El fiscal de la localidad de Huinca Renancó, Marcelo Saragusti, solicitó enviar a juicio a dos médicos, una trabajadora social y un policía por su presunto rol irregular al impedir que el padre de Solange Musse, pudiera despedirse por última vez de la joven que murió de cáncer, en 2020.
Pablo Pablo Musse había denunciado penalmente a las autoridades del ahora extinto Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el Ministerio de Salud de Córdoba y funcionarios policiales, por la que hay cuatro imputados.
Los imputados y enviados a juicio por el fiscal son el médico Eduardo Javier Andrada y la trabajadora Analía Morales (del ex COE), como probables coautores de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público; el cirujano Sergio José Alí, (del ex COE) como posible partícipe necesario de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes; y suboficial Darío Javier Mansilla, como supuesto autor de omisión de los deberes del oficio.
El requerimiento enviado a la Cámara en lo Criminal y Correccional fue realizado este miércoles.
El caso Solange Musse
La familia de la mujer de 35 años -que falleció el año pasado sin poder ver por última vez unos minutos a su padre- busca determinar la posible “cadena de responsabilidades”, partiendo desde “la primera” tras la denuncia que quedó a cargo de la Justicia provincial, tras el fallo de la Corte Suprema.
Antes del nuevo fallo de la Corte, la fiscal federal de Río Cuarto, Alicia Cena, había imputado en mayo al sargento primero de la Policía Caminera Darío Masilla (con asiento en Huinca Renancó), a los médicos Eduardo Javier Andrada y Sergio Alí, del COE, y Analía Morales, trabajadora social del COE Río Cuarto por presunta violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad al impedir el ingreso del padre de Solange a Córdoba para que pudiera despedirse de ella. Todos fueron indagados en su momento.
Los cuatro fueron acusados de haber incumplido los deberes de funcionario público al impedirles, el 16 de agosto de 2020, el ingreso a la provincia a Pablo Musse y a su cuñada, Paola Lorena Oviedo (discapacitada), quienes no pudieron trasponer el puesto de control interprovincial ubicado en la ruta 35, en Huinca Renancó.
Musse había decidido viajar para verla por última vez, debido al cáncer terminal de mama de estadio cuatro (metástasis en huesos, hígados y pulmones), por lo que llegó a Huinca Renancó tras 40 horas de manejo sin descanso por Neuquén, Río Negro y La Pampa.
Presentó la documentación requerida para viajar: el pedido de circulación especial de alcance nacional junto con el de su cuñada, que los autorizaba a viajar desde Pottier, en Neuquén, hasta la ciudad de Córdoba, y también el certificado de regreso a su casa. Entre los requisitos que le solicitaban desde el COE, figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso.
Debido a los dos testeos dudosos (y no positivos, como figura en el registro de guardia y como adujo la Provincia en su momento) para Covid-19, los funcionarios habrían abusado de su autoridad al hacerlos regresar, escoltados por la Policía.
En ese punto habrían incumplido lo que mencionan los protocolos de ingreso a la provincia en el contexto de la pandemia cuando se detecta un caso sospechoso de Covid-19. En esa circunstancia, como indica el protocolo, el conductor debía ser analizado en un hospital.
Ante la imposibilidad de poder despedirse de su hija, como sostuvo el abogado Carlos Nayi (en representación de los padres) en su denuncia, se habría violado el Protocolo 48 (sobre la circulación de personas en territorio cordobés), porque el texto menciona que los que no residan en Córdoba podrán ingresar y transitar dentro de la provincia en casos de “fuerza mayor”, como el fallecimiento de un familiar directo o la asistencia a familiares y a adultos mayores.
Al volver a Neuquén, Musse se hizo un hisopado, que dio negativo, y con la autorización del juez Bustos Fierro pudo llegar hasta Alta Gracia para despedir los restos de su hija.
La fiscal indicó que Andrada (director además del Hospital René Favaloro, de Huinca Renancó), Alí y Morales, del COE, que se encontraban en ese puesto para realizar el control sanitario. Ante un caso sospechoso, sus funciones consistían en la derivación de las personas al Hospital San Antonio de Padua, de Río cuarto (de acuerdo con el protocolo del COE de ingreso a la provincia).
