La senadora radical Carolina Losada y el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, fueron denunciados penalamente por presuntos delitos de encubrimiento agravado, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y violación de los deberes de funcionario público.
La presentación judicial fue realizada por la Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (Aevas) a raíz de una presentación del pasado 20 de noviembre en el Senado, donde se impulsó un proyecto de ley para endurecer las penas por “falsas denuncias”, particularmente en casos de violencia de género.
Allí, la senadora llevó a la joven cordobesa de 18 años, Jazmín C. a leer un texto en el que planteaba una presunta retractación por haber denunciado a su padre por abuso sexual. El hombre fue condenado en 2023 por la Cámara Novena del Crimen de la ciudad de Córdoba a 15 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado y por corrupción de menores.
La denuncia de Aevas fue radicada en el Juzgado Federal N° 3 de Buenos Aires, según informaron Perfil y Página 12, entre otros medios. El escrito sostiene que Jazmin C. fue expuesta a un acto de manipulación que comprometió gravemente su integridad física y mental, agravada por los traumas sufridos durante su infancia. Los denunciantes consideran que los funcionarios utilizaron sus cargos para favorecer al padre de la joven, condenado por delitos graves, lo que consideran un peligroso precedente para la institucionalidad y los derechos de las víctimas de abuso.
En el escrito presentado los integrantes de Aveas, -entre quienes se destacan su presidente, el exjuez Carlos Alberto Rozanski y su fundadora, la doctora en psicología Bettina Graciela Calvi- destaca violaciones a normas internacionales como la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Cedaw).
Desde Aveas sostienen que hacer sometido a Jazmín C. al escarnio público constituye una transgresión de principios constitucionales que protegen a personas en situación de vulnerabilidad.
Sobre Aveas
La Asociación fue creada con el objetivo de promover e instrumentar la investigación interdisciplinar concerniente a todo tipo de violencias de género y abusos sexuales, según consta en su página web.
“Nuestros espacios de formación tienden a brindar estrategias de intervención en casos de violencia y abuso que faciliten el acceso de las víctimas a la justicia como así también permitan a lxs profesionales desarticular las acciones tendientes a obturar su trabajo”, indican.
Sobre el caso Jazmín
Jazmín C. le contó a su madre en marzo de 2020, cuando tenía 14 años, que su padre la había abusado en reiteradas ocasiones cuando ella tenía entre 6 y 10 años.
Ese día radicaron la denuncia en la Unidad Judicial de Delitos contra la Integridad Sexual (DIS) que funciona en el Polo de la Mujer de Córdoba. Allí, la joven expresó en la primera entrevista que durante su infancia su padre le tocaba sus partes íntimas, que la obligaba a tocarle sus genitales y que incluso en ocasiones la obligaba a practicarle sexo oral. Además, la joven expresó que la amenazaba para que no cuente lo sucedido porque sino “lo iban a llevar preso”.
El padre de la chica –negando esta situación– también fue al Polo y quedó detenido por unos días. Luego fue liberado pero con una orden de restricción de acercamiento.
En abril de 2020, Julio César C. comenzó a frecuentar la casa familiar nuevamente, pese a la restricción. Primero los fines de semana y luego todos los días. En esa fecha (abril de 2020) la madre de la niña fue a la justicia y dijo que su hija se retractó. Luego hizo lo mismo la madre de la mujer (abuela materna de la víctima).
Sin embargo, en las entrevistas interdisciplinarias que se hicieron en febrero de 2021, en marzo de 2021 y en abril de 2021, la joven ratificó el abuso. En cada una de estas instancias la chica tuvo un relato único, coherente, y manifestó síntomas de angustia y rasgos que psicólogos y psiquiatras detectaron compatibles con un abuso sexual reiterado y prolongado durante su infancia.
Pero no solo eso. La psicóloga de la joven declaró que su angustia no solo era producto de los abusos, sino porque “su mamá no le creía” y que ella “sabía” de esos abusos. La joven manifestó allí que luego de que pudo contarle lo que había sucedido a su abuela materna, a su tía y a una prima, la madre le quitó el celular. También contó otras situaciones a través de las cuales su madre la presionaba para que se retracte.
Juicio
La Cámara, integrada a través de una de sus Salas Unipersonales a cargo del juez Gustavo Rodríguez, condenó a Julio César C. a 15 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal continuado, triplemente calificado por el grave daño en la salud mental de la víctima, agravado por el vínculo y la situación de convivencia preexistente y por promoción a la corrupción de menores calificada. La causa había sido elevada a juicio por la fiscal Ingrid Vago.
Tanto la fiscal de Cámara, Mercedes Ballestrini, como el abogado querellante de la familia de Jazmín y la asesora complementaria de la joven, Valeria Trotti, pidieron la condena de Julio César C. en el juicio. Incluso, el propio abogado defensor, Darío Vezzaro, pidió su condena, pero solo por el delito de abuso simple.
Al no pedir su absolución, el letrado reconoció la contundencia de la prueba en contra de su cliente. Luego del juicio renunció a su rol y otro abogado tomó la defensa del imputado y presentó un recurso de casación del fallo.
En el juicio la fiscal Ballestrini pidió la investigación de la actuación de la madre de la joven, Ana Lorena M., por posible comisión de delito, algo que fue remitido en el fallo. De los informes y el relato de testigos surge que la mujer no apoyó a su hija e intentó relativizar lo que contó diciendo que había sido una actitud de “rebeldía adolescente”.
