El proyecto de “ley ómnibus” que el Gobierno nacional envió al Congreso incluye modificaciones en al menos tres normas ambientales. Una de ellas tiene impacto directo sobre uno de los aspectos centrales de la discusión ambiental en Córdoba: la preservación del escaso bosque nativo que se conserva.
Las reformas en debate plantean básicamente cambios de criterios de desregulación para tres leyes vigentes: la del financiamiento para protección de bosques nativos, la que regula quemas e incendios sobre áreas rurales, y la ley de protección de glaciares.
El oficialismo justifica las reformas en la necesidad de desregular y adaptar normas que traban ciertas actividades productivas. Desde sectores ambientalistas advierten que implicarían un retroceso en la protección de servicios ecosistémicos y profundizarían el desfinanciamiento para el preservar capital ecológico.
El monte, a dos puntas
De resultar aprobada, la ley facilitaría que los dueños de tierras rurales puedan proceder a quemas con fines productivos. Es una práctica habitual aún en ciertas regiones, pero que es cuestionada por los riesgos de desatar grandes incendios. Los extensos focos de fuego de los últimos años en la zona del Delta del Paraná acentuaron discusiones sobre ese punto.
Actualmente, la ley de fuego 26.562 especifica que está prohibido prender fuegos sin autorización expedida por una autoridad competente. La modificación que se propone no quita esa exigencia, pero agrega que ese permiso deberá expedirse en un plazo de 30 días, y si esto no ocurre, “se considerará que ha sido autorizada tácitamente”.
Otra reforma plantea cambiar la actual ley de bosques nativos, que estableció que cada provincia cuente con un mapa que divide su territorio en tres colores: verde, para zonas con bajo valor de conservación que pueden ser deforestadas; amarillo, para áreas con valor medio de conservación que no deben desmontarse pero pueden aprovecharse para actividades sostenibles como turismo; rojo, para zonas de alto valor de conservación que no pueden tocarse y por las que, a cambio, los dueños reciben compensaciones económicas por cumplir esa restricción.
El Gobierno propone habilitar “proyectos de desmonte” incluso en zonas rojas y amarillas, si cuentan con permiso y aval oficial previo. De ese modo, flexibiliza el criterio vigente.
Otro artículo retoca los recursos del Presupuesto nacional destinados a conservación de bosques nativos. La ley que rige desde hace más de una década señala que la compensación para quienes conservan las zonas rojas se financia con el 2% de las retenciones a las exportaciones agropecuarias.
Desde su sanción, ningún gobierno nacional cumplió con ese monto: siempre estuvo bien lejos el aporte real respecto del legal. Pero ahora se pretende que el Fondo de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos se financie con lo que le otorgue el Gobierno de manera discrecional cada año, sin porcentajes prestablecidos. En todo caso más eventuales donaciones o préstamos de organismos internacionales.
Estos cambios tendrían impacto sobre Córdoba, que conserva en buen estado de conservación menos del 3% de los 12 millones de hectáreas de montes que un siglo atrás cubrían su territorio de 16 millones de hectáreas.
En cuanto a quemas, en Córdoba una ley provincial ya establece que los predios calificados como zona amarilla o roja de bosques no pueden cambiar de uso de suelo después de un incendio. Pero se viene cuestionando que ese punto es de relativo cumplimiento real por la escasez de control.
Ambientalistas cuestionan
Desde sectores ambientalistas de Córdoba la primera reacción fue de claro rechazo.
El biólogo Cristian Schneider interpretó que “las modificaciones buscan liberar el desmonte y autorizar quemas sin la debida evaluación”. Además, cuestionó que ya los gobiernos provinciales venían implementando la actual ley “con categorías ambiguas que no detuvieron el desmonte como correspondía” y que estos cambios acelerarían esos procesos.
“Lo que quiere modificar son puntos sensibles de protección ambiental, en función de liberarse de las exigencias con las que se ha intentado detener la pérdida de los ecosistemas”, apuntó Schneider.
Federico Kopta, titular del Foro Ambiental Córdoba, advirtió que la reforma a la ley de bosques entra en contradicción con la ley general de ambiente, que prohíbe el cambio de uso del suelo en categorías roja y amarilla de conservación. “Así que desde allí se cae la misma ley de bosques, a la vez que en otro artículo termina de desfinanciar el sistema de protección que, en la práctica, ya venía desfinanciado”, apuntó.
Respecto de la regulación de quema de campos, Kopta opinó que “en la práctica cada vecino va a poder quemar lo que quiera, eso es lo que va a terminar pasando porque además, con un Estado achicado, no va a haber capacidad ni de respuesta”.
Otras leyes
El proyecto oficial también plantea una modificación en la Ley de Glaciares a fin de habilitar (”con los informes ambientales exigidos por la normativa”) actividades económicas en la zona periglaciar (en los alrededores de un glaciar). Ese punto fue una fuerte discusión cuando se aprobó la ley en la década pasada. Habilitaría inversiones productivas (por ejemplo, de mineras) en zonas ambientalmente sensibles, en tiempos de glaciares en retroceso. Pero mantendría la exigencia de un estudio previo de impacto ambiental.
El punto es de alto interés en las zonas cordilleranas. En Córdoba no hay glaciares.
Gobierno de Milei: navegá punto por punto la “ley ómnibus”
El análisis del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fue realizado por la consultora Sicchar con el liderazgo técnico de Juan Pablo Paillet y licenciado para su uso por La Voz del Interior.
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