La causa por corrupción en las habilitaciones irregulares de Bomberos llegó a la Municipalidad de Córdoba. Por orden del fiscal de Distrito 1 Turno 2, Guillermo González, se allanaron 25 viviendas de inspectores y empleados jerárquicos de dos áreas de control de la Municipalidad de Córdoba: Espectáculos Públicos y Habilitación de Negocios, con el resultado de tres detenciones y la acumulación de distintas evidencias para una megacausa que ya tiene a 10 acusados con prisión preventiva, encabezados por el exsubjefe de Policía y jefe de Bomberos, Gustavo Folli Pedetta.
Los procedimientos realizados en las últimas horas fueron encargados por la Justicia al Departamento de Delitos Económicos y Antiterrorismo de la Policía de Córdoba, que tuvo a su cargo los 25 allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba en las viviendas de inspectores y empleados jerárquicos de la Municipalidad de Córdoba, que sorprendieron a los investigadores por el lujo, poco justificable con salarios públicos estatales, aun con los buenos convenios que defiende el sindicato de empleados municipales de Córdoba (Suoem). “Se destacan y llaman la atención algunas viviendas muy lujosas ubicadas en barrios cerrados en las que residían algunos de estos inspectores”, consigna el parte distribuido a la prensa por la fiscalía que lleva adelante esta investigación.
En la secuencia de allanamientos hubo una detención más, directamente vinculada a la causa por corrupción. Se trata del inspector Leandro Rodríguez, acusado por el delito de asociación ilícita y falsedad ideológica, al entender que habría integrado la agrupación criminal encabezada por Folli Pedetta y el también exjefe de Bomberos Sergio Sosa “que se dedicaba a gestionar y proveer a terceros certificados finales de bomberos falsos para lograr ilegalmente y de forma ulterior la habilitación municipal de diversos comercios, tramo en el que el papel de Rodríguez habría sido decisivo”, señala la acusación.
Rodríguez trabaja en el Área de Habilitación de Negocios, y no es el único empleado investigado por la habilitación municipal irregular de diferentes establecimientos comerciales de grandes dimensiones y de rubros sensibles que son catalogados por la repartición como de riesgo “alto” -supermercados, concesionarias, etc- y que también mueven importantes volumenes de dinero.
A su vez, González también ordenó allanar viviendas de inspectores y empleados jerárquicos del Área de Espectáculos Públicos, algunos de ellos delegados gremiales, “de quienes se sospecha que habrían venido desarrollando un actuar ilícito vinculado a la habilitación y control de diferentes locales comerciales del rubro de la noche (boliches, bares, pubs, etc) que habría posibilitado que muchos de estos establecimientos pudieran funcionar en condiciones irregulares, con el riesgo y el compromiso que esto conlleva para la seguridad pública”, especifica la fiscalía.
Como resultado de estos operativos, se sumaron dos detenciones de inspectores de Espectáculos Públicos por otro presunto delito: la tenencia de armas de fuego sin permiso.
Los allanamientos se hicieron en viviendas y también en las diversas sedes de estas oficinas de control, ubicadas en el Palacio Municipal y en el CPC de Villa El Libertador, el CPC N 13 (Chalet San Felipe) y el Centro de Capacitación de Transporte y Tránsito. En este último caso, la razón es otra: “múltiples irregularidades que se habrían verificado en torno a la expedición de licencias de conducir en esas dependencias, en franca violacion a las normas que regulan y establecen el procedimiento que debe llevarse a cabo para su otorgamiento”.
En estos procedimientos la fiscalía detalla que se secuestró documentación, dispositivos telefónicos y otros elementos.
En el marco de esta megainvestigación ya se hicieron más de 90 allanamientos en residencias particulares y comercios de todo tipo de rubros (boliches, salones de fiestas, concesionarias, fábricas, etc)- y reparticiones públicas (Municipalidad de Córdoba, Dirección de Bomberos, etc).
Ya están detenidos, con prisiones preventivas, 10 personas: policías, bomberos, ingenieros e inspectores municipales.
Y no se descartan nuevas detenciones e imputaciones a quienes tendrían algún tipo de beneficio con las conductas de los funcionarios policiales y municipales domo dueños de negocios y usuarios de las licencias de conducir obtenidas irregularmente. “Ello podría desencadenar que en las próximas semanas el fiscal González disponga nuevas imputaciones y detenciones”, advierte el resumen entregado por la Justicia provincial.
