Un fallo de los Tribunales de Familia de Córdoba advierte la complejidad y los desafíos legales de la gestación por sustitución al rechazar el pedido de autorización de una pareja el pasado 23 de junio. El argumento se centra en las asimetrías económicas con la gestante y su vulnerabilidad.
El caso involucra a una pareja que había solicitado la homologación y autorización para llevar adelante una gestación subrogada con el fin de ampliar su familia, dada la imposibilidad natural para hacerlo pues la mujer había padecido cáncer de útero y no puede gestar. Para ello, le propusieron a una excompañera de trabajo de la mujer ser la gestante.
La mujer tiene hijos, una de las características que se aconseja para acceder a la práctica, y se desempeñaba como maestranza en la empresa donde trabajaba la mujer de la pareja, en tareas administrativas.
El fallo, con fecha del 7 de junio de 2023, expone una serie de asimetrías y vulnerabilidades presentes en el caso que llevaron primero al fiscal Sebastian Mastai y luego a la jueza de familia de 1° Nominación, Belén Mignón, a rechazar la solicitud.
Según argumentaron, en la audiencia y en los distintos informes, como el del Equipo Auxiliar Técnico Multidisciplinario (Catemu), se evidenció que la persona gestante se encontraba en una situación de desigualdad socioeconómica y psicológica con respecto a los padres intencionales. Además, el fallo destaca que no había entre la gestante y la pareja un vínculo afectivo, familiar o amistoso lo que llevó a la jueza a cuestionar la naturaleza altruista de la gestación por sustitución en este caso.
El tribunal también hizo hincapié en la falta de información y comprensión adecuadas por parte de la gestante sobre la técnica de gestación por sustitución y sus implicancias, así como en la ausencia de preparación psicológica y trabajo previo para abordar los posibles obstáculos emocionales y médicos que pudieran surgir a lo largo del proceso.
En el fallo se cita la aptitud física de la gestante para llevar adelante el embarazo, pero advierte que la certificación médica no abordó aspectos psicológicos ni emocionales que son fundamentales en una práctica tan compleja como la gestación por sustitución.
Lo que concluyó la jueza es que la mujer que se proponía como gestante respondía a una mera intencionalidad económica de la practica, algo que no está avalado actualmente: “Se constata que la presunta gestante no está siendo plenamente libre para dicha decisión, su voluntad se encuentra afectada por la multiplicidad de conflictos y problemas de índole socioeconómico que atraviesa y observa en la técnica una forma de salir de ello. Esto no sería cuestionable en principio y de manera exclusiva, si su decisión fuese el producto de un posicionamiento libre, pleno y autónomo guiado o motivado por una elección totalmente despojada de vestigios que la atraviesan colocándola en una situación de vulnerabilidad evidente”.
Para la realización de esta práctica es necesario solicitar sí o sí la homologación judicial mediante la cual se declara la inconstitucionalidad del artículo 562 del Código Civil, que sólo reconoce la maternidad en la persona de la mujer que da a luz. En el proceso se deben presentar informes médicos, entrevistas interdisciplinarias, tanto a los padres intencionales como a la persona gestante, a su pareja (si la tuviere) y a sus hijos, para estar seguros de que la familia no quiera quedarse luego con ese niño y también que comprenda claramente las implicancias del proceso.
En Córdoba hay más de una docena de casos favorables en este sentido y a novel país más de 70 en los cuales se consideró que se daban las condiciones para su aprobación.
Necesidad de legislación
Ante la falta de regulación de la práctica, el fallo también solicita al Poder Legislativo de Argentina que se regule la situación, por las complicaciones que genera el vacío legal.
Esto lleva a los solicitantes a apelar al artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. No obstante, el tribunal argumenta que, a pesar de esta situación de “alegalidad”, existen límites en los derechos fundamentales en juego, especialmente cuando se trata de la integridad física y psicológica de las personas involucradas.
En este contexto, el tribunal resalta la importancia de proteger a la parte más vulnerable, en este caso, la gestante, y señala que la gestación por sustitución no puede convertirse en una práctica comercial sin salvaguardias y acompañamiento adecuado. Se hace referencia a la necesidad de contar con una regulación específica que aborde las asimetrías y proteja los derechos de todas las partes involucradas.
El fallo que analiza con detalle la situación, da cuenta de las complejidades y dilemas éticos que plantea la gestación por sustitución en ausencia de una regulación clara. La resolución resalta la importancia de encontrar un equilibrio entre los derechos fundamentales y las responsabilidades del Estado para garantizar la integridad física, psicológica y emocional de todas las personas involucradas en este tipo de prácticas de reproducción asistida.
