El 23 de mayo, a las 12.05, nació por parto natural un bebé en el hospital Neonatal. I.N.B.G pesó 3,6 kilos. Ocho horas más tarde, el niño se descompensó y murió a las 20.45 en el centro de salud.
Este caso es clave en la investigación que lleva adelante el fiscal de Instrucción Raúl Garzón. Según consta en el expediente, la mujer solicitó la autopsia porque tenía dudas sobre la causa de muerte, pero alguien (una persona que ella describe como un directivo) la desalentó.
Cuando prestó declaración ante el fiscal, la mujer contó que una agente de salud “que no estaba vestida de médica en ese momento” le dio la noticia de que su bebé había fallecido cuando se encontraba en una sala común. “Le insistí en que quería hacer la autopsia una y otra vez”, relató.
La madre aseguró que aquella agente de salud era la directora del hospital, aunque sus descripciones físicas no coincidieron con Liliana Asís, quien en ese momento estaba a cargo de la Dirección. Sí aseguró que era una profesional con jerarquía. También relató que, en ese momento, ingresó una partera. “Entre las dos me decían que no le hiciera la autopsia al bebé porque iba a ser más duro para mí, iba a ser un golpe. Como estaba muy dolorida, me dejé guiar por lo que ellas me dijeron y decidí no hacer la autopsia”, según consta en el expediente.
Este caso es muy relevante en la línea de tiempo que construyó el fiscal, en la investigación que terminó imputando a funcionarios del Ministerio de Salud y a directivos del hospital por “omisión de deberes de funcionario público”. Es decir, por no haber denunciado las muertes a tiempo. El 6 de junio ocurrieron dos muertes más que, a la luz de los hechos, el fiscal considera que podrían haberse evitado.
“Me guie por lo que me dijeron, que había sido una muerte súbita, un paro cardiorrespiratorio”, continuó la mujer.
La mamá que dio a luz el 23 de mayo contó que tuvo dudas respecto de la causa de muerte de su hijo. “Estaba tan mal que con el solo hecho de escuchar el llanto de los bebés me hacía mal. Me fui a la entrada del hospital, en una especie de sala de espera”.
En el relato, comentó que, durante la madrugada del 24 de mayo, una médica apareció para darle el pésame. Vestía un ambo blanco. Le dijo hiciera la autopsia, que insistiera. “Andá a hacérsela porque, si tu hijo nació sano, cómo puede ser que se haya muerto”.
Sin embargo, la mujer no pidió esa prueba. “Por lo que me habían dicho la directora y la partera. Mi mamá me apoyó en la decisión”, explicó.
Cómo se notifican las muertes infantiles
Todas las muertes de menores de 5 años deben notificarse al Ministerio de Salud provincial. Los hospitales y clínicas deben enviar dos formularios: uno que notifica los datos del paciente y la causa preliminar de muerte. Y otro que amplía la notificación y detalla las causas básicas, intermedias, directas y contribuyentes a esos decesos.
Según consta en el expediente, la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud recibió el 7 de junio la primera notificación del fallecimiento del 23 de mayo. “Muerte súbita” fue la causa consignada. El segundo formulario (que debe ampliar la información) fue enviado por el hospital el 1º de julio. Fue la primera vez que se reportaba oficialmente mediante el mecanismo establecido por protocolo una “muerte neonatal de causa desconocida” en el Neonatal.
Antes hay dos muertes bajo sospecha que investiga el fiscal Garzón: una del 18 de marzo y otra del 26 de abril. Después, ocurrieron dos más el 6 de junio. Las cinco son indagadas por peritos forenses para ver si tienen un patrón común.
El del 23 de mayo era uno de los casos de las cinco muertes de bebés que menos se conocían. En su momento, era la tercera muerte de características inexplicables y ya comenzaban a generarse alertas entre el personal médico, más allá de que desde la Dirección ya se había ordenado el análisis de la vitamina K.
Qué dijeron los demás testigos
Entre lo que relatan algunas médicas ante la fiscalía de lo que sucedió ese mismo día, hay un dato crucial: una médica cuenta que una colega suya había decidido no firmar el certificado de defunción, ya que la muerte del niño no estaba clara y dijo frente a otras personas que era necesario pedir la autopsia. Según el relato testimonial de esta médica, ese criterio también fue corroborado por otras dos médicas, entre ellas una jefa de servicio.
La preocupación era porque recordaban el caso de la muerte de un bebé en marzo.
Sin embargo, dos personas desalentaron expresamente a la mamá de I.N.B.G que no la hiciera. Si otras tres médicas coincidían en que era necesaria la autopsia, ¿con qué fin fue una de las autoridades a desalentar a la mamá por privado?
El expediente relata que I.N.B.G nació con 3.600 kilogramos a las 12.05 del 23 de mayo por parto natural. Le dan el bebé a la mamá para que le dé el pecho. Luego relata que alguien se lo sacó y cuando se lo devuelven el bebé lloraba mucho. Allí se lo vuelven a llevar para controles y se lo devuelven nuevamente. Ahí la mamá notó que tenía sus manitos moradas.
En un momento, la mamá se va a bañar y le pide a la otra mujer con la que compartía habitación que lo mirara. Cuando sale de bañarse, lo nota morado y no se movía. Allí es cuando llama a enfermería y las médicas que estaban en ese momento asisten al bebé, pero no lo pueden reanimar. El diagnóstico que figuraba era “bradicardia”.
Para qué sirven las autopsias
¿Para qué sirven las autopsias, qué información arrojan y hasta dónde pueden aportar información?
“Existen tres tipos de autopsias. Una de ellas es la médico-legal, que se pide por orden judicial”, explica Mario Vignolo, criminólogo, legista y especialista en toxicología y en psiquiatría.
Este tipo de estudio se solicita ante una muerte de etiología dudosa o violenta: homicidios, suicidios o cuando el médico no puede certificar la causa de fallecimiento. En ese caso, puede pedir la intervención judicial. Este es una peritaje clave en la investigación, pero no el único.
Una autopsia puede ser solicitada por un familiar. En este caso se realiza en los servicios de anatomía patológica de una clínica u hospital. Pero también pueden solicitarse para extraer muestras genéticas en los juicios filiatorios.
Las legales, en cambio, son ordenadas por la Justicia.
