El 28 de marzo de 2017, una copiosa tormenta azotó a la zona cercana a Villa Parque Santa, una localidad ubicada a 25 kilómetros de Córdoba Capital. Muchos vecinos sufrieron consecuencias en sus viviendas, pero el ingreso de agua en la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Taym llevó a una investigación judicial sobre las posibles consecuencias ambientales.
Tres directivos terminaron imputados, pero ahora fueron sobreseídos por prescripción.
Taym se ubica sobre ruta 36 y es propiedad del grupo Benito Roggio e Hijos. El propio gobernador Juan Schiaretti había señalado: “Estuvimos a un tris del desastre ambiental”.
Por ese entonces, y tras los peritajes realizados durante tres meses, el fiscal de Instrucción de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, imputó a tres directivos de la empresa Taym SA por contaminación ambiental, a raíz de los derrames generados desde esa planta de residuos industriales tras la tormenta.
El agua de la inundación ingresó a la planta de tratamiento de residuos peligrosos y salió hasta caer en el canal Los Molinos, que lleva agua para potabilizar hacia la capital provincial.
Los imputados eran Alberto Esteban Verra, presidente de Taym (en Buenos Aires), la ingeniera María Áraoz, responsable técnica, y César Ernesto Ripsky, gerente operativo de la planta en Córdoba.
La planta de Taym había quedado totalmente anegada. En ese lugar existen derivados de petróleo, químicos, metales y plásticos, industriales, entre otros.
En su momento, tanto la empresa Aguas Cordobesas como el ente regulador provincial Ersep habían señalado que el agua de consumo no se había visto afectada.
Sobreseimientos
El delito de contaminación ambiental (dolosa) tiene una pena de tres a diez años de prisión, pero ahora la causa se cayó.
El juez de control Claudio Lasso dispuso en las últimas horas el sobreseimiento por prescripción de la causa de los tres directivos, informaron fuentes judiciales a radio Mitre.
Al pasar más de dos años de la causa, el juez entendió que el delito había prescripto. Trascendió además que el fiscal Otonello, tras analizar la resolución, podría apelar la decisión del juez de control de Alta Gracia.
