La causa que en la Justicia Federal de Córdoba investigó si había delitos en la comercialización de cannabis medicinal por parte del médico oftalmólogo Carlos Laje y de otros dos imputados seguirá abierta.
En 2021, el juez federal Ricardo Bustos Fierro resolvió sobreseer a los ocho procesados en el caso que entonces se denominó “clínica de la marihuana”. Pero el jueves la Cámara Federal revocó el cambio de calificación legal y los sobreseimientos dictados en favor de tres de los procesados: Carlos Fernando Laje, Héctor Walter Mariño y Paola Toranzo Gil.
A la vez, recomendó al juez Bustos Fierro que evalúe si considera concluida la actividad investigativa y complete la instrucción para, en su caso, resolver la elevación a juicio.
A diferencia del juez que instruyó la causa, la Cámara considera que habría delito en la comercialización de aceite de cannabis en este caso.
La causa se inició en agosto de 2017, cuando la Justicia provincial allanó el consultorio de Laje en la ciudad de Córdoba, donde se entregaba aceite de cannabis elaborado para ofrecer como tratamiento de distintas afecciones. Se sumaron otros allanamientos y se ordenó detener a ocho personas.
La mayoría pasó casi ocho meses en el penal de Bouwer hasta que en abril de 2018, poco después de que la causa judicial pasara del fuero provincial al federal, todos recuperaron la libertad, bajo fianza.
En octubre de 2021, en tanto, fueron sobreseídos. Pero el fiscal Carlos Casas Nóblega apeló esa resolución.
La nueva resolución
Ahora, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, integrada por Abel Sánchez Torres y Liliana Navarro, resolvió revocar aquel fallo “dejando firme el encuadramiento legal de la conducta atribuida” a tres imputados como “presuntos coautores de los delitos de comercialización de estupefacientes y confabulación para cometer delitos previstos en la ley 23.737″. En consecuencia, quedó anulado el sobreseimiento de Laje, Mariño y Toranzo Gil.
La Cámara recordó que el juez Bustos Fierro modificó la calificación legal de los hechos imputados en un principio, por la que establece el artículo 204 del Código Penal, esto es la producción de sustancias medicinales en establecimientos no autorizados. En ese marco, dictó el sobreseimiento de los imputados por encontrarse para ese caso ya extinguida la acción penal, por prescripción.
El fiscal apeló argumentando que “no estaba en discusión la eficacia médica del cannabis y sus derivados, sino las circunstancias concretas del caso en las cuales no se refleja la protección a la salud pública”. Apuntó Casas Nóblega que “los imputados, a sabiendas de la ilicitud de su actuar y aprovechándose de la situación delicada de los requerientes, vendían indiscriminadamente tanto las consultas como el aceite de cannabis con fines exclusivamente lucrativos”
En la Cámara, el juez Abel Sánchez Torres, planteó que del análisis de las pericias sobre los cientos de frascos secuestrados se detectó que contienen exclusivamente cannabidiol (CBD) y/o cannabinol (CBN), principios activos presentes en las plantas de cannabis sativa, que actualmente no se encuentran incluidos en las prescripciones de la ley 23.737″.
Pero agregó que “de la materia prima vegetal necesaria para producir los productos, se incautó material de consistencia oleosa y cremosa preparados en dosis de cuyo análisis surge la presencia indubitable de tetrahidrocannabinol (THC), responsable de la capacidad psicotrópica y alucinógena de las plantas”.
“Definidos por la Anmat como psicotrópicos, resultan las sustancias capaces de influenciar las funciones psíquicas por su acción sobre el sistema nervioso central”, advierte y recuerda que “el tetrahidrocannabinol se encuentra incorporado como estupefaciente en la ley 23.737″.
“En conclusión, entiendo que la elaboración de productos con principios activos aptos para provocar efectos psicotóxicos, efectuada sin fines medicinales comprobados y por fuera del marco de la ley 27.350, resulta a todas luces ilícita”, marcó Sánchez Freytes en su fundamento.
“La supuesta venta de los productos estupefacientes no tenía una finalidad médica o de salud para quienes los producían y comercializaban sino que obedecía a un objetivo exclusivamente económico de su parte, encontrándose acreditado como probable el dolo de tráfico”, agregó.
La jueza Liliana Navarro, en tanto, compartió el mismo criterio y sostuvo igual voto.
