La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de queja y dejó firme la condena de 45 años de prisión que un tribunal de Mendoza impuso al sacerdote Horacio Corbacho Blank por abuso sexual agravado y corrupción de menores en un instituto religioso en esa provincia.
Los abusos de los que fueron víctimas niños y adolescentes sordomudos e hipoacúsicos, ocurrieron entre 2005 y 2016 en el instituto Antonio Próvolo, en la localidad mendocina de Luján de Cuyo.
El proceso judicial en Mendoza concluyó con la absolución de nueve imputadas: las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, las exdirectoras y empleadas del Instituto Graciela Pascual, Gladys Pinacca, la cocinera Noemí Paz, Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y la psicóloga Cecilia Raffo.
El juicio comenzó el 3 de mayo de 2021, y constó de 304 audiencias, declararon más de 100 testigos, las instancias testimoniales de las personas hipoacúsicas y sordas se realizaron -en su totalidad- en Cámara Gesell con la participación de intérpretes y psicólogas del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinar.
En los debates anteriores, en lo que se denominó técnicamente el primer juicio que fue abreviado, el 25 de septiembre de 2018, el ex monaguillo Jorge Bordón, también exempleado administrativo en el Instituto Próvolo, confesó la autoría de los hechos y recibió una pena de 10 años de prisión.
En tanto en el segundo juicio, el 25 de noviembre de 2019, se condenó a los curas Nicolás Bruno Corradi a 42 años de prisión y a Horacio Corbacho Blanc a 45 años, y el jardinero Armando Ramón Gómez, por su parte, recibió 18 años de cárcel.
El caso llegó al máximo tribunal de la nación luego que la Suprema Corte de Mendoza rechazara un recurso contra el fallo dictado por el Tribunal Penal Colegiado 2 de esa provincia.
La Corte Nacional consideró que el recurso “de hecho” presentado por Blank era “inadmisible” y lo desestimó con la firma de su presidente Horacio Rosatti y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
En noviembre de 2016 salieron a la luz los casos de abusos en el Próvolo, situado en la localidad mendocina de Luján de Cuyo, lo que llevó a la clausura del establecimiento.
El histórico veredicto fue seguido con atención también por los denunciantes de la sede del Próvolo en La Plata y en Verona, Italia -donde nació la institución- y donde hubo denuncias por delitos similares.
