Hace 19 años y un día, el 30 de diciembre de 2004, se incendió el boliche República de Cromañón, en el barrio Once de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante un recital de la banda de rock Callejeros. Murieron 194 personas y hubo más de 1.500 heridos.
Ese mismo año, en agosto, se incendió el supermercado Ycuá Bolaños, en Asunción del Paraguay, con un saldo de 327 fallecidos y entre 249 y 500 heridos.
En las dos tragedias se puso en evidencia que existían fallas de seguridad notables. Cromañón e Ycuá Bolaños destaparon una zona de inconsciencia que pronto se demostró que era generalizada. En Córdoba, por caso, la ola expansiva de estas tragedias hizo que se cerraran por inseguros bares, boliches y locales nocturnos, así como grandes superficies comerciales y supermercados fueron clausurados y obligados a realizar ajustes y reformas.
La reacción decantó en la exigencia de renovaciones anuales de certificaciones de Bomberos y quinquenales de higiene y seguridad, como requisitos para obtener o renovar habilitaciones.
Sobre esta base trágica, la llamada “banda de los bomberos” montó su negocio de certificaciones “truchas”. Se cree que quien fue jefe de Bomberos de la Provincia -y luego subjefe de Policía de Córdoba y director de Defensa Civil municipal en la Capital provincial-, Osvaldo Folli, creó y lideró la presunta asociación ilícita, junto a quien fue su sucesor en el “cuartel”, el excomisario Sergio Sosa. Folli y Sosa fueron detenidos en los últimos días, y esos casos de supuesta corrupción estructural se suman a la aprehensión del mandamás durante 15 años de las cárceles de Córdoba, Juan María Bouvier, también detenido en diciembre por ser considerado el jefe de la organización ilícita que negociaba libertades y beneficios con los presos, según la instrucción que llevó adelante el fiscal provincial Enrique Gavier.
En la investigación de otro fiscal, Guillermo González, la banda de los bomberos presuntamente cobraba coimas para extender habilitaciones a comercios e industrias al menos desde la gestión de Folli, quien fue jefe entre 2010 y 2015, año en el que pasó a ser subjefe de la Policía y lo siguió Sosa, un subordinado de confianza, quien le siguió reportando durante los años siguientes.
También están involucrados en la causa el exasesor de seguridad laboral que figuraba en televisión en cada muerte de un obrero de la construcción para denunciar a las constructoras, Félix Calama, entre otros imputados que ya cuentan con prisión preventiva: Julio Zárate, Eduardo Rivadero, Marcos Lúquez, José Gorocito, Mario García y Roque Olmedo.
“Follli, el bombero que podía provocar incendios”, sería un título digno de la Historia universal de la infamia, de Jorge Luis Borges, compartiendo índice con “El atroz redentor Lazarus Morell”, “El proveedor de iniquidades Monk Eastman” o “El asesino desinteresado Bill Harrigan”.
Quienes al parecer compraron certificaciones irregulares sabiendo que estaban ocultando un peligro a sus visitantes merecen ser parte del mismo capítulo infame. Si antes de Cromañón e Ycuá se podía fingir sorpresa, luego de esas tragedias la responsabilidad de quien toma el riesgo por otros es cuasi criminal. No suelen avanzar las investigaciones penales con los actores privados al igual que con los estatales, como si en una coima no bailaran dos, como en el tango. La investigación tiene identificados como pagadores de certificados a grandes locales comerciales, sedes empresariales, industrias y locales gastronómicos y de diversión nocturna.
La emergencia de una gran cantidad de certificaciones firmadas por los integrantes de la banda disparó una auditoría interna y chequeos puntuales de la Municipalidad de Córdoba. La duda no queda despejada: ¿cuántos locales que están mencionados en la causa como “clientes” de la banda tienen una habilitación montada sobre certificaciones truchas y siguen siendo inseguros?
La mafia de Bomberos, que según la investigación estaba en funcionamiento desde hace más de una década, muestra la peor cara de nosotros. Allí donde había una necesidad de control y de seguridad luego de Cromañón se montó un negocio. La corrupción se suele asociar a delitos de guante blanco, una metáfora de su presunta ausencia de crueldad. No sería el caso.
