La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió este martes al abuso sexual que tuvo lugar en el pabellón femenino de la cárcel de Bouwer, en la provincia de Córdoba.
Se trata del caso de Gabriela Nahir Fernández, una reclusa que cambió de género mientras cumplía su condena y tras ser trasladada con las mujeres, abusó sexualmente de una de sus compañeras de celda.
El mensaje de la funcionaria nacional fue difundido a través de su cuenta de X. Allí, Bullrich comenzó u posteo refiriéndose al cambio de género realizado por la prisionera y señaló: “La autopercepción es una mentira para seguir haciendo adentro lo que hacía afuera”.
“Esto sucedió en la cárcel provincial de Bouwer. No podemos dejar que nos engañen para repetir el delito que cometieron en la calle”, enfatizó la ministra. Y cerró: “Nosotros en las cárceles federales no lo permitimos. No queremos que las cárceles sean tierra de nadie”.
La publicación de la encargada de la cartera de Seguridad nacional se da luego de que se conozca el caso del sujeto por entonces identificado como Gabriel Fernández, quien en 2018 cumplía una pena en prisión por atacar a su pareja. En ese mismo año, el reo pasó a llamarse Gabriela Nahir Fernández, por autopercibirse mujer.
Tras este cambio, la reclusa fue traslada al pabellón de mujeres del mencionado recinto penitenciario cordobés. Una vez allí, Fernández ejerció violencia contra otras presas y dejó embarazada a una de ellas. Además, Fernández salió tiempo después en libertad condicional, pero regresó en 2023 tras ser denunciada (con su nombre masculino) por una nueva pareja femenina, la cual indicó que había sufrido una serie de agresiones.
El fallo
En su resolución la Justicia hizo un repaso del historial de Fernández y advirtió sobre su peligrosidad: “Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres internas, sin contar a las funcionarias, también mujeres, encargadas del cuidado de las alojadas”.
El documento describe que Fernández fue “condenada por delitos vinculados a violencia de género, antes de su autopercepción como mujer” y que después, con su nuevo DNI, “logró ser trasladada a un establecimiento exclusivo para mujeres, lugar donde cometió varios delitos vinculados a la violencia de género, siendo todas sus víctimas, claro está, mujeres que mantenían con Fernández una relación de pareja”.
El texto agregó que una vez en libertad “surge confusamente que formula denuncias contra su pareja del momento adoptando su anterior identidad (masculina). Otras parejas de ese lapso en libertad también la denunciaron por hechos vinculados a violencia de género”.
Por otro lado, los jueces reconocieron que se encuentran ante un “supuesto contrario al previsto”, es decir, “la imputada, quien se autopercibe mujer y perteneciente al grupo LGBTI, es la que convierte en víctimas o presas de sus necesidades o gustos a sus compañeras, aprovechando que se encuentra alojada en un establecimiento que no estaría preparado para esos casos de excepción, al menos por el momento”.
Según el Servicio Penitenciario, Fernández presentó “dificultades para comprender y respetar la normativa institucional, debido a que no cumple con las pautas del tratamiento, que rigen la disciplina, el trato y la convivencia”.
También indicaron que aprovechó su “género binario como amenaza” contra sus pares “lo que lleva a que se sientan desprotegidas en este sector, imponiéndose en los términos ‘de los viejos códigos carcelarios’, lo que le permitió disponer de la voluntad de sus pares para todo tipo de conductas violatorias a las normas del establecimiento, siendo sindicada, además, como la autora intelectual de conductas antirreglamentarias, comportamientos que alteran el orden y la disciplina de manera permanente en el mencionado sector”.
A su vez, el 14 de marzo pasado Fernández compareció, pero no declaró y denunció violencia institucional.
Sobre el último hecho explican que Fernández habría abusado sexualmente de una interna, quien habría quedado embarazada. El hecho habría ocurrido mientras se encontraban en anexo Sala A (autoexcluidas) del Establecimiento Penitenciario N° 3.
Luego de esta situación y por acumulación de sanciones disciplinarias, Fernández fue trasladada dos veces más. En agosto pasó al pabellón N° 6 y por último, el pasado 10 de octubre se autorizó al Servicio Penitenciario a moverla a otro establecimiento de mujeres para proteger a la mujer abusada.
Repercusión
El fiscal federal de Córdoba Maximiliano Hairabedian, se expresó al respecto de este caso a tráves de su cuenta oficial de “X”, donde remarcó que la ley 26.743 de identidad de género presenta “laxitud” en sus exigencias cuando sí son necesarios para otras legislaciones distintos estudios, pericias psicológicas, entre otras medidas.
También señaló que hasta el momento no existe posibilidad de alojar casos como el de Fernández en el espacio carcelario destinado a mujeres.
En esa línea citó el caso de la primera penitenciaría del Reino Unido para reclusos transgénero, la cual se inauguró en 2019 en HMP Downview después de que una prisionera transgénero agrediera sexualmente a dos mujeres mientras se encontraba en prisión preventiva.
Según detalló, W. que nació varón y ahora se identifica como mujer, fue descrita por un juez inglés como un ´depredador´ que representaba un peligro para las mujeres y los niños.
“Debe primar, sin lugar a dudas, el aseguramiento del bienestar de las internas y no a las personas con autopercepción femenina sobreviniente. Ubicar a la imputada en el pabellón de varones por coincidir su realidad biológica con los allí alojados, probablemente llevaría a una situación igualmente complicada, solo que en este caso ella podría ocupar la calidad de víctima”, sostuvo el fiscal.
Y agregó: “Deberá requerir al Servicio Penitenciario su alojamiento en un lugar totalmente diferenciado del resto de la población carcelaria, hasta tanto cuenten con las definitivas instalaciones para ello”.
