La Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo Deliberante de Córdoba despachó este lunes, de manera favorable y con el voto del oficialismo, 12 proyectos de ordenanza que ratifican convenios urbanísticos entre la Municipalidad y desarrollistas privados. Esos convenios permiten excepciones a las ordenanzas vigentes y autorizan 7.800 lotes en 380 hectáreas, la mayoría en la zona norte de la ciudad.
Desde la oposición criticaron la celeridad del tratamiento de los expedientes, que tomaron estado parlamentario el jueves pasado y serían aprobados en la sesión de este jueves.
Los concejales de Juntos por el Cambio, Esteban Bria, Lucas Balian y Ricardo Aizpeolea, cuestionaron la aprobación de estos convenios planteando una serie de objeciones.
Los concejales coincidieron en que los convenios plantean problemas ambientales, ya que se pretende urbanizar zonas que actualmente “cumplen funciones de amortiguación ante inundaciones o que son áreas de recarga de acuíferos”.
En particular, Bria y Balian señalaron que los convenios en la zona norte de la ciudad pretenden utilizar algunas zonas que actúan como lagunas de retardo. “Sin la construcción de obras de infraestructura que contengan las aguas, habrá zonas que sufrirán graves inundaciones”, remarcaron.
Los ediles también cuestionaron las compensaciones que recibirá la Municipalidad por la aprobación de los convenios. Los radicales estimaron que la plusvalía generada por los convenios asciende a U$S 234 millones, mientras que las compensaciones para el municipio se estiman en $ 10 mil millones. Los concejales consideran que estas compensaciones son insuficientes, ya que deberían casi triplicar ese monto.
Los concejales también expresaron su preocupación por la presión que los convenios ejercerán sobre los servicios públicos. La incorporación de casi 400 hectáreas al uso residencial “va a agravar los ya precarios servicios públicos en la ciudad”, afirmaron.
“Hoy la Municipalidad no puede garantizar servicios de calidad como el alumbrado, el transporte, las cloacas, la seguridad, pero sigue ampliando la superficie donde debe prestar estos servicios”, remarcaron en un comunicado conjunto Bria y Balian.
El concejal Ricardo Aizpeolea apuntó al Distrito Aeropuerto: “Se pretende una alta urbanización en un área que actualmente carece de infraestructura básica, como servicios de agua, electricidad y saneamiento”.
El edil planteó inquietudes sobre la cercanía del distrito al aeropuerto internacional de Córdoba y cómo esto podría afectar las comunicaciones y el crecimiento de la actividad aérea. Añadió que la zona alberga tanto establecimientos industriales como barrios históricos y populares, lo que plantea preguntas sobre la convivencia y sobre la infraestructura necesaria.
En relación con los proyectos de la zona sur, Aizpeolea mencionó que no deberían materializarse antes de resolver la problemática de las napas y el anegamiento del suelo.
Otro punto de preocupación que planteó es “la falta de claridad en los convenios sobre la obligatoriedad de construir y ubicar establecimientos escolares y de salud públicos en las nuevas urbanizaciones, lo que podría resultar en problemas de transporte y movilidad en el futuro”.
Aizpeolea también destacó la falta de claridad en cuanto al destino de los más de $ 10 mil millones de plusvalía que generaría la Municipalidad con estos convenios, así como posibles controversias legales con las normativas existentes.
El concejal pidió que los expedientes se mantuvieran en estudio hasta que se disponga de información más completa y se involucren a todos los actores interesados en el proceso. Aizpeolea subrayó que no se opone a la herramienta de convenios urbanísticos, pero considera fundamental que se utilice de manera transparente y en beneficio mutuo tanto para los privados como para la ciudad.
