El exjuez federal Carlos Rozanski, especialista en abuso sexual infantil, plantea la necesidad de un cambio profundo en el sistema judicial para brindar una verdadera protección a niños y niñas que han sido víctimas de este delito.
Rozanski estuvo semanas atrás en la ciudad de Córdoba para participar de la quinta edición de la Mesa Federal de Abuso Sexual Infantil y dialogó con La Voz acerca de los principales obstáculos que existen para avanzar hacia una justicia reparadora en este delito.
Rozanski redactó en 2003 la ley 25.852 que Reformó el Código Procesal Penal para regular la declaración de niños abusados en sede policial y judicial (que luego dio paso a la creación de la Cámara Gesell) y es autor del libro Abuso sexual infantil: ¿Denunciar o silenciar?, publicado el mismo año que la ley.
A 20 años de ambas iniciativas, el letrado repasa los avances en la materia, aunque remarca que sigue muy presente una fuerte impronta en la justicia y en la sociedad respecto de desconfiar de la palabra de los niños y niñas abusados.
Para ello remarca que es necesario que todos los funcionarios judiciales incorporen al ejercicio de la justicia una “perspectiva de edad y perspectiva de género”.
–¿Cuál es el principal obstáculo que existe hoy para el esclarecimiento de los casos de abuso sexual en la infancia?
–Hay muchos factores, pero el que tiene más poder de intervención es el sistema judicial, que es el que toma decisiones. Hay funcionarios judiciales (jueces, fiscales, abogados) que piensan y actúan en sintonía con los principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño, que son la protección integral y el interés superior del niño que durante siglos fueron desatendidos. Pero hay otro grupo, la mayoría diría yo, que se resiste a aceptar esos avances de protección y se aferran a principios que vieron en la facultad hace 40 años. Por ejemplo, si te quedás con la idea de que un niño debe ser claro al expresar lo que le sucedió en una Cámara Gesell sobre un abuso, estás desconociendo la base del tema que es el trauma que genera en las víctimas este delito.
–¿Es lo único?
–Otro problema es la persecución que ejercen sobre los adultos que creen y acompañan al niño, ya sean las madres protectoras, psicólogas, trabajadoras sociales. Bajo el falso síndrome de alienación parental (SAP), que no tiene ningún sustento científico, se las persigue. El argumento del SAP es que estas madres implantan en los niños la idea de que fueron abusados. Hasta cierta edad es imposible que un niño esté en condiciones de fabular sobre un abuso. El problema es que eso se traduce luego en una revinculación con el abusador (en caso de que sea familiar), que es algo brutal: allí se consolida la impunidad del caso y que persista el abuso. La forma de pensar de un funcionario judicial también es producto de su propia educación, de su cosmovisión y ante ello debe haber un sistema de control sobre esas funciones para que los principios de protección de la niñez se cumplan. No se pueden seguir designando jueces sin perspectiva de niñez y de edad.
–En los casos de abuso la carga probatoria recae sobre el relato de la víctima. ¿Qué pasa si el niño no puede manifestarlo en la Cámara Gesell?
–La entrevista en Cámara Gesell es un mecanismo de escucha al niño, no un interrogatorio. Se debe tener en cuenta el trauma y la edad evolutiva del niño, entonces puede que no lo exprese con palabras, pero sí con un dibujo u otras señales. Hay que cambiar los mecanismos de interpretación de esas entrevistas. Con la ley de 2003 se logró sacar a los chicos de los juicios, que declaren frente a un juez o funcionario. Ahora hay que rever la interpretación de esa escucha. En algunas provincias se usa esta instancia para hacer preguntas a niños y niñas, incluso se le pone un auricular a la psicóloga que entrevista para transmitirle preguntas al niño, cuando en realidad no debe haber intervención, sino se transforma en un tribunal o en un interrogatorio. Además, también se debe complementar con otras formas de acreditar los hechos, con la sumatoria de otros elementos como el contexto del caso sospechado, dibujos del niño, y otro tipo de pruebas. Hay que entender que por el tipo de trauma y en muchos casos también por la etapa evolutiva el niño, puede no expresar lo que le sucedió o no hacerlo de la forma en que un adulto lo haría. Creo que la entrevista videograbada y sin intervención podría ser un avance en este sentido, pero sobre todo en el cambio de perspectiva de los funcionarios judiciales que intervienen en el proceso.
–¿Cuáles fueron los principales avances en el abordaje de este tema en los últimos 20 años?
–Creo que se avanzó en la cantidad de profesionales que se han especializado en el tema y que cada día hacen aportes valiosos. El problema es cuando esos médicos, psicólogos, abogados quieren aplicar la ley protectora y se encuentran con obstáculos en la justicia. Otro punto positivo es que se han conformado muchas organizaciones de madres protectoras. Ojalá se instale en la sociedad el criterio de la escucha respetuosa sobre niños por sobre siglos de historia de un sistema patriarcal que avala el abuso y maltrato en la niñez. La mayor concientización social va a mejorar la situación siempre y cuando haya una respuesta. En caso contrario, esa mamá que escuchó y que denunció termina destruida por el sistema. Hay una responsabilidad clara del Estado, que debe intervenir adecuadamente.
–¿Ayuda la figura del Abogado del Niño en el esclarecimiento de casos de abuso?
–Depende. En algunos casos la experiencia fue muy buena y en otros no. El Abogado del Niño proviene de un sorteo que se realiza en base a un listado de profesionales que recibieron una capacitación específica. Ahora eso no garantiza que esa persona tenga incorporada la perspectiva de género y de edad. Pasa algo parecido a la ley Micaela: las capacitaciones son imprescindibles pero no certifican un cambio profundo si la persona realmente no se deconstruye. El certificado solo avala que escuchaste y aprobaste un curso. La problemática del abuso es muy grande y necesita de un cambio profundo en el sistema. La diferencia de poder entre agresores y víctimas es muy grande y eso se traduce en todo el proceso si no hay funcionarios judiciales que frenen esas agresiones y prioricen el bienestar del niño.
Mesa Federal de Abuso Sexual Infantil
La quinta Mesa Federal de Abuso Sexual Infantil se realizó el viernes 21 de abril en el Museo de Antropología. Participaron organizaciones de madres protectoras, las diputadas nacionales Gabriela Estévez (Frente de Todos), Mónica Macha (Frente de Todos) y Romina del Plá (Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad), el juez Claudio Mazuqui, el exjuez Carlos Rozanski, la médica psicoanalista Silvina Rivilli, las psicólogas Daniela Lezcano y Marita Müller, la arteterapeuta Yama Corin, las madres protectoras Flavia Saganías, Delfina Silva Zarranz y Gilda Morales; y la actriz Thelma Fardin, entre otros.
