desde que la Justicia de la provincia de Córdoba reconoció expresamente que el servicio de transporte que prestan las personas registradas en la app de Uber es una actividad privada y lícita”, señalaron oficialmente desde la empresa.
Y agregaron: “En este tiempo, Uber creció y hoy es parte del día a día de Córdoba como en más de 25 ciudades en toda la Argentina. Cada mes, son más de 5.900 las personas que se conectan a la aplicación para generar ganancias y más de 140 mil las que se mueven con Uber en Córdoba. Y sólo en la primera mitad del año, taxistas de Córdoba superaron los 100 mil viajes a través de la aplicación”.
En esa misma línea, acusaron a las autoridades de actuar “de manera arbitraria e ilegítima, ignorando a la Justicia y a los usuarios, persiguiendo a quienes manejan utilizando aplicaciones, para ahora elevar multas e intentar así detener el avance de la tecnología que los cordobeses eligen”.
El comunicado concluye: “Desde Uber, sabemos que el diálogo abre oportunidades para mejorar la movilidad en las ciudades y estamos siempre a disposición para recorrer ese camino. Nuestro compromiso es con los usuarios, conductores y taxistas que encuentran en Uber una solución de movilidad y una oportunidad de ingresos.”
El proyecto con más multas
La iniciativa modifica el artículo 181 del Código de Convivencia Municipal, que establece que quienes “presten u ofrezcan servicio de transporte de personas sin habilitación municipal serán sancionados con multa de 100 a 300 UEM, y con la inhabilitación definitiva para ser licenciatario de todo servicio público o privado municipal”.
Hoy, el valor de la UEM es de $ 2.308, por lo que las sanciones van desde los $ 230.800 hasta los $ 692.400.
El proyecto impulsado por el oficialismo agrega que, “en el supuesto que el viaje hubiere sido concertado a través de una agencia, central o aplicación no habilitadas, la sanción se triplicará”.
Es decir que la escala de sanciones irá, siempre con los valores vigentes al 7 de septiembre de 2023, desde $ 692.400 (300 UEM) hasta $ 2.077.200 (900 UEM).
En los argumentos, los concejales peronistas sostienen que deben ser “ejemplificadoras las consecuencias que se prevean ante la comisión de las faltas descriptas”.
Y remarcan que el Código de Convivencia, que establece las sanciones dirigidas a quienes presten servicio de transporte de pasajeros en autos de alquiler con chofer fuera del marco de legalidad, “no resulta suficiente para desalentar dicho accionar ilegal”.
“El hecho de establecer un régimen sancionatorio acorde y racional a los fines de limitar la comisión de hechos en infracción es una cuestión necesaria no sólo a los fines de hacer cumplir la normativa específica que regula el servicio, sino en cuanto a evitar la competencia desleal en la prestación del servicio”, argumentan los ediles.
También señalan que quienes prestan un servicio de forma regular y habilitada “cumplen una serie de requisitos legales, reglamentarios y tributarios exigidos por el municipio, por lo que es razonable, justo y necesario que aquellos que desarrollan la actividad de manera ilegal operando y derivando viajes sean pasibles de un reproche disciplinario ejemplar acorde con la violación de la norma”.
