Córdoba fue pionera en sancionar la primera ley de cuidados paliativos del país, en mayo de 2002. La norma garantiza los derechos de los pacientes a recibir un tratamiento que controle sus síntomas, mejore la calidad de vida y alivie el dolor, tanto físico como emocional.
Si bien en un comienzo estuvo orientado hacia pacientes terminales, hoy el 70 por ciento de las personas bajo tratamiento tienen larga tela para cortar: son enfermos crónicos (como algunas patologías derivadas de accidentes, esclerosis múltiple, ELA, entre otras). El objetivo es contenerlas mediante la asistencia de un equipo interdisciplinario.
Sin embargo, la ley todavía no fue reglamentada.
A nivel nacional, otro proyecto similar (que obtuvo media sanción en el Senado) corre riesgo de perder estado parlamentario. Por eso distintos organismos aunaron esfuerzos para concientizar sobre los derechos de estos pacientes. Y pedir que se sancione la ley, en octubre, cuando se conmemora mundialmente el mes de los cuidados paliativos.
Estos tratamientos figuran en el Programa Médico Obligatorio (PMO), una especie de “cartilla” nacional con las prestaciones que deben cubrir las obras sociales y garantizar, para quienes no tienen cobertura, los hospitales públicos. También figuran como derecho en la nueva versión del Código Civil, modificada en 2015. Sin embargo, muy pocas personas acceden y tienen conocimiento sobre este tipo de acompañamiento.
La primera razón para reglamentar la ley provincial (las provincias no delegan sus facultades en salud) es que este tipo de acompañamiento no es sólo necesario para el paciente sino también para la familia, que muchas veces se desmorona o no sabe cómo mantenerse a flote ante la difícil situación de un hijo que sufre por una larga enfermedad.
Una norma de la filosofía paliativista es que, cuando una persona se enferma, también se enferma su entorno. “Para que una familia pueda llevar un cuidado efectivo, sin desgastarse, necesita un acompañamiento. Tener espacios, poder hablar. Los entrenamos para que sepan pasar una medicación y también cuidar. Cuando ese pilar claudica, los ponemos a descansar y nos encargamos del paciente en el mejor entorno que pueda tener”, explica Fernanda Marchetti, coordinadora del Área de Bioética del Ministerio de Salud provincial.
El segundo motivo es que, a diferencia de lo que se piensa, esta ley significa un ahorro para el sistema de salud si se lo analiza de la siguiente manera: el 40 por ciento de los gastos totales de la asistencia médica se producen en los últimos seis meses de vida. La norma establece distintos tipos de cuidado, desde el domiciliario hasta el hospitalario, según el nivel de complejidad. Y al coordinar con el primer nivel de atención (la red de dispensarios de los municipios), permite liberar camas en grandes clínicas y hospitales.
Si partimos de la base de que el sufrimiento no es sólo físico sino también emocional, entonces el acompañamiento debe ser interdisciplinario. Esta es la tercera razón para promover la reglamentación. Un equipo de psicólogos, trabajadores sociales y acompañantes terapéuticos puede garantizar no sólo la reinserción social de los enfermos crónicos, sino también un espacio de paz en los últimos días de vida de los pacientes terminales.
El caso de Solange Musse, la joven que falleció sin poder despedirse de su papá, puso de manifiesto la importancia del último adiós y aquí también juegan un rol fundamental los cuidados paliativos y la bioética.
Esta ley además establece un marco más amplio, donde confluyen otras normas: la de muerte digna (que fue reglamentada muchos años después de haberse aprobado); incluso la discusión por la eutanasia.
Finalmente, al concretar mediante resolución un proyecto que fue aprobado en recinto, se cierra un ciclo de largas luchas, familiares y profesionales, para que se garanticen los derechos de los pacientes y se mejore la calidad de sus vidas.
